A todo ritmo, el oficialismo apura el tratamiento de sus proyectos legislativos para aprobarlos entre Navidad y Año Nuevo. El Senado tendrá su última sesión el miércoles 27 de diciembre, cuando Cambiemos planea convertir en ley la reforma tributaria y el Presupuesto Nacional. En el camino quedó la reforma laboral, que en un primer momento había logrado el aval del triunvirato de la CGT pero que se fue complicando por las resistencias internas que generó en los gremios más combativos. En este contexto, el flamante titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el macrista Esteban Bullrich, adelantó ayer que apostarán a sancionarla el año próximo. Además, la Cámara alta aprobaría en esa última sesión la creación de una comisión bicameral para investigar la situación del submarino ARA San Juan.

Este fin de año legislativo se convirtió en un trabajo complejo de ingeniería política. El Gobierno había anunciado su ambicioso paquete de reformas poco antes del recambio de senadores y diputados tras las elecciones de octubre. Empezó en la cámara más amigable, el Senado, con la reforma previsional, el Consenso Fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal, las tres iniciativas negociadas directamente con los gobernadores peronistas. La firma de un acuerdo con 23 de los 24 mandatarios provinciales (salvo el puntano Alberto Rodríguez Saá) le dio respaldo político para avanzar casi sin dificultades en la Cámara Alta, donde hasta el 10 de diciembre no había asumido la ex presidenta Cristian Fernández de Kirchner. 

Sin embargo, cuando la reforma previsional ingresó a Diputados el acuerdo con los gobernadores comenzó a resquebrajarse. Las multitudinarias movilizaciones contra el ajuste, sumadas a las decenas de heridos en las distintas acciones represivas, motivaron una nueva ronda de negociación, que no tuvo el mismo éxito que la primera, pero le alcanzó al macrismo para sacar finalmente el recorte de entre 70 mil y 100 mil millones de pesos destinados a jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). A cambio, Macri redobló la presión sobre los gobernadores y ofreció un bono compensatorio, por única vez, que implica un gasto de 4 mil millones de pesos. Lo hizo por decreto, que firmó el martes, para evitar que una modificación en el articulado hiciera volver el tema al Senado y demorara la sanción.

Aquel triunfo tuvo consecuencias políticas en el Congreso y en la CGT. La crisis interna en la central obrera terminó de sepultar los deseos del Gobierno de avanzar con la reforma laboral, que bajo el pretexto de beneficiar el blanqueo de trabajadores, comprendía una serie de retrocesos en favor de los empresarios. Ya en su momento, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, había advertido que tenía que lograr mayor consenso con los líderes gremiales si quería conseguir el acompañamiento de su bancada. Incluso los propios senadores de Cambiemos advirtieron en los últimos días de noviembre que no había margen político para avanzar. 

En este escenario, el oficialismo avanzó ayer con la reforma tributaria. Constituyó la Comisión de Presupuesto y consiguió emitir dictamen con el apoyo de Pichetto y su bloque de senadores. Lo hizo en un trámite express, con una breve presencia del ministro Nicolás Dujovne. Respondió apenas un puñado de preguntas. En el encuentro no estuvo la ex presidenta Cristina Fernández y el titular del bloque del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, intervino brevemente para anunciar que presentarían un dictamen de rechazo. 

Con la firma del dictamen ayer el oficialismo conseguirá los siete días de plazo necesarios para poder llevar el tema al recinto. En cambio, el Presupuesto, que hoy se aprobaría en Diputados, recién será debatido en comisión el próximo martes. Ese proyecto sí deberá tratarse sobre tablas, para lo cual el oficialismo necesita juntar dos tercios de los senadores.