Ciudad de Buenos Aires, junio de 2024. Miles de personas se manifiestan contra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos-conocida como Ley Bases- , como respuesta Patricia Bullrich ordena un operativo de represión desmesurado. “A mi hija la cazaron literalmente en el día de ayer” dice Silvia en un audio que se difunde el miércoles 12 de junio, al mismo tiempo el fiscal Carlos Stornelli ordena prisión preventiva para las 33 personas que fueron detenidas durante la manifestación.

Un año antes, 17 de junio de 2023. San Salvador de Jujuy. El cuerpo de infantería avanza sobre las manifestaciones en contra de la Reforma Constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales. Camionetas sin patente detienen a personas de manera arbitraria, la policía entra a las casas sin órdenes de allanamiento. Hay represión y violencia. Las dos escenas están conectadas por un año electoral que finaliza con la llegada al poder de la ultraderecha, son también el contorno por el que merodean Eli Gómez Alcorta y Valeria Vegh Weis en el libro Jujuy: El laboratorio de la represión (Clacso, 2025), una herramienta indispensable para tomar la temperatura del conflicto social y visualizar las conexiones entre los dos gobiernos de Morales de diciembre de 2015 a diciembre de 2023 que se expanden a la esfera nacional en muy poco tiempo.

Otras dos escenas: 16 de enero de 2016, detienen a Milagro Sala en un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. 1° de febrero de 2016, Javier Iguacel, titular de Vialidad designado por Mauricio Macri, vuelve a denunciar una causa cerrada que es la misma que hoy tiene presa a Cristina Fernández de Kirchner.

Las autoras se valen del concepto de “punitivismo neutralizador” que es el uso sobrecriminalizador del sistema penal dirigido a suprimir la agencia política de cualquier persona que presente una posición contraria a quienes detentan el poder del Estado. De ese hilo que no se corta nunca ellas tiran obstinadamente. ¿Cuáles son los mecanismos que suprimen, en distinta escala, esa agencia política? ¿Qué es lo que se instala en la sociedad a partir de la detención de Milagro Sala en un acampe y de su posterior encierro hace ya 9 años? ¿Cómo se lleva adelante el poder sobrecriminalizador y sobre quiénes recae?

El material editado por Clacso es por demás oportuno, en semanas atravesadas por detenciones a militantes enmarcadas en causas con secreto de sumario, a poco más de un mes de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a la ex presidenta y con la represión a los jubilados hecha rutina todos los miércoles, el libro propone un recorrido vertiginoso. Las protestas y detenciones en Jujuy en el contexto de la Reforma Constitucional en 2023 fueron un punto de llegada, un anuncio en virtud de unas condiciones dadas que marcaron una nueva etapa para el conflicto social.

La escalada

“El día 4 de enero de 2024 se presentó en mi domicilio personal policial vestido de civil, sin identificación y en un vehículo sin patente para informarme, luego de engaños, que debía ser trasladado a la Brigada de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy”, dice en uno de los prólogos del libro Nahuel Morandini, el otro está escrito por Milagro Sala. Morandini es profesor universitario y fue uno de los detenidos por re tuitear un chiste sobre el entonces gobernador de Jujuy, la denuncia fue realizada por la esposa de Gerardo Morales y Morandini estuvo privado de su libertad durante 53 días. “En solo 48 horas, pasé de ser un ignoto trabajador estatal preocupado por el crecimiento desmedido de los yuyos del jardín a un peligro para la sociedad en su conjunto, por lo cual debía ser condenado y sometido a todos los vejámenes, que tan común e ilegalmente ha institucionalizado el sistema carcelario de nuestra provincia y que, seguramente, tienen su correlato a lo largo y ancho de nuestro país”.

El relato no resulta ajeno, Patricia Bullrich tiene un ejército de agentes encubiertos que se moverán en las redes sociales y podrán interactuar en conversaciones de quienes son señalados como delincuentes desde el poder. Por supuesto nadie le presta atención a las patotas digitales y a los tuiteros que llamaban a sacar “los tanques a la calle” mientras en el Senado se trataban proyectos que le molestaban al presidente: aumentos para los jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondos para las provincias. Desde que detuvieron a Nahuel Morandini hasta ahora, pasó solo un año y medio.

“La sistematización del proceso represivo en Jujuy era una deuda pendiente”, dice Eli Gómez Alcorta quien junto a Valeria Vegh Weis se propusieron contar ese proceso poniendo el eje en las prácticas político jurídicas sin que eso implicara un lenguaje inaprensible. Terminaron el libro a fines del año pasado y durante este fueron agregando una parte importante referida a la escalada represiva a nivel nacional: “De hecho con el libro llegamos al momento en el que la Cámara de Casación le rechaza el recurso extraordinario a Cristina, y cuando el libro ya estaba listo, viene lo de la Corte Suprema”, dice Gómez Alcorta.

