"Un origen multifactorial" que derivó en "episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales". Es el resumen de una explicación muy esperada --y también reclamada por la Comisión Europea-- sobre las causas del apagón masivo del pasado 28 de abril en la Península Ibérica y con la que el gobierno español apunta a determinadas empresas energéticas que generan el suministro en España, así como al operador público-privado que gestiona la red por la que este se distribuye, Red Eléctrica (REE).
El apagón del 28 de abril comenzó poco después de las 12:30 del mediodía en España y duró hasta casi el final de la tarde. Interrumpió el normal funcionamiento de negocios (no había posibilidades de cobrar con tarjetas ni billeteras virtuales ni anotar cambios de stock, por ejemplo), de los sistemas de transporte, las redes celulares, la conectividad a internet y otras infraestructuras críticas. En solo cinco segundos, España perdió 15 gigavatios de electricidad, lo que representa alrededor del 60% de su suministro. Portugal, cuya red está conectada a la de España, también se vio afectado. Solo los territorios insulares de los países se salvaron. El apagón afectó un área tan extensa que incluso afectó a localidades francesas, que fueron las primeras en recuperar el servicio.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha expuesto este martes las principales conclusiones de un complejo informe técnico elaborado tras 14 reuniones por un comité de análisis, entre otros grupos de trabajo, destinado a determinar las causas del suceso. La vicepresidenta tercera ha señalado dos conclusiones fundamentales del informe, que se hizo público por la tarde: no existieron ciberataques ni en el operador ni en otros niveles --una hipótesis que fue perdiendo fuerza tras el día del suceso-- pero sí se han detectado "vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad que pueden exponer a las redes ante riesgos futuros".
Y es que, 49 días después del apagón, Aagesen ha reconocido que el sistema no cuenta "con la suficiente capacidad de control de la tensión". Este es un punto importante, ya que Red Eléctrica lleva reclamando desde 2021 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) modificaciones de la normativa que regula este aspecto y que REE ya consideraba obsoleta entonces. La CNMC presentó en noviembre de 2024, tres años después de dichas quejas, una propuesta de resolución que aún no ha sido adoptada por el Ejecutivo nacional. La ministra ha prometido durante su comparecencia desde Moncloa acelerar los trámites para instaurarla.
Pero Aagesen también reparte culpas: defiende que Red Eléctrica ejecutó una planificación inadecuada del sistema después de que una de las centrales, cuya empresa matriz permanece en el anonimato, se declarase "indisponible" en la víspera del apagón. "(REE) decide reprogramar, pero no sustituir, las necesidades del parque técnico en las horas centrales del día 28", apunta la antigua secretaria de Estado de Energía bajo la dirección de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
Su sucesora insiste que, tras esa mala planificación provocada por la retirada de una de las centrales, las empresas eléctricas --de nuevo, sus nombres se mantienen en reserva a petición propia-- "no absorbieron toda la (energía) reactiva que se esperaba". La energía reactiva es aquella que ciertos equipos eléctricos necesitan para generar campos magnéticos. Aunque este tipo de energía no se mide como parte del consumo de electricidad útil (kWh), su exceso puede sobrecargar la red eléctrica.
Haciendo equilibrio y exhibiendo una gran capacidad en el reparto de responsabilidades entre los actores involucrados, Aagesen ha reconocido también durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que varias empresas eléctricas llamaron a REE advirtiendo de las variaciones de tensión que ya se estaban detectando. En total fueron hasta tres episodios previos (a las 12:03, 12:16 y 12:19) que pusieron en alerta a los responsables del sistema. Cuando se trató de buscar una solución, como conectar una central extra a la red, ya fue demasiado tarde.
La ministra no ha señalado a ningún responsable directo, asegurando que ya se tomarán medidas a futuro mediante los trámites administrativos y judiciales pertinentes. Un juez de la Audiencia Nacional investiga bajo secreto de sumario el suceso basándose en determinados informes de REE, entre otros organismos. Sin embargo, la tesis original de la causa que manejaba inicialmente el magistrado era un hipotético ciberataque, el cual ya ha quedado completamente descartado.
