Esta semana el gobierno provincial anunció el retiro de Nación de la obra de repavimentación de la pista del aeropuerto de Rosario, lo que implica la caída del proceso licitatorio. Desde la Casa Gris matizaron su enojo detrás de un comunicado donde informaron que asumirán la totalidad de las obras, presupuestadas en más de 41.000 millones de pesos. “Las decisiones del gobierno nacional las tiene que explicar el gobierno nacional”, deslizó la secretaria de Transporte Santafesino, Mónica Alvarado.
La postura del gobierno de Javier Milei va en línea con el abandono de la obra pública en la provincia, que en materia de transporte se suma al corte del servicio del tren de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez, y a la falta de mantenimiento de las rutas. Por este último tema, legisladores santafesinos presentaron un proyecto en el Congreso para declarar la emergencia vial en la provincia.
La noticia se conoció el jueves, luego de una reunión del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Allí las autoridades definieron bajarse del proyecto para restaurar la plataforma del Aeropuerto Internacional de Rosario, que financiarían en conjunto con el gobierno provincial. Desde la Casa Gris lanzaron un comunicado donde informaron que garantizarán la concreción de la obra y pone paños fríos a un posible nuevo conflicto con la Casa Rosada.
El proyecto de modernización del aeropuerto tenía una licitación en curso, con un presupuesto oficial de 41.616 millones de pesos, que nunca fue adjudicado. Cinco empresas presentaron ofertas: la empresa Guerechet, por un valor de 45.695 millones de pesos; la firma Lemiro Pietroboni, por 44.583 millones de pesos; la compañía Vial Agro, que ofertó 43.469 millones de pesos; la UTE Rovella-Carranza-Rovial por 32.669 millones de pesos; y la UTE Obring-Milicic-Edeca, por 32.594 millones de pesos.
El inicio de las obras estaba pautado para septiembre y se preveía su cierre por unos cien días, mientras se desarrollaban los trabajos. Pero ahora todo vuelve a cero y el gobierno provincial convocará a una nueva licitación. Si bien el comunicado evita la confrontación con el gobierno nacional, desde la gestión provincial deslizaron cierto malestar por las demoras que se generan con una obra que consideran “clave para el desarrollