Un acto de fe. Una vocación. Un camino a una vida dedicada a difundir la palabra de un dios al que seguramente, esos niños aspirantes a curas, más de una vez, le habrán reprochado la atrocidad.

Cuerpos entregados al banquete como plato fuerte, por las noches, al sacerdote Justo José Ilarraz. El cura se sirvió a destajo y sin tapujos de la carne de niños que soñaban con ser discípulos del dios que le enseñaron a adorar.

“En un pabellón de 30 o 40 chicos, se escuchaba un gurí llorar. Con el tiempo nos dimos cuenta de que éramos muchos los niños abusados”, cuenta Fabián Schunk, una de las víctimas que denunciaron al cura en 2012 ante la justicia.

En promedio, las víctimas de abuso sexual eclasiástico tardan en hablar 33 años. No es una ironía, es, también, la edad de Cristo. Pero en esta historia, los chicos trascendieron la barrera del silencio y denunciaron ante un tribunal eclasiástico esperando que la justicia canónica los abrace, los sostenga y destierre de la casa de dios a quien ejercía sobre ellos la peor de las torturas.

Un traslado resolvió el tema, como si los cuerpos rotos de los pibes fuesen un detalle menor. Un asunto contravencional. Un trámite sencillo. Una nimiedad sin demasiada importancia que debían ocultar. El destino del abusador fue Roma, con la excusa de ampliar sus estudios.

¿Quiénes se arrogan el poder de una justicia divina? ¿Con cuánta sangre, llanto y restos de su propio semen regresan a sus aposentos a persignarse y dormir? Hablar de un caso sin abordar lo sistémico del abuso de poder con el abuso sexual como el brazo armado más eficaz y a la mano sería tan infame como lo es una institución.

Las más de 50 denuncias reunidas por asociaciones y las denuncias que se formalizaron en la justicia penal entrerriana motivaron a la misma a condenar a Ilarraz, Prefecto de Disciplina en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo”, a 25 años de prisión por CORRUPCIÓN DE MENORES Y ABUSO SEXUAL.

En 2024 el fallecido Papa Francisco expulsó de la Iglesia católica a Ilarraz.

Negar el derrotero de denuncias que luchan mano a mano en un campo desigual con la prescripción avalada por la Corte Suprema de Justicia de Nación sería, a esta altura del partido, una falta gravísima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla del abuso sexual como tortura.

Tortura sexual como control, ejercicio y abuso de poder.

El Superior Tribunal de Entre Ríos argumentó que la gravedad de los hechos y el derecho internacional (Convención internacional sobre los Derechos de niños niñas y adolescentes) obligaban a garantizar tutela judicial efectiva a las víctimas. Dictamen acompañado por la Procuración General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó, finalmente, la condena impuesta y absolvió al cura Ilarraz.

“De la lectura de los argumentos, surge que el fundamento de la decisión se afincaría en la vigencia imperativa del principio de legalidad penal por el cual ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso  (art. 18 de la Constitución Nacional)” explica Gabriel Vitale, Profesor titular de Infancia, familia y cuestión penal (UNLP), investigador categorizado, coautor de Medusa. Víctimas, familiares y activistas contra el abuso sexual en las infancias, Juez de Garantías Lomas de Zamora.

¿Por qué una Corte defectuosa, pobre y con una falta clara en perspectiva de género en su composición, se atreve a tanto? ¿Cuánto influye el clima de época, ese desgaste adrede de conceptos fundamentales como el derecho superior de niños niñas y adolescentes? ¿Qué poder superior los gobierna? ¿Quién es el titiritero de un tribunal, que se vale de la posibilidad de desestimar los tratados internacionales para hacer caso omiso a la gravísima violación de los derechos humanos y así favorecer a un violador serial en nombre del dios que seguramente ellos veneran?

Surge así una pregunta recurrente: ¿Los integrantes del poder judicial serán padres, abuelos? ¿Alzarán a sus nietos y les desearán, como hacemos les del llano, una vida libre de violencias? ¿Hay una disociación entre ese hombre padre-abuelo y ese hombre marioneta, después de condenar al sinsabor de la injusticia a niños, hoy adultos víctimas de abuso sexual, con todas las particularidades de este caso, ya expuestas?

Frente al dolor físico y emocional de un niño, frente a la demolición de un sueño o sentido de vida de un adolescente, no hay margen para aplicar el atajo que favorece al delincuente, esté disfrazado con la sotana que más le plazca.

¿Qué nos queda por hacer? ¿Hay alguna herramienta que ablande los bordes de la herida?

“La extinción de la acción penal no debe cancelar los derechos insatisfechos de las víctimas - ahora adultas- de delitos de abuso sexual contra la infancia. Entonces, desde la perspectiva de varios referentes en materia de Derechos Humanos, infancia y adolescencia, la cuestión trasciende el ámbito penal y el sobreseimiento del imputado, cuando dichos institutos dejan desamparados los derechos de las víctimas” amplía Vitale.

La respuesta es una palabra con dimensiones mucho más amplias que la frazada corta de la ley: VERDAD.

“Aún declarada la prescipción, subsiste el derecho a la realización de un JUICIO POR LA VERDAD, si las víctimas entienden que lo actuado por la justicia no satisface las garantías constitucionales y convencionales que salvaguardan los derechos fundamentales de sus niñeces”, concluye Vitale.

Tal vez sea hora de tomar juramento sobre los nombres de las infancias ultrajadas, torturadas, arrancadas, para que ese mandamiento que brilla por su ausencia en la biblia sea mucho más que una cuestión de fe.