La proscripción de Cristina debe mirarse con perspectiva de género, ¿cómo es tu lectura y qué reflexiones hacés en torno a esta persecución política que tuvo tantas violencias machistas (hasta el intento de magnicidio, le dispararon en la cara -“la bala que no salió el fallo que sí saldrá”-) y que culmina de esta manera?
Marisa Herrera: --Esta pregunta se podría sintetizar con dos imágenes bien elocuentes: 1) Cristina en primer plano de espalda -cual gladiadora- y atrás, en segundo plano, todos los varones que intervinieron en el proceso judicial, destacándose adelante los tres integrantes de la Corte o 2) Cristina en una sala de juicio por jurados sentada en el banquillo de los acusados y un estrado integrado en su totalidad por varones en el que los tres “Supremos” están en el medio, en primera fila. En ambas, una mujer fuerte que se le anima a una manada de varones. Y en el centro de ambas imágenes un interrogante clave: ¿Qué hubiera pasado si era varón? ¿Se habría transitado el proceso judicial del modo en que se desarrolló y sentenció si no se trataba de Cristina, en su carácter de mujer política -peronista- más importante del país? Varios/as nos inclinamos por afirmar que no, y otro tanto lo dudaría. Por ende, la cuestión de género está tan presente que constituye otro argumento de peso para aseverar que se está ante un instrumento de proscripción, persecución, sometimiento y violencia política; en vez de un proceso judicial transparente en el que se respetan las garantías constitucionales cuya columna vertebral gira en torno al principio de inocencia. El objetivo desde hace años es sacar -borrar- a CFK de la arena política, por lo que representa y los intereses que defiende en favor de los más vulnerables -el colectivo de mujeres y diversidades incluido- por cualquier medio: 1) antidemocrático como lo fue el intento de magnifemicidio a través de una bala -literal- que no salió o 2) pseudo democrático a través de una bala -figurativa- o sentencia que sí salió. Ambas modalidades contrarias al Estado de Derecho muestran la gravedad y grado de descomposición institucional extrema en la que nos encontramos protagonizado por un Poder Judicial que con este hecho sella su desprestigio.
¿Cuáles son las características de este sistema judicial (“partido judicial” lo llama Cristina) que escucha al poder económico y mediático, y actúa en tiempo récord para terminar con la vida política de una líder política que es mujer, peronista, nacional y popular?
M.H.: --Hace tiempo algunas voces doctrinarias -aún minoritarias- en alianza con organizaciones y referentas sociales venimos exponiendo la necesidad de debatir en serio una profunda reforma judicial feminista. No se trata de proponer modificaciones concentradas en la paridad de género y el acceso a la justicia en los casos de violenciade género. No subestimen el intelecto feminista. Por el contrario, sabemos que una crítica profunda obliga a revisar los propios cimientos sobre cómo se construye este poder estatal que es, de base, el menos democrático y el más deslegitimado. Como muestra de la resistencia por parte del propio Poder Judicial, solo basta con señalar que una de las normas más importantes como lo es la que regula el recurso extraordinario en su carácter de principal herramienta para acceder a la Corte es la ley 48 de 1863, cuando no había luz eléctrica. ¿Cómo es posible que siga vigente una norma de esa época? O cuando se pretendió debatir varias reformas estructurales de la Corte Federal, los ministerios públicos, el Consejo de la Magistratura -entre otros- durante el gobierno de Alberto Fernández lo primero que hicieron los principales medios de comunicación con el respaldo solapado del propio poder judicial y el poder económico, fue quitarle envergadura y desacreditarla al denominarla de manera despectiva “Comisión Beraldi”. ¿Habrán leído -en especial, aquellos juristas que supuestamente también están preocupados por la justicia en clave democrática- la cantidad de propuestas que allí se esgrimían en el que la perspectiva de género tiene fuerte presencia? Sin duda, cualquier intento de repensar el vértice del Poder Judicial genera tirria y temor. No por casualidad el establishment -que hoy está muy bien representado en el gobierno- detesta a los feminismos en general, y muy especialmente, a los feminismos populares. Es que estos vienen a interpelar de manera profunda el corazón o núcleo duro del sistema judicial, sabiendo que la Corte Federal es un lugar estratégico en términos de alcanzar una verdadera emancipación, libertad, autonomía y soberanía en tanto cimientos básicos de una democracia seria.
La casta judicial tiene una mirada sesgada, que ya ni disimula, y en el camino quedan delitos que se les imputan a otros ex presidentes sin juzgar, ¿qué ves en ese sesgo?
M.H.: --¿Qué confiable puede ser la justicia, en especial, para los más vulnerables, si quien es la política más importante del país no logró acceder a un proceso transparente? La “famosa” -lamentablemente- doble vara judicial no solo muestra la persecución que padece en primera persona CFK, sino que reafirma y recrudece un gravísimo conflicto colectivo como es la debacle institucional en la cual está subsumido el Poder Judicial de la Nación y otros órganos directamente vinculados como el Consejo de la Magistratura de la Nación hace tantísimos años. Desde siempre se habló de la “selectividad del sistema judicial” esto es, ni más ni menos, que referirse a la doble vara y los sesgos que están detrás. Precisamente, en el ámbito del derecho penal se alude a los delitos de guante blanco, los cuales quedarían impunes cuando se trata de empresarios -por lo general, varones apañados por varones (y esto en la justicia penal federal es aún más escandaloso) y no aplicaría cuando se trata de políticos con una determinada línea ideológica y mucho menos si se trata de una política mujer que nunca se doblegó ni arrodilló ante el poder real. Casta, selectividad, sesgos, doble vara, todos términos que demuestran, no por casualidad y como bien sostienen algunas voces, que la reforma del Poder Judicial es una de las principales deudas de la democracia.