El primer semestre del año, el observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de la organización Mumalá registró 19 muertes violentas, entre femicidios, femicidios vinculados y mujeres asesinadas en contextos de crimen organizado, en Santa Fe. De ese total, la mayoría son femicidios íntimos; mientras que hay 5 casos vinculados al contexto de economías delictivas. Un dato, también alarmante, es que en el mismo período contabilizaron 37 intentos de femicidio en la bota. En todo el país, alertaron que ya hubo 128 casos, es decir, un femicidio cada 34 horas. Reiteran el pedido de declaración de emergencia nacional en violencia de género, y apuntan a la necesidad de que los gobiernos provinciales y municipales "deben reemplazar las políticas eliminadas por el gobierno nacional".

"El ajuste en políticas de género es una condena a muerte", aseguraron las Mumalá al dar a conocer el último informe sobre femicidios, femicidios vinculados, trans/travesticidios y otras muertes violentas de mujeres y disidencias, con cifras "alarmantes" desde dan cuenta del panorama en materia de violencias machistas entre el 1 de enero al 30 de junio.

Según detallaron sobre los datos de la provincia de Santa Fe, registraron 8 femicidios íntimos (2 son vinculados varón); 5 feminicidios, "hechos cometidos en contextos de economías delictivas"; otras 5 muertes violentas que están aún en investigación y un caso que fue calificado como suicidio feminicida.

Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, habló de "variables que preocupan y que tiene que ver con el impacto que va teniendo en la vida de las mujeres y diversidades sexuales la falta de políticas públicas para la prevención y asistencia en relación a la violencia machista. Venimos haciendo seguimiento de una variable particular que son las denuncias previas que las víctimas habían realizado contra los agresores y es un número que viene en descenso. En este semestre del año, tenemos que sobre el total de víctimas asesinadas por razones de género, solo el 13 por ciento denunció previamene al femicida. Esto quiere decir que hay un alejamiento de las mujeres a las instituciones estatales que deben generar medidas de protección y asistencia".

Para Sosa, esa situación "tiene una relación directa con discursos que niegan la existencia de la violencia machista, que recortan derechos y programas, que justamente tenían como fin la sensibilización y visibilización respecto al tema". 

Y detalló: "Desde finales del año pasado hasta lo que podemos ver en estos informes, descendió la denuncia previa de víctimas a agresores. Le encontramos una relación directa con la eliminación de los programas que deben asistir y prevenir la violencia de género, el negacionismo de esa violencia por parte del gobierno nacional y la promoción que hacen los voceros de la jerarquía más importante del Ejecutivo en relación a los discursos de odio".

Así, consideró que son "las primeras manifestaciones que comienzan a mostrarse a partir de la eliminación de las políticas públicas destinadas a mujeres e identidades LGTBIQ+. Consideramos que las violencias se van a profundizar, por eso la segunda gran reflexión que creemos necesaria es que los gobiernos provinciales y municipales deben reemplazar las políticas eliminadas por el gobierno nacional. Tienen que asumir que si no quieren más casos en su territorio, si toman la responsabilidad seriamente de abordar la problemática de las mujeres en sus provincias, tienen que reemplazar política de asistencia económica, de sensibilización, para evitar la naturalización de la violencia machista, recursos para fortalecer equipos territoriales, para campañas de difusión sobre lugares que atienden estos casos y acompañan a las víctimas", planteó.

En la misma línea, Victoria Aguirre vocera nacional de Mumalá, planteó, a la par del informe, que "los recortes impactan en los recursos institucionales para el acceso a la justicia".