El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió apoyo entre los votantes por su política migratoria: solo el 40% la aprueba, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Mientras tanto, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz.
Pérdida de apoyo
Del total de encuestados, el 55 % desaprueba el trabajo del mandatario estadounidense en materia migratoria y el 4 % no opina. Los resultados muestran una caída del 5% con respecto a la encuesta de la primera semana de abril cuando el 45% de los votantes aprobaba su gestión y 55% lo desaprobó.
Trump ha hecho del control migratorio uno de sus temas principales en los primeros seis meses de su Gobierno, logrando la aprobación de una ley presupuestaria que convertirá al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos. La aprobación de los recursos se dio justo cuando el 57% de los votantes desaprueba el trabajo de ICE, tan solo el 39% de los votantes está de acuerdo con el desempeño de la agencia, y el 4% no respondió.
La aprobación baja aún más cuando se le preguntó a los votantes sobre como el presidente Trump está manejando las deportaciones: un 38% de los votantes dijo estar a favor, un 59% está en desacuerdo, y un 3% no contestó. El 64% de los votantes se oponen a que el gobierno deporte a inmigrantes indocumentados a países distintos del suyo, tan solo el 30% de los encuestados apoya al presidente en esa iniciativa, mientras el 6% de los encuestados no opinó en el sondeo realizado a 1.290 votantes registrados en todo el país del 10 al 14 de julio.
Denuncia por Alligator Alcatraz
Al compás de la encuesta, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a la Administración Trump por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida. Los demandantes, entre los que se incluyen algunos migrantes detenidos y grupos de abogados que representan a clientes en el centro, como Florida Keys Immigration o Sanctuary of the South, denuncian que las personas recluidas no solo carecen de asesoramiento jurídico, sino que tampoco tienen garantizado el debido proceso.
En un comunicado en el que desglosan la demanda, alegan que el Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado y se quejan de la imposibilidad de presentar documentos legales para la puesta en libertad de sus clientes. Asimismo, añaden que la Administración del republicano también ha prohibido las visitas de abogados a sus clientes, así como dar cualquier información confidencial por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y los detenidos.
"Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y bufetes de abogados con clientes recluidos en el centro", señalan los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice. Además, denuncian que las condiciones del lugar son pésimas, con temperaturas abrasadoras, una fuerte presencia de mosquitos, inundaciones en el interior de las carpas o falta de acceso al agua. Y exponen atascos recurrentes en los inodoros y las alcantarillas que han obligado a los reclusos a destrabarlos manualmente con las manos desnudas, así como una alimentación inadecuada y la negación de los derechos religiosos.
"Este centro abre otro oscuro capítulo en la historia de nuestra nación. Su mera existencia se basa en los impulsos más bajos de nuestro país y muestra el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado", escribió Eunice Cho, abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU.
Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días las condiciones inhumanas que soportan en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado. La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones y sobre un viejo aeródromo municipal a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.
"Animosidad racial"
Por otro lado, el miércoles abogados que representan a inmigrantes venezolanos y haitianos afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) se mostraron optimistas en la defensa de este beneficio migratorio y confiaron en lograr demostrar ante los tribunales que la decisión del Gobierno de Donald Trump fue arbitraria e ilegal. "Nosotros sabemos que tenemos argumentos legales muy fuertes y somos optimistas… nosotros vamos a continuar la pelea en la corte”, dijo Jessica Bansal, abogada litigante de la Alianza Nacional de TPS.
Los comentarios se dieron luego de una audiencia en el tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones en Pasadena (California), donde un panel de jueces escuchó los argumentos de una demanda que alega que el fin del TPS para unos 600.000 venezolanos y haitianos fue motivada por una "animosidad racial y caprichosa". Además, los demandantes aseguran que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió la autoridad legal en la violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Bansal explicó que el panel hizo preguntas difíciles para las dos partes y cuestionó a los abogados del Gobierno de Trump sobre la falta de precedentes para cancelar un beneficio establecido por una administración anterior. Noem puso fin a la extensión del TPS otorgada por el expresidente Joe Biden (2021-2025) a casi 350.000 venezolanos y unos 250.000 haitianos, después de calificar a los beneficiarios sudamericanos de este programa como desgraciados y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un daño irreparable a quienes se acogieron a la protección y a sus familias. La Casa Blanca llevó la pelea directamente al Tribunal Supremo que a finales de mayo le permitió revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 300.000 venezolanos, mientras se desarrolla el litigio.
La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del interés nacional de Estados Unidos y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria urgentes. Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, quien representó a la Alianza Nacional del TPS, afirmó que no tienen autoridad, puesto que todas las agencias gubernamentales tienen que apegarse al estatuto.
El TPS es un programa migratorio que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. El panel de apelaciones no tiene una fecha prevista para entregar su decisión. Por lo pronto, una audiencia está programada para el 1 de agosto en el tribunal inferior de California sobre el caso. La Casa Blanca dejó en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001.
Mientras tanto, las deportaciones de venezolanos continúan. Un total de 186 migrantes regresaron a su país en un vuelo de repatriación operado por la aerolínea estatal Conviasa, procedente de Estados Unidos y que hizo escala en Honduras, informó el Ministerio del Interior venezolano. En una publicación en Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de retornados, 167 son hombres y 19 mujeres, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (estado costero de La Guaira), que sirve a Caracas. En total, más de 7.000 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero.
