El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, está desde ayer en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica, según resolvió la justicia federal, en el marco de tres carpetas judiciales en las que se investiga corrupción, extorsión, prevaricato e incumplimiento en los deberes de funcionario público. Es que el lunes, el presidente Javier Milei, le aceptó su renuncia al cargo que el magistrado había presentado el 10 de junio pasado. El decreto presidencial está fechado el 25 de Junio, cuatro días antes del acto electoral santafesino, pero recién ayer fue oficializado, lo que disparó las especulaciones políticas. Entre las primeras voces que se alzaron tras la decisión oficial se cuenta la de la diputada provincial socialista Lionella Cattalini sobre el juez Bailaque: “La verdad es que creo que hay mucha indignación. Un presidente de la Nación que dijo que iba a combatir la casta y lo que hace es convalidar cualquier actitud de casta y de privilegio”, disparó. La decisión del Gobierno interrumpe el proceso de destitución del magistrado que llevaba adelante el Consejo de la Magistratura y le permite acceder a una “jubilación de privilegio”. Sin embargo el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Álvaro González, aseguró que el Poder Ejecutivo “tomó la mejor decisión”. “Frente a esta situación y a la contundencia de las acusaciones, el juez optó por renunciar y creo que la decisión del Poder Ejecutivo es buena”. Desde el Ministerio de Justicia no descartan avanzar más allá de la aceptación de la renuncia. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anticipó que si el proceso penal culmina con una condena, el Gobierno pedirá la aplicación de la inhabilitación absoluta. En ese caso, Bailaque podría perder su jubilación de privilegio, según lo previsto en el artículo 19 del Código Penal.
Bailaque cumplirá en su domicilio la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz, durante 90 días, luego que en mayo pasado los integrantes de la Cámara de Apelaciones Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieran esa medida al analizar que no había peligro de fuga.
El magistrado federal fue acusado en mayo pasado en tres causas por delitos como prevaricato, incumplimiento de los deberes y extorsión, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Un juez de Garantías le dictó la prisión preventiva domiciliaria por 90 días, pero por su condición de magistrado con fueros, la medida quedó en suspenso. Con su renuncia se interrumpe el proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura, y puede acceder al beneficio previsional como juez.
“Después de las elecciones, un día después, aceptando la renuncia a un juez que tendría que haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo, y lo que hace es que ahora se vaya tranquilo a su casa a cobrar una jubilación de privilegio”, criticó Cattalini.
Cattalini dijo que “lo que tiene que pasar es que tiene que continuar el juicio. Bailaque tiene que ir a juicio, tiene que ser condenado. Pero creo que el Consejo de la Magistratura, como institución política, debería dar explicaciones de por qué sostuvo tanto tiempo a un juez corrupto que tiene graves acusaciones de corrupción, con pruebas, con una imputación ratificada y con una presión preventiva dictada, y no lo destituyó cuando tendría que haberlo hecho”.
En esa línea, la legisladora provincial sostuvo que el que da el presidente al aceptar la renuncia del juez y permitirle gozar de una jubilación “es un muy mal mensaje a la sociedad que hoy no confía en la Justicia, y a la que le seguimos dando motivos para que deje de hacerlo”.
Además, señaló que “hay que hacer una profunda autocrítica del sistema de justicia y desde el presidente de la Nación para abajo”. Recordó que “este presidente propuso, por ejemplo, jueces de la Corte como Ariel Lijo, un juez corrupto que tampoco nunca fue sancionado por el Consejo de la Magistratura, sino que permite que este juez (por Bailaque), que tendría que haber sido destituido, no lo sea, tenga impunidad y que además cobre una jubilación de privilegio”.
Para Cattalini, “la verdad es que no fueron contra la casta”, el eslogan con el que Milei ganó las elecciones. “Me gustaría escuchar ahora que dice (la diputada nacional santafesina de La Libertad Avanza) Romina Diez, que dice (el concejal electo) Juan Pedro Aleart, que son parte de un Gobierno que promueve este tipo de actos, que promueve que ellos mismos no sean investigados y que facilita el accionar de jueces que miraron para otro lado en causas muy importantes para Rosario, como fueron la de (el narco condenado) Esteban Alvarado y tantos otros vinculados al narcotráfico, y hoy pareciera que los estamos premiando en vez de destituirlos”.
Por su parte los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito este martes a la mañana ante el juez Rodrígues Da Cruz en el que le piden que convoque a una audiencia “de forma urgente” para analizar las especificidades relacionadas con la modalidad de detención del exmagistrado. Lo que se busca establecer es cómo se va a controlar la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, y se determine “el lugar concreto de cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad, las reglas y pautas de conducta”.
A su vez, los abogados defensores de Bailaque Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo presentaron un escrito en el que advirtieron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva.
Cabe destacar que el proceso en el Consejo de la Magistratura iba a terminar con el apartamiento de Bailaque, pero había un problema con la conformación del tribunal, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no nominara a los dos senadores que deberían integrar ese cuerpo que sanciona a los funcionarios judiciales. Esos dos legisladores deberían ser del bloque peronista, según publicó ayer el diario La Nación.
Bailaque tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y tres años más tarde fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.
Sin embargo la decisión presidencial fue leída en forma diametralmente opuesta por el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Alvaro González, aseguró que el Poder Ejecutivo “tomó la mejor decisión”. “Frente a esta situación y a la contundencia de las acusaciones, el juez optó por renunciar y creo que la decisión del Poder Ejecutivo es buena”, señaló. “Bailaque -amplió el consejero González- había sido sometido a un largo proceso en el Consejo a la Magistratura, que nos tocó elaborar un informe en la Comisión de Acusación, que tuvo su resolución con un pedido de suspensión de juez y la apertura de un jury”.
“A partir de hoy, el juez Bailaque no es más juez y eso conlleva que tiene que cumplir con la detención que le fue dictada oportunamente en una de las causas penales que tiene abierta”, sostuvo respecto al futuro del ahora ex magistrado.
Para González, instructor de las denuncias contra Bailaque en el Consejo, la renuncia “es un sano paso que la Justicia da para que todos aquellos que tengan conductas que no sean acordes con el decoro y la dignidad que tiene que tener un juez, no estén en sus cargos”.
La renuncia de Bailaque fue confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que la medida fue tomada por el presidente Javier Milei como parte de una política para “limpiar la Justicia de elementos corruptos”.
La decisión habilita nuevas acciones judiciales. Según indicó Cúneo Libarona, al quedar formalmente fuera del Poder Judicial, el ex magistrado pierde sus fueros, lo que permite ejecutar la prisión preventiva que ya había sido ordenada por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario y ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Desde el Ministerio de Justicia no descartan avanzar más allá de la aceptación de la renuncia. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, afirmó que “no hay intocables. Nuestro compromiso con la restauración moral y ética de la República es total”, afirmó Amerio. Y agregó: “Estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”.
