El gobierno municipal de la localidad rionegrina de Sierra Grande realizó una consulta popular, no vinculante, para instalar una central nuclear en el distrito, pese a que existe una ley provincial que prohíbe la instalación de plantas nucleares en Río Negro, votada en septiembre pasado, y una ordenanza local en el mismo sentido. Sólo el 24 por ciento del padrón participó de la consulta, y el 84 por ciento dio su aprobación a la iniciativa. Uno de los referentes del movimiento antinuclear patagónico, Pablo Lada, dijo a PáginaI12 que “el movimiento que se generó en la provincia llamó a la ciudadanía a no participar de esta convocatoria irregular, cuando la ley ya fue sancionada y buscando una licencia social para ir por su derogación. Aunque intentan presentarlo como un triunfo, lo cierto es que el 76 por ciento de los ciudadanos no fue a votar”.

La votación se llevó adelante en dos escuelas, con la participación de 1671 personas, de un padrón de 6.787, y la iniciativa recibió 1.419 votos a favor, 251 en contra y hubo un voto en blanco.

El intendente local, Nelson Iribarren, sostuvo tras la consulta que “la legislación prohíbe la instalación de centrales nucleares en la provincia, pero vamos a trabajar desde esta semana para modificar, esta legislación y avanzar en 2020 con el inicio de las obras”. “La idea es no claudicar en lo que venimos trabajando hace tiempo, seguimos insistiendo en que el debate hay que abrirlo, para saber que existe licencia social”, sostuvo el funcionario.

Para avanzar en esa dirección, el abogado del municipio, Carlos Dvorzak, adelantó que trabaja en un planteo de inconstitucionalidad de la ley antinuclear provincial. “La acción tiene como meta la derogación, no es una nulidad”, sostuvo. 

En tanto, el movimiento de los Vecinos Autoconvocados/as de Sierra Grande y Playas Doradas desestimaron la votación y solicitaron a los funcionarios que “vuelquen todas las energías para bregar por el bienestar de todos los ciudadanos y den por finalizada las intenciones de instalar la quinta Usina Nuclear en la zona”. 

En diálogo con este diario, el activista del Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR) Gustavo Cifuentes dijo que “desde el comienzo la convocatoria fue irregular ya que las mesas se conformaron con personas que adherían al sí, y eso fue denunciado por el vicepresidente del Tribunal Electoral. Además, nos opusimos porque se estaba gastando 250.000 pesos del erario en una consulta extemporánea, cuando hace poco se votó una ley provincial y existe una ordenanza local que prohíben la instalación”, dijo el asambleísta.

Para Cifuentes la movida del municipio “tiene que ver con un capricho del intendente que no ha podido resolver una problemática que viene de cuando cerró la empresa minera china MCC –en enero de este año– que dejó 600 familias sin trabajo y dejó en Sierra Grande un alto nivel de desocupación. Tienen que resolver esto de alguna manera, vieron en esto una oportunidad”.

Además, el referente antinuclear sostuvo que “el problema de fondo es la matriz productiva de la región, porque tenemos a unos 120 kilómetros una costa que se está posicionando como sector turístico, y si quieren instalar  una planta, toda la región debería haber participado de la consulta. El resultado no es muy legítimo, es sólo un papel para pelear en la Casa Rosada la posibilidad de instalar la central acá”.

El Mar se conformó después de las grandes movilización en Viedma (en agosto y septiembre), que rechazaron la instalación en esa localidad de la planta nuclear china anunciada a principios de año por el gobernador, Alberto Weretilneck, y el presidente Mauricio Macri tras una gira por China. El mandatario había anunciado que la construcción comenzaría en el año 2020 y tendría una inversión cercana a los 8 mil millones de dólares.

Sin embargo, tras las críticas de las organizaciones ambientalistas y de los vecinos autoconvocados Weretilneck desechó la idea de la instalación en la capital provincial, y el proyecto quedó sin definición, hasta que pasó a Sierra Grande. 

Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH), explicó que “hubo mucha movilización social tras los anuncios, y se juntaron más de 23 mil firmas para que salga la ley que le torció el brazo al gobernador y prohibió la actividad nuclear en la provincia. Ahora, el senador (Miguel Ángel) Pichetto del Bloque Justicialista, quien participó del desguace de Hipasam (la estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima) cuando era menemista en los 90 y el intendente Iribarren pergeñaron esta idea de llamar a la consulta para después ir por la ley provincial. Una maniobra que comenzó con un llamado a la consulta con menos de 30 días, sin tiempo para debatir y tratando de hacerla obligatoria y vinculante, algo que no ocurrió porque la Legislatura no lo avaló. Fue una consulta amañada, pero la población ya opinó a través de las más de 23.000 firmas, y eso se reflejó en una ley”, sentenció Lada.