Es que Argentina no te da tiempo…

Valeria Vegh Weis: --No te da tiempo y de hecho llamamos laboratorio de la represión lo que estaba sucediendo en Jujuy desde el principio, pero después la realidad nos fue demostrando que estábamos más acertadas de lo que pensábamos.

¿Cuáles eran los aciertos?

--Todo se iba confirmando. Nosotras hablamos de “punitivismo neutralizador” para mostrar cómo el sistema penal puede llegar a cualquier persona que está caminando por la calle a los efectos de amedrentar a la población en general, y de esa manera llevar a la inercia y a la despolitización. Entonces aparece la represión del 12 de junio de 2024 en donde detienen a una persona que estaba vendiendo choripanes cerca del Congreso. Parecía que el gobierno nacional estaba obstinado en darnos ejemplos para que nuestro libro fuera más eficientemente comprensible.

Igualmente el escenario represivo a nivel nacional no empieza con este gobierno, es necesario poder apuntar que el macrismo hizo mucho para que las condiciones estén dadas…

Eli Gómez Alcorta: --A nivel nacional tuvimos un primer momento represivo que fue muy fuerte en términos de persecución judicial y que para mí fue el más feroz, que fue durante el gobierno de Macri. Allí hubo un intento de reestructuración del poder judicial, donde la mayoría de los funcionarios judiciales que intervinieron en las causas de Cristina, fueron designados en cargos para los que no habían concursado durante el macrismo.

Valeria Vegh Weis es abogada, doctora especializada en derecho penal. Enseña Criminología y justicia transicional en la UBA y Unqui. 

VVW: Durante el macrismo vimos ese “punitivismo neutralizador” pero a nivel policial, todavía no estábamos acostumbrados a que el poder judicial continuara con este nivel de sobrecriminalización. Se trataba de personas detenidas a las que al otro día eran liberadas, lo que se da con Milei es esta cuestión de que después permanecen detenidos, son enviados a cárceles federales, los proceso continúan abiertos… Ese es un nuevo nivel que no había estado presente en el gobierno de Macri y que también se aprende de Jujuy.

EGA: Sí, en la movilización del 12 de junio del año pasado, por la Ley Bases, se hacen detenciones masivas, y se hace algo que no se había hecho nunca antes, y que es que, previo a prestar declaración, las personas son trasladadas a los penales. Ese es un cambio. La represión policial es una práctica de todos los gobiernos, incluso de aquellos que se pueden decir más democráticos. Nosotros como militantes sabemos qué implica quedarte una noche detenido en la comisaría. Ahora, el hecho de que te lleven a una unidad penitenciaria, una cárcel, empieza a generar un nivel mucho más profundo de disciplinamiento.

Según las especialistas y autoras del libro, nadie queda fuera del radar del aparato policial y jurídico del gobierno de Milei. Foto: Jose Nico. 
 

 

En la manifestación contra la Ley Bases las detenciones fueron una suerte de muestreo de las personas que podían ser detenidas arbitrariamente y eso implicaba un amplio espectro. ¿Hay diferencia entre los sectores más vulnerables y los -por decirlo de alguna manera- más privilegiados?

VVW: --En general siempre van a ir hacia los sectores más vulnerables. Y lo que nos está demostrando este punitivo neutralizador es en relación con una frase que se dijo durante el Holocausto: “Primero vinieron por los socialistas, y yo no hablé porque yo no era socialista. Luego vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío.
Finalmente vinieron por mí, y ya no quedaba nadie para hablar por mí.” Es la idea de que cualquier persona, incluso con privilegios socioeconómicos, pueden ser atacada. El caso más emblemático en Jujuy fue el de Nahuel Morandini.

EGA: --Ahí es donde se ve la mátrix. Ya nadie queda lejos de la posibilidad de ser atrapado por esas prácticas punitivas de un proyecto totalitario.

VVW: --Para nosotras el punto cúlmine es cuando es cualquiera. No es que es un error de la mátrix, sino que tiene un efecto puntual que sea cualquiera y ese efecto es el miedo y el terror. Lo aprendimos nosotras con el terrorismo de Estado. El miedo es un efecto muy potente para disciplinar.

Eli Gómez Alcorta es abogada. Fue Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad entre 2019 y 2022. Representó a Milagro Sala, es miembro de la comisión directiva del CELS y docente de la UBA. Foto: Jose Nico.

 

¿Cómo se explica la sobrecriminalización de la que hablan en el libro?

EGA: --Es que le pongan una tobillera a Alexia Abiagar por haber presuntamente puesto bosta afuera de la casa de un señor que dice las barbaridades más grandes y con niveles de violencia enorme, cuando tenemos al 80 por ciento de los genocidas presos en su casa sin tobillera.

