Santa Fe se plantó ayer en la Corte Suprema y rechazó la propuesta del gobierno nacional para saldar la deuda previsional que mantiene con esta provincia por la suspensión de los envíos de fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones no transferida al régimen federal. 

Sucedió durante una nueva audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal, y donde el equipo técnico de Nación, encabezado por directivos de Ansés, propuso primero pagos de 2 mil millones de pesos mensuales, durante 6 meses. Los enviados de la Casa Gris rechazaron de plano tal oferta. Entonces, el gobierno elevó la cifra y ofreció 5 mil millones de pesos en cada entrega, algo similar al ofrecimiento realizado a la provincia de Córdoba, que el gobernador Martín Llaryora sí aceptó.

"Le dijimos que no. Entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina", explicó Maximiliano Pullaro sobre el fundamento del rechazo.

"Que Nación pague lo que tiene que pagar. Nosotros no vamos a resignar un sólo centavo de la provincia de Santa Fe", enfatizó.

La audiencia fue la continuidad de la mediación que procura la Corte para que las partes encuentren un acuerdo de término medio. A fines de junio, Pullaro había acudido al intento anterior de conciliación, acompañado de sus predecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, como gesto de respaldo político homogéneo de la provincia ante el Estado nacional.

El reclamo, en esos días, se estimaba en el orden de $1,3 billón. Ayer el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, lo estiró a $1,8 billones. "Propusieron empezar a recomponer con 2.000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi 2 billones de pesos", detalló.

"Cuando dijimos que no, subieron a 5.000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba", comparó Boasso.  Al respecto, ya el Ejecutivo había anticipado que no aceptaría una propuesta similar a la formulada para la provincia vecina. Y así ocurrió. "Hoy firmamos un acta manifestando que no hubo acuerdo. La Provincia de Santa Fe considera que no se corresponde con los legítimos derechos de los cuales somos acreedores y vamos a seguir las acciones en curso", señaló el funcionario de la cartera laboral.

Pullaro, absorbido por las primeras escenas de la Convención Constituyente, no asistió al cónclave en la Corte, pero siguió la puja en contacto directo con Boasso y el fiscal de Estado, Domingo Rondina. 

En declaraciones a la prensa, el mandatario puso sobre la mesa la "buena relación" que se ocupó de cultivar con el gobierno de los Milei y Luis Caputo. Pero –aclaró– "no cedemos los recursos de los santafesinos y defendemos a la Provincia", afirmó el gobernador. Una posición opuesta a la de la semana pasada, cuando su gobierno criticó a los legisladores que votaron el aumento del haber mínimo jubilatorio y de las partidas para la atención de personas con discapacidad, en línea con el enojo libertario de Casa Rosada. 

"Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar", advirtió el santafesino. "Después -añadió- discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan. No somos cerrados ni inflexibles y entendemos el momento que vive nuestro país. Pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar. Y en función de ponernos de acuerdo en el monto, veremos cómo llegan esos recursos", recalcó.

La gestión transcurre en el marco de dos acciones judiciales que entabló Santa Fe. Una, de fondo, reclama el stock de la deuda histórica que Nación mantiene de arrastre, con las provincias que en los '90, tras un pacto fiscal, no le entregaron sus sistemas previsionales y mantuvieron la Caja previsional bajo su órbita. La otra acción es cautelar y exige que el gobierno federal restablezca las transferencias para compensar el déficit de la Caja, y que Nación interrumpió apenas asumió Milei como presidente y Caputo como ministro de Economía.