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La Autoridad del Agua (ADA) --ente de aplicación dependiente del Ministerio de Ambiente de Provincia de Buenos Aires-- ordenó la clausura total preventiva del predio de la empresa de agroquímicos Atanor, ubicado sobre la orilla del Río Paraná en la localidad San Nicolás. El ente consideró que se violaron de forma grave las normas ambientales vigentes. Sin embargo, para eludir la clausura, informaron de una relocalización productiva.
Como la empresa tiene un historial de causas ambientales en su contra y un fallo de 2023 donde se la condenó por contaminación irreversible al Río Paraná, la ADA realizó en junio una inspección de rutina y encontraron un vuelco clandestino de efluentes: habían puesto dentro de una cámara, una bomba de achique no declarada que trasladaba efluentes dentro del predio de la empresa.
Agua contaminada
Atanor realizó un informe sobre ese derrame en su propio laboratorio, donde decía que el agua no estaba contaminada, sino que era estancada de lluvias de varios meses. Sin embargo, este miércoles la ADA publicó sus resultados de las muestras que tomó: detectaron niveles elevados de glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial como el clorpirifos, entre otros herbicidas de uso agrícola.
Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino únicamente para efluentes cloacales. La Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) y GreenPeace denunciaron que varias de las sustancias detectadas se encuentran por encima de los parámetros legales de la resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051.
“El vuelco clandestino que protagonizó Atanor no fue un incidente menor y excepcional: fue una acción deliberada para desviar efluentes industriales contaminantes a través de un sistema que no estaba autorizado. Intentan justificarlo como si fuera agua de lluvia, pero los análisis demostraron que contenía metales pesados, herbicidas y fenoles. Esto es desobediencia judicial, es contaminación, y debe tener consecuencias penales y administrativas claras. No puede haber más impunidad para esta empresa”, señaló Fabián Maggi, abogado representante de vecinos de San Nicolás.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó en diálogo con Página/12 que tras este informe de la ADA --donde encontraron "un montón de herbicidas que tenía prohibido producir una empresa"--, el ente ordenó su clausura. En la audiencia programada para este viernes --entre la empresa, ADA, la jueza que lleva la causa y las organizaciones civiles--, se iba a tratar de "buscar una respuesta a esta clausura, ver de cuánto tiempo iba a hacer". Pero la empresa anunció el jueves que va a relocalizar la planta.
Relocalización de escape
Para Rossi Serra esto no es una victoria: "Primero es llevar el problema a otro lado porque lo que están diciendo es que van a relocalizar la actividad productiva. O sea, todo lo que ellos generen de agroquímicos lo van a trasladar a la planta de Pilar, o la de Córdoba. Van a producir lo que producían en San Nicolás en otras plantas, entonces lo único que están haciendo es mover el problema hacia hacia otra localidad. Pero además, no es que cierra esta planta; lo que hace es transformarse en un centro de redistribución". Así, la empresa haría acopio de los químicos producidos --compuestos peligrosos-- y los redistribuirían hacia todo el país.
"Hay que hablar de los pasivos ambientales --daños o alteraciones negativas en el ambiente causadas por actividades humanas-- que deja la empresa una vez que se va, que no proponen cómo hacer una remediación de esos pasivos", agregó Rossi Serra. La ambientalista recordó el daño irreversible al Río Paraná y las denuncias de los vecinos residentes en el barrio cercano a la empresa: "tiene una alta tasa de enfermedades, entre ellas cáncer".
En esta línea, la especialista en biodiversidad sostuvo que si no se propone una solución ambiental, "va a seguir estando el impacto en los vecinos y, sobre todo, en los ecosistemas circundantes". Sin el cierre total ni la garantía del fin del riesgo ambiental, la localidad va a seguir siendo "un sitio contaminado con residuos industriales y sustancias tóxicas", detalló.
El abogado Maggi contextualizó: "La relocalización de la planta figuraba como uno de los reclamos centrales en nuestra demanda judicial, que aún estaba en análisis y pendiente de resolución. Ahora la empresa anuncia su traslado, acorralada y con la necesidad de correr el foco de atención para no hablar del grave hecho de contaminación. Sin embargo, antes debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental que generó en la región. Además, no vamos a aceptar que en ese lugar se instale un polo logístico de agrotóxicos como anunciaron, dado que es criminal acopiar esas sustancias junto a un barrio densamente poblado y frente a una escuela. Seguiremos con las acciones judiciales para evitarlo".
Informe: Natalia Rótolo.
