La provincia de Buenos Aires puso la lupa sobre los camiones que llevan exceso de carga y que, además de generar perjuicios económicos relacionados con la evasión impositiva, impactan de lleno sobre el estado de las rutas, abriendo un abanico de problemas de seguridad vial.

En el primer semestre del año, la provincia reforzó los controles viales a través del Ministerio de Transporte para reducir los márgenes siniestralidad. No sólo apuntan a las cargas, sino que también se intensificaron los operativos de alcoholemia y de fiscalización de unidades del transporte público.

“Estamos trabajando fuertemente en el territorio, con controles en rutas, accesos y zonas urbanas, porque entendemos que la prevención es clave para salvar vidas", explicó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

Se trata de operativos que los intendentes suelen pedir con insistencia, dado que con el asfalto en malas condiciones producto del impacto de camiones sobrecargados, les llegan a ellos.

En lo que va del 2025, ya se retiraron de circulación 1.200.500 kilos de carga ilegal que excedían los límites permitidos, según los datos que brindó la cartera bonaerense.

Uno de los últimos operativos que se desarrolló fue este martes en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. “El trabajo que realizan las y los agentes es fundamental para eliminar de nuestros corredores viales a los camiones con exceso de peso”, sostuvo Marinucci.

El argumento que destacan desde la Provincia es que un camión que carga más de los valores legales permitidos representa “un grave riesgo” para la seguridad vial, porque no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes. “Es un peligro innecesario para nuestros ciudadanos”, aseguran.

Entre las cargas más recurrentes, en los operativos se hallaron materiales como arena, arcilla, fresado, hormigón, tierra y tosca.

La mayor parte del exceso se descubrió en operativos en el Camino del Buen Ayre, Peaje Dock Sud y Ruta 6, mientras que también se hallaron en Ruta 13, 30, 36, 74, 80 y 215, entre otras trazas.

Algunas semanas atrás, la Provincia lanzó el Sistema Integrado de Control de Cargas, que contempla el uso de balanzas dinámicas para tener un mejor seguimiento de toda la logística, el flujo y las prioridades de inversión en las rutas.

Esto implica que, hasta 2027 y por etapas, más de 20 corredores provinciales contarán con 40 nuevos sitios con balanzas dinámicas para el control de pesos y cargas, con una inversión estimada de 13.391 millones de pesos.

En lo que queda del año se contempla la instalación de 14 de esas balanzas y otras 20 en los próximos dos años. Actualmente, hay tres en funcionamiento y otras tres que están en proceso de rehabilitación.

Según explicó el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en la presentación del sistema, la priorización en la ubicación de las balanzas de control responde a tres criterios: a los factores productivos regionales; a oportunidades logísticas a potenciar según la planificación estratégica territorial y a cuestiones administrativas, como los contratos ya existentes para la instalación de estos dispositivos.

Una de las demandas más fuertes del gobierno bonaerense al nacional tiene que ver con la parálisis de la obra pública, especialmente por la falta de reparaciones sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Por eso, la idea de la administración bonaerense es evitar el mayor deterioro posible sobre las calzadas que sostienen las arcas de la jurisdicción.

Hace unos meses, el ministro Katopodis y una veintena de intendentes presentaron una demanda ante la Justicia Federal para que se reactiven las obras. Desde la cartera de Infraestructura focalizaron en el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, por ley, debe ser destinado en buena parte al trabajo sobre las rutas nacionales, una tarea crucial para la logística del campo y la industria nacional

En el análisis que comparten funcionarios e intendentes, desde que asumió Javier Milei y con el aumento a ese tributo a los combustibles, las naftas subieron más del 250 por ciento, que llevó al Gobierno nacional a recaudar más de 2,5 billones de pesos en 2024, casi 4 veces más que en 2023.

Como reza la ley, la Nación está obligada a destinar el 28,58 por ciento de esa recaudación al “Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”, y el 50 por ciento de ese fondo debe llegar a Vialidad Nacional para obras viales. Así, mientras se debían transferir 349,13 mil millones a Vialidad, solo se destinaron 149 mil millones de pesos.