VVW: --La sobrecriminalización siempre fue el policía desatado que viene y te caga a palos en la marcha, pero después viene este tamiz un poco más racional del Estado de Derecho de parte del poder judicial, donde había derechos fundamentales que no podían ser pisoteados. Ahora eso cambió.

EGA: --Entonces, ahora la sobrecriminalización realmente atraviesa todos los estadios del sistema penal. Es más, desborda al sistema penal e incluso absorbe a la justicia civil y administrativa, en lo que nosotras marcamos como la destrucción de las organizaciones sociales.

En Jujuy lo señalan con la organización Tupac Amaru. ¿Creen que podrían trazarse conexiones en relación con La Cámpora?

EGA: --Es difícil esa conexión, en principio porque la Tupac Amaru tenía una personería jurídica que le daba la posibilidad de armar cooperativas de trabajo, escuelas y fábricas. Llegó a tener el centro de rehabilitación más importante que hubo en Jujuy. Entonces, nosotras ahí lo que vemos es -y lo voy a decir a propósito en paralelo con el destino del líder Tupac Amaru- un descuartizamiento milimétrico, utilizando el poder administrador y el poder judicial no penal.

VVW: --Si bien no tienen la misma estructura, sí vemos algo de la persecución muy potente, que además ya se presenta así desde el plano mediático. Por ejemplo, en relación con la detención de las militantes, y estando CFK detenida, dicen: “están investigando si hay una organización detrás del hecho”-

Empieza a tomar más protagonismo la presunción de culpabilidad que la de inocencia…

VVW: --Exactamente lo contrario a lo que dictan los derechos fundamentales. La lógica es “no debería estar presa, pero seguro que hay algo más que no estamos viendo”- y eso justifica que estén pisoteando sus derechos fundamentales.

EGA: --En el caso de Eva Mieri, la justificación cuando no le daban la excarelación era que ella había borrado su celular. Hay que decir que la Constitución Nacional dice que uno tiene el derecho a la presunción de inocencia.

¿Cuáles son los mecanismos que operan en este tipo de procesos?

EGA: --Un ejemplo es el uso extensivo que se hace sobre la idea de la flagrancia, con Patricia Bullrich como la principal exponente. Un policía o un agente de seguridad ve un delito en flagrancia y es obvio que tiene la obligación de intervenir. Si están violando a una persona no vas a ir a pedir una orden judicial; si le están disparando a una persona, tampoco. Ahora, sin embargo, hay un uso de la flagrancia para una intervención sin previa autorización judicial en materia de represión de la protesta que es abusiva e ilegal.

Eso sucedió por ejemplo en la marcha de jubilados con las hinchadas de fútbol, en marzo de este año, detuvieron a más de 100 personas y la jueza Karina Andrade explicó que no había razón para que estuvieran detenidos.

VVW: --La policía siempre detuvo, acá lo que empieza a cambiar, en esta oleada autoritaria, es el rol del poder judicial y mucho más violencia policial.

EGA: --Nosotras decimos que el poder judicial debería ser un dique, que solamente tiene que poder levantarse y dejar pasar esas aguas represivas cuando hay fundamentos. Entonces lo que hizo la jueza Karina Andrade (al no convalidar las 114 detenciones en el marco de una marcha de los jubilados de este año) fue lo correcto en términos de la Constitución Nacional. Estas personas se van a su casa porque la intervención de la policía no estaba fundamentada ni justificada. Por eso el poder político se las agarró contra esta jueza, la denunciaron y la llevaron al Consejo de la Magistratura

VVW: --Eso también es punitivismo neutralizador porque el mensaje es: si sos juez/a, hacés las cosas como corresponde y respetás derechos fundamentales, te pueden perseguir.

"Ofrecer un primer atisbo de ver cuáles son las estrategias del punitivo neutralizador para ver qué podemos hacer de este lado para frenarlo" dicen las entrevistadas. Foto: Jose Nico.
 

El 12 de junio de 2024, la escena represiva y de detenciones fue completamente diferente, el juez Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para los detenidos basándose en una comunicación de la cuenta de X de la Oficina del Presidente, de una nota de Clarín y de la Nación.

EGA: --Sumó el párrafo: "Pudiendo eventualmente estas imputaciones caer en el artículo 41 E, que es la ley antiterrorista” Ahí vos tenés como pivotea el poder judicial.

¿Qué estrategias de defensa se pueden pensar?

VVW: --Así como ellos replican políticas represivas y estrategias de sobrecriminalización para llevar adelante el punitivismo neutralizador, quizás nosotros tenemos que conectar estrategias de resistencia tanto a nivel de autodefensa física frente a la policía como de autodefensa frente al poder judicial. Este es el objetivo del libro, ofrecer un primer atisbo de ver cuáles son las estrategias del punitivo neutralizador para ver qué podemos hacer de este lado para frenarlo.

EGA: --En ese sentido, para mí una estrategia es la rápida acción política. Se ve muy claramente en las detenciones de estas últimas semanas: si vos inmediatamente tenés una conferencia de prensa junto a diputados y diputadas, y te movilizás vas a generar una presión sustancial. Todo aquello que a vos te demore una reacción te debilita para poder presionar a quienes están interviniendo de forma irregular, en este caso, Sandra Arroyo Salgado.

En eso que decís resuena el caso de Milagro Sala, que fue detenida en una acampe y según dijiste en alguna entrevista, se subestimó ese primer mes de detención…

EGA: --Sí, una suponía que era una detención por un acampe y era cuestión de días. Yo viajo a Jujuy el 28 de enero y Milagro fue detenida el 16. Nunca me hubiera imaginado que 9 años y seis meses después Milagro iba a seguir presa. Era muy difícil hacer una lectura distinta en ese contexto de una figura pública tan potente, con ese nivel de organización, en una causa por llevar adelante un acampe. Entonces se trata del poder de hacer lecturas correctas que te permite identificar en qué momento hay que poner qué energías.

¿Qué otras lecturas hubo -si es que las hubo- en ese momento?

EGA: --Por ejemplo, el CELS y Amnistía Internacional dijeron de inmediato que había que salir al sistema Interamericano. Y la posibilidad de que Milagro hoy esté en prisión domiciliaria se debe a la intervención rápida de ciertos organismos de derechos humanos para salir a denunciar lo que estaba sucediendo a nivel internacional.

¿Cómo lees esto mismo en el caso de Cristina?

EGA: --No sé, quizás el momento de salir a hacer la marcha que se hizo por la condena y la proscripción de Cristina no era ahora, sino era cuando quedó condenada por el Tribunal Oral, porque eso también es un mensaje. Es un mensaje para el poder judicial, que es exquisitamente político.

Por un lado, están las lecturas y también las narrativas que empiezan a impregnar los hechos, en el caso de Alexia Abaigar y Eva Mieri rápidamente se habló de un delito cuando en el mejor de los casos se puede tratar de una contravención…

VVW: --En el libro nosotras hablamos de eso justamente, no es solamente sobrecriminalizar y hacer avanzar en punitivismo neutralizador que quita la agencia política, sino que, a la vez, ganan la batalla cultural. Desde este lado, terminamos buscando estrategias de resistencia frente a esa sobrecriminalización y quedan muy atrás estrategias de avance para que esto no vuelva a ocurrir o buscar cuáles fueron las personas responsables de esa sobrecriminalización y, muchísimo más atrás, queda el reclamo originario por el que se hizo la protesta.

¿Cómo sería revertir eso?

VVW: --En el caso de estas detenciones, insistir en el reclamo originario contra Espert y pensar en cómo abordar la violencia política que está incrementando en el discurso mediático, en el Congreso y desde el ejecutivo.

¿Por qué una acción política se convierte en delito?

EGA: --Peor aún, la acción política queda borrada.

VVW: --Es un doble movimiento, poder concentrarse en la vía judicial, en este caso que las chicas pudieran estar libres como les corresponde por sus derechos constitucionales y, a la vez, no olvidar el reclamo originario.

Foto: Jose Nico.
 

 

Considerando que mujeres como Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner y las militantes involucradas en el 'caso Espert', ¿hay un disciplinamiento por razones de género?

EGA: --Sin duda y también tiene un impacto sobre aquellas que entendemos la práctica política como un modo de transformación de la realidad. Otra gran perseguida y criminalizada que todavía tiene una causa -abierta durante el macrismo- es Alejandra Gil Garbo. No nos parece casual.

El libro tiene la potencia de ser una herramienta, un modo de poner en común formas de resistencia frente al “punitivismo neutralizador”. ¿Qué estrategias ven habiendo pasado por este proceso de sistematización y escritura?

VVW: --El llamado a una memoria histórica de las resistencias. Por ejemplo, lo que marcamos antes del rol del sistema interamericano lo aprendimos en la dictadura. No se podía tener ningún tipo de expectativa de que una solución viniera del Estado, porque era del Estado mismo el que estaba desapareciendo a los compañeros, y ya en ese momento desde la resistencia se articuló que podía venir un atisbo de luz desde el sistema interamericano, lo que culminó con la primera visita de la Comisión Interamericana a un país en plena violación de los derechos humanos. Entonces, aprender no solamente de las experiencias, de las prácticas sobrecriminalizadoras del punitivismo neutralizador, sino también aprender de que somos un pueblo de lucha y de que tenemos un bagaje de una historia de 200 años de resistencia.