“Tenemos la tarjeta de débito, los print de pantallas, tenemos la cuenta creada por ellos, tenemos correos donde el Banco Hipotecario me confirma que el crédito está aprobado, entonces siento tristeza, mienten ellos y nos tratan de mentirosos a nosotros”.
El testimonio pertenece Yury, una de las 160 bonaerenses que quedaron sin su casa del Procrear por decisión del Gobierno nacional. Habla con Buenos Aires/12 horas después de la reciente respuesta del Banco Hipotecario a la demanda de los vecinos damnificados del Predio Sagol I de Avellaneda y la planificación de una denuncia colectiva. ¿Hubo una decisión política para que la Nación disponga de las viviendas?
La nota firmada por el gerente de Desarrollos Urbanísticos del Banco Hipotecario SA, Gustavo Cento Docato, a la que tuvo acceso este diario, evidencia dos cuestiones. Por un lado, la postura de la entidad de desentenderse de los beneficiarios que sí fueron convocados por el banco a completar sus trámites para el crédito. Incluso, como dice Yury, recibieron la tarjeta de débito correspondiente. Y, por otro, la voluntad de la gestión de Javier Milei por dilapidar la ilusión de las familias adjudicatarias.
Según el texto mediante el que Cento Docato dio respuesta al oficio presentado por la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, dice que luego de realizado el primer sorteo, la entidad "no realizó otras gestiones en relación a los ganadores del mismo". En paralelo, afirma que quedó “a la espera de definiciones por parte del Comité Ejecutivo del Programa sobre las condiciones de venta de las unidades, en el contexto del cambio de gobierno producido en diciembre de 2023”.
Este último punto tiene su correlato en el siguiente párrafo de la nota fechada el 17 de julio y dirigida al director nacional de Gestión de Obras del Ministerio de Economía de la Nación, Jorge Rios. Allí, el directivo del banco advierte que “a pedido de la Secretaria de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, deshabilitó el portal Tu Hogar a la espera de la definición mencionada, por lo que los ganadores del Primer Sorteo no pudieron presentar el Trámite de Inicio, el cual se realizaba a través de esa plataforma”.
Efectivamente, cientos de beneficiarios del sorteo realizado el 23 de noviembre de 2023, durante los últimos días de aquel año y principios de 2024, observaron como chocaban contra la burocracia del Banco Hipotecario y no podían continuar su trámite. Pero Yury o Daniela Drizza, sí pudieron ingresar al portal, presentar la documentación requerida y fueron citadas por la entidad para notificarse de la aprobación del crédito y el envío de la tarjeta de débito correspondiente a su cuenta.
¿Qué pasó? Tanto quienes completaron la carga de requisitos como los que no, obtuvieron siempre la misma respuesta: “Hay que esperar”. Los que lo lograron recibieron la instrucción de aguardar hasta que el resto lo logre. Los que no lo lograron, que esperen a que el Gobierno nacional determine cómo continuar la operatoria del Procrear ante modificaciones como la disolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
De esta manera, la situación se dilató hasta la intempestiva decisión de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, de organizar un acto y hacer entrega de las llaves de los 160 departamentos a las Fuerzas Federales. No reconocieron a los legítimos beneficiarios, nunca se los notificó de un cambio de reglamentación y, simplemente, observaron cómo su proyecto de vida se desdibujaba por la voluntad política de La Libertad Avanza.
La evidencia contra el Hipotecario
El Banco Hipotecario es una sociedad anónima que tiene como uno de sus principales accionistas al Grupo IRSA, Inversiones y Representaciones SA, con cerca del 30 por ciento del paquete. Su presidente es Eduardo Elsztain, y su vicepresidente, Saúl Zang. Los mismos nombres ocupan los mismos cargos dentro del directorio del Hipotecario.
Más allá de ser una figura pública y hacerse del banco durante la privatización menemista, Elsztain cobró una renovada notoriedad con el arribo de Milei a la presidencia. Para empezar, dentro del conglomerado de propiedades con las que cuenta está el Hotel Libertador, residencia temporal de Milei durante la campaña y los primeros días de su gobierno en diciembre de 2023.
