En la cuarta sesión especial, la Legislatura de Jujuy dio acuerdo a las designaciones de los abogados Alejandro Bossatti, en el cargo de procurador General, y Gonzalo de la Colina, como procurador Adjunto del Ministerio Público de la Acusación, en reemplazo de Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, quienes renunciaron el pasado 3 de octubre, luego de que se presentaran pedidos de juicio político en su contra.

Los designados fueron propuestos por el gobernador Carlos Sadir, quien aceptó la renuncia de Lello Sánchez y Pasquini, contra quienes pesan denuncias penales. Ambos renunciaron el jueves último, luego de la Comisión Investigadora que se formó ese mismo día en el seno de la Legislatura para tratar el pedido de juicio político, les notificara de la suspensión en sus cargos. 

Las renuncias pusieron cierre al proceso de juicio político, en cambio, la denuncia penal deberá seguir su proceso de investigación.

En declaraciones públicas el gobernador minimizó la crisis institucional en la justicia. "Los funcionarios públicos, así como son designados, también pueden tomar la decisión de irse, de renunciar", dijo. El escándalo institucional escaló ese jueves con allanamientos en las oficinas del MPA y en la vivienda de Lello Sánchez. En esos operativos se secuestró material electrónico.

Este lunes hubo dos sesiones en la Legislatura de Jujuy. En la primera la diputada Gisel Bravo (UCR) solicitó a los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales evaluar los pedidos de acuerdo y las entrevistas correspondientes, y convocar a la cuarta sesión especial a las 13 horas.

De manera exprés los abogados propuestos fueron entrevistados e inmediatamente se llevó a cabo otra sesión especial, la cuarta del año, en la que los legisladores dieron acuerdo a Bossatti y De la Colina para ocupar los cargos de procurador general y procurador adjunto, respectivamente. Por la noche, el gobernador Carlos Sadir les tomó juramento y luego ambos visitaron las oficinas del MPA. 


Si bien Lello Sánchez fue designado por Gerardo Morales en el 2015, después de 10 años al frente del MPA terminó su carrera en ese organismo perseguido por su padrino político.

En la ya histórica criminalización de la protesta social, la renuncia de Lello Sánchez y la denuncia penal fue un respiro de unos días para los afectados por la persecución y armados de causas a opositores sociales, políticos, gremiales y comunidades indígenas. Aunque al conocerse los nombres de los nuevos jefes del MPA, se entiendo que el panorama no cambiará porque los flamantes designados tienen un pasado que va de la mano del bipartidismo jujeño.

Alejandro Bosatti fue apoderado de la UCR. En el MPA ocupó el cargo de fiscal especializado en violencia de género. Mientras De la Colina fue apoderado del PJ, fue prosecretario del bloque del PJ, y fue designado fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción en julio pasado.

Así, el reemplazo de los funcionarios judiciales salientes del MPA es la continuidad de la gestión anterior, ya que ambos responden a referentes partidarios.

Antes de que se votara su designación Bravo dijo: “Quedó demostrada su vasto conocimiento y su capacidad para ocupar tanto el cargo de procurador general como el de procurador general adjunto del MPA, tal es así que logramos emitir un despacho favorable unánime”, aseguró, aunque el despacho solo tuvo las firmas del radicalismo y el peronismo del ex vicegobernador de Morales, Carlos Haquim.

"Una herramienta para la persecución"

El bloque del Frente de Izquierda se abstuvo al momento de votar el acuerdo a Bossatti y De la Colina. 

Gastón Remy expuso las razones: “No sabemos los motivos que llevaron a realizar el pedido de juicio político". Destacó que "en cuestión de horas se procedió a aceptar un juicio político y paralelamente del otro lado hubo dos renuncias". Y consideró que "tanto la aceleración (de ese proceso) como la no defensa de los acusados, muestra que era algo grave sobre una institución que en 10 años estuvo llevando todas las causas e investigaciones, algunas muy delicadas. Una de ellas está en curso y tiene involucrada a una jueza del Superior Tribunal y a miembros de la Iglesia en una caso de abuso", recordó. 


Remy planteó que debería continuar la investigación sobre la actuación de los funcionarios renunciados. "Fueron muy cuestionados", memoró. "Acá entra la teoría del cajón de manzanas, si las cabezas estaban mal como puede ser que no hayan contaminado a las otras y que esto solo sea borrón y cuenta nueva", cuestionó. E deseó que "esto no quede en la nada. El MPA debería investigar al mismo MPA, todo va al mismo embudo. Desde la Legislatura cambiamos la cara y no vamos a la cuestión de fondo y eso no corresponde", insistió.

Por el oficialismo, Rubén Rivarola ironizó: “acá en la Legislatura hay videntes, ya saben cómo van a trabajar y que no van investigar". "Es una falta de respeto para los que van a ocupar los cargos", "las cosas que están mal las van a corregir", alegó.

La diputada Natalia Morales (PTS-FITU) señaló el tratamiento exprés. "Los reemplazantes están vinculados a las fuerzas mayoritarias de la Legislatura, tenemos argumentos para la desconfianza. Queremos que se investigue y se llegue al final sobre los graves casos, la denuncia al Obispado, una jueza en un caso de extrema gravedad", remarcó.

También recordó la renuncia de dos fiscales que luego denunciaron a Lello Sánchez. Y enumeró otras causas polémicas como la de los tuiteros presos por opinar. El MPA “es una herramienta que sirvió para la persecución a la oposición avasallando derechos democráticos y por eso muchos estamos imputados por el MPA. Como es mi caso", sostuvo.