A casi dos meses del comienzo del conflicto, la situación en la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría parece lejos de resolverse y calmarse con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para el 11 de julio. Las tensiones se profundizan en un escenario marcado por despidos, denuncias de incumplimientos legales y acusaciones de avanzar con una reforma laboral encubierta, según sostienen los trabajadores.
El detonante fue el anuncio, el 9 de mayo, de una reducción de personal que incluía diez cesantías. La medida se ejecutó parcialmente el 26 de mayo con seis despidos, lo que desató un paro por tiempo indeterminado encabezado por la Comisión Interna del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). La situación se agravó cuando, en medio de la protesta, la empresa despidió a otros cuatro operarios el 17 de junio. Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria.
Sin embargo, la tensión no disminuyó. Según denuncian los trabajadores, la empresa continúa sin permitir el ingreso de los despedidos, lo que representa una violación directa a la orden oficial. El delegado Luciano Greco así lo expresa a Buenos Aires/12: “La empresa no acata la conciliación obligatoria desde el 18 de junio. No deja ingresar a los despedidos y no restituye la dotación de personal, que es lo que ordenó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”.
Lejos de buscar una salida, la empresa, parte del Grupo Pérez Companc, propuso una rebaja salarial que los trabajadores rechazan de plano, según Greco. “Quieren que firmemos una rebaja salarial”, afirmó Greco en declaraciones esta mañana a Radio Ecomedios. “Van por todas conquistas salariales que conseguimos en estos años”, agregó.
La situación se enmarca en un contexto más amplio. Greco sostiene que Molinos está aplicando un experimento de la reforma laboral y sindical que impulsa el gobierno nacional de Milei. Según sus palabras: “Es una prueba piloto de lo que está pasando a nivel nacional, en donde ellos de hecho te quieren aplicar la segunda reforma laboral y reforma sindical, porque quieren de hecho derogar la convención colectiva de los derechos que tenemos conquistado adentro, para también avanzar por el sindicato y por los delegados adentro de la fábrica”.
En paralelo, el 7 de julio vence la conciliación obligatoria. Los trabajadores insisten en que la empresa “nunca la respetó” y que incluso intensificó las presiones. “La empresa siguió impunemente llamando a los compañeros en forma individual y en forma grupal”, dice Greco y añade: “En forma individual diciéndoles que los iba a despedir y que ahora podían arreglar por más plata en todo caso, y grupalmente también diciéndoles que ellos iban a avanzar por la reducción salarial... Lo que te dice la empresa es que si no se lo entregas lo salarial directamente te lo va a sacar”.
El trasfondo económico del conflicto es insoslayable. Molinos Río de la Plata es propiedad del grupo Pérez Companc, una de las familias más ricas de Argentina, con una fortuna que supera los 4 mil millones de dólares. Aunque en el último trimestre sus ganancias cayeron, declarando 191 millones de pesos, los trabajadores denuncian que la empresa busca trasladar el ajuste al personal.
“Nos extorsionan diciendo que, si no, tendrían que cerrar la empresa y Pérez Companc es una de las familias más ricas del país”, sostiene Greco y habla de los riesgos de avanzar con la flexibilización laboral sin garantías mínimas: “Eso, además de los despidos, afecta la seguridad, la salud y la higiene en el empleo porque aumenta los ritmos de producción y existe una ley que regula eso”.
El conflicto, además, no es aislado en el sector de la alimentación bonaerense. En Georgalos, la empresa despidió a cinco trabajadores acusándolos de sabotaje. Los despedidos permanecen frente a la planta y sostienen que se trata de un ataque al derecho de huelga. “La avanzada contra nosotros está siendo muy grande y es un fiel reflejo de lo que se viene para todos”, advierte Greco. Este lunes venció la conciliación obligatoria y el panorama no cambió.
Con una reunión previa con la empresa para el 7 de julio y otra reunión con la empresa antes de esa fecha, los trabajadores se mantienen en alerta. El conflicto en Molino Río de la Plata se convirtió otra señal de advertencia para todo el sector alimenticio, y para los trabajadores que esperan recuperar sus puestos de trabajo.
