Mientras la Convención Constituyente de Santa Fe avanza con paso firme hacia una reforma constitucional signada por la reelección del gobernador y la autonomía municipal, desde el movimiento sindical alertan sobre lo que consideran un retroceso en derechos laborales y una amenaza a la equidad territorial. Diego Di Angelis, secretario adjunto del sindicato municipal de Capitán Bermúdez, abogado y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram), se planta con una mirada crítica. “La autonomía no puede ser un eufemismo para precarizar”, dijo a Rosario/12.
Desde su oficina sindical, Di Angelis desmenuza una de las claves menos debatidas de la reforma: el impacto de la autonomía municipal en la estructura paritaria que regula las condiciones de trabajo de más de 60 mil trabajadores y trabajadoras municipales en toda la provincia. La ley 9.996, actualmente vigente, faculta a Festram a negociar con una representación unificada de los municipios. El nuevo modelo, impulsado por el oficialismo provincial, pondría fin a este esquema y dejaría cada negociación librada a la relación entre intendente y gremio local.
“La autonomía municipal plantea un escenario de atomización. Si cada intendente puede fijar su propio régimen laboral, se rompen las condiciones mínimas de equidad entre trabajadores que hacen la misma tarea en distintas localidades. Y los gremios chicos quedan en desventaja frente al poder municipal por cercanía, por recursos y por capacidad de negociación”, advierte.
En ese contexto, Festram sostiene que la paritaria debe ser una discusión colectiva entre dos bloques institucionales: una federación de sindicatos, por un lado, y una federación de municipios por el otro. “La paritaria debe ser entre iguales. No podemos ir a discutir salario pueblo por pueblo. Eso es funcional al debilitamiento del trabajo organizado”.
Autonomía sin recursos
El núcleo del problema es financiero. “La autonomía no puede consistir en delegar funciones sin garantizar fondos. Muchos municipios no tienen recursos ni para sus gastos corrientes. ¿Cómo van a asumir nuevas competencias sin una caja que los respalde?”, se pregunta Di Angelis.
La experiencia argentina en materia de coparticipación sirve como advertencia: “Tenemos la historia viva de una ley de coparticipación nacional que nunca se rediscute. ¿Vamos a repetir el error a nivel provincial? Hoy, apenas el 13% de la recaudación provincial se coparticipa a municipios y comunas. No hay piso garantizado, no hay criterios de equidad territorial, y nadie discute eso en la reforma”.
Para el dirigente, el modelo que se intenta imponer es una autonomía formal y dependiente: “¿Quién va a seguir recaudando? La provincia. ¿Quién define qué se coparticipa y cuándo? La provincia. Entonces es una autonomía sujeta a la discrecionalidad o, peor, a la arbitrariedad del poder central”.
En esa línea, advierte que los consensos políticos que hoy permiten al gobernador motorizar la reforma pueden no sostenerse en el tiempo. “Hoy hay intendentes que apoyan la autonomía porque están alineados con el oficialismo. Pero cuando cambie el signo político en la provincia, ¿qué pasará con esos recursos? Lo que hoy parece un beneficio puede transformarse en un problema estructural”.
La voz ausente: los trabajadores
Otro de los ejes que Di Angelis subraya con preocupación es la escasa participación de los trabajadores municipales en el proceso constituyente. “No estamos invitados a discutir la reforma. Hablamos con las bases y notamos que el tema no está instalado. No hay debate social real. Se está haciendo todo a espaldas de la comunidad”, denuncia.
Festram propuso modificaciones concretas a la Constitución provincial, como la incorporación expresa del principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos laborales, y la adhesión a los convenios internacionales de la OIT. También promueven incluir en la nueva Constitución garantías específicas para las convenciones colectivas municipales, el régimen de licencias, la salud y seguridad en el trabajo, y la carrera administrativa.
“Queremos blindar los derechos adquiridos. Que no se pueda retroceder. Que no se pueda tocar a la baja. Y que todos los trabajadores y trabajadoras tengan un piso común, más allá del municipio en el que trabajen”, explica.
En ese sentido, cuestiona el “silencio” de los bloques mayoritarios sobre estos aspectos: “Hablan de modernización, de eficiencia, de descentralización, pero no dicen nada sobre los derechos de los trabajadores. La discusión está totalmente colonizada por una mirada empresarial del Estado”.
El riesgo de la asfixia institucional
Di Angelis no ahorra críticas al rumbo general del proceso reformista. “Hay una ostentación del poder. Desde la jura del gobernador con una fórmula propia hasta la mayoría automática en la convención. Es un diseño para aprobar rápido y sin consenso. Y cuando se actúa así, lo que queda afuera son los sectores más débiles”.
Entre los principales riesgos, menciona la posibilidad de que la autonomía derive en una sobrecarga de funciones para municipios que no cuentan con estructura ni financiamiento: “Si no hay recursos nuevos, se termina precarizando el empleo público. Eso ya lo vimos en los noventa y queremos evitarlo”.
Para Di Angelis, el criterio de distribución debe estar escrito con claridad en la Constitución: “Hay que garantizar el financiamiento. O se aumenta el piso de coparticipación, o se transfiere la recaudación a los municipios. Pero no se puede delegar funciones y quedarse con la caja. Eso es una trampa”.
¿Para qué la autonomía?
El dirigente también cuestiona el sentido mismo de la autonomía tal como se plantea en la reforma: “¿Para qué la autonomía? ¿Para decidir qué? En seguridad, por ejemplo, la provincia va a seguir teniendo el control. En justicia también. En materia tributaria, tampoco van a poder actuar con independencia. Entonces, ¿es una autonomía de gestión o apenas un gesto político?”.
Y agrega: “La provincia de Santa Fe nació como delegada del poder virreinal. Toda la estructura sigue centralizada. No se puede hablar de autonomía sin discutir esa matriz. Y eso no se está haciendo”.
Una caja que no se toca
Otro de los puntos sensibles es el futuro de la Caja de Jubilaciones. Festram reclama que se consagre su carácter “público, provincial, solidario, asistido e intransferible”. Y que los trabajadores tengan participación en su gestión. “Hoy estamos excluidos de toda decisión. Se habla del déficit de la caja, pero no se muestra de dónde viene. Uno de los principales aportantes que no cumple es el propio Estado provincial”, recuerda.
Además, plantea que no alcanza con impedir la transferencia a Nación: “También hay que prohibir la privatización parcial o total. Porque el riesgo de una avanzada del capital privado sobre la seguridad social está latente”.
Una advertencia
Antes del inicio formal de la convención, Festram se reunió con espacios como Ciudad Futura, el justicialismo de Lewandowski y el Frente Renovador. En general, encontró receptividad, aunque con matices. Destaca la posición de Juan Monteverde, quien planteó públicamente la necesidad de debatir el para qué y el cómo de la autonomía, y la participación de Ariel Sclafani, quien defendió el rol de las organizaciones sindicales como articuladoras del tejido social.
Sin embargo, Di Angelis concluye con una advertencia: “El poder estatal está concentrando funciones y dejando sin herramientas a quienes tienen que ejecutarlas. No se puede seguir con esta lógica de obediencia debida. Porque cuando falten los recursos, la primera variable de ajuste van a ser los trabajadores”.