A su vez, a lo largo de ese período de convivencia, Nicolás Pakgojz, exdirectivo de IRSA y uno de los principales defensores de los proyectos inmobiliarios del grupo en la Legislatura porteña, fue nombrado al frente de la Agencia de Bienes del Estado (ABBE), el órgano que embuda toda decisión para vender o ceder tierras e inmuebles que perteneces a la administración central. Paradójicamente, y luego de la disolución del fondo fiduciario que nutría al Procrear, Luis Caputo definió que las tierras y propiedades nacionales pasen a manos de esta agencia, incluido el predio Sagol.
Cabe recordar que las familias damnificadas recibieron un mail que confirmó la categoría de beneficiarios por sorteo público de una vivienda del plan Procrear. De ese número, sólo tres pudieron cloncluir con los trámites ante el banco. Luego, la página se cayó, pero de un día para el otro todos se desayunaron con que Bullrich entregó sus viviendas a las Fuerzas Federales tras un año y medio de recibir mensajes dilatorios.
Como bien explican los vecinos que se consideran “estafados”, hubo una maniobra del Gobierno nacional para dinamitar los caminos burocráticos para cumplimentar los requerimientos necesarios y así acceder al crédito del Procrear. Para Yury, Daniela y decenas de damnificados, la entidad que preside Elsztain no podría haber actuado sin la venia de la gestión libertaria.
Mientras la instrucción del banco era aguardar hasta que se terminen de organizar las nuevas autoridades nacionales, o bien, esperar hasta que todos los beneficiarios completen la documentación, la decisión impulsada por la Nación fue la de bajar el portal Tu Hogar. Posterior a ese suceso que se consumó a principios de 2024, las mismas palabras se repetían desde el banco: esperar y aguardar.
Por eso, para Yury no deja de resultar sorprendente la respuesta del Banco Hipotecario que, incluso, asegura que “no abrió cuentas bancarias a los ganadores del Primer Sorteo del Predio Sagol I ni les entregó tarjetas de débito”. “El hecho que eventualmente alguno de tales ganadores o participantes puedan ser titulares de productos del Banco no tiene en su caso conexión alguna con la operatoria que nos ocupa y será en todo caso resultado de la acción comercial del Banco”, apunta el texto firmado por el gerente de la institución.
Los mails con los que cuenta Yury desmienten a la entidad. Además, remarca que “no me interesaba tener cuenta con el Banco Hipotecario, nunca tuve actividad, sólo se abrió para esto”. El relato, precisamente, no coincide con la devolución de la Gerencia de Desarrollos Urbanísticos, responsable de enviar los mails que ahora desconocen.
Los pasos a seguir
La próxima semana, los 76 vecinos organizados tendrán una reunión con dos abogados que aceptaron patrocinarlos gratuitamente. Cuentan que fue una tarea difícil, que contaron con el acompañamiento de la Municipalidad de Avellaneda y la Defensoría del Pueblo local para dar con letrados que se especialicen en la temática y acceden a no cobrarles.
Este lunes contarán con un borrador de lo que, a priori, sería la presentación de una medida cautelar colectiva. “Sabemos que tenemos todas la de ganar porque todo lo nuestro es verdad”, señala una de las vecinas involucradas a este medio que pide preservar su identidad. Desde su mirada, la Justicia debería fallar a favor de los damnificados porque quedó claro que “acá hubo una decisión política”.
Por su parte, Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, señala a este diario que todos los pasos administrativos se cumplieron. Advierte que la respuesta por parte del banco llegó de manera “extemporánea”, con cinco días hábiles de retraso ante lo requerido. También remarca que, por su rol, no puede patrocinar a los damnificados, pero sí propuso presentarse como amicus curiae en la causa que se inicie.
Tal como contó este medio, ya está un curso una denuncia penal contra Milei, Bullrich y Luis Caputo de parte de los vecinos del Sagol I. Los tres funcionarios fueron apuntados por los posibles delitos de desbaratamiento de derechos acordados e incumplimiento de los deberes de funcionario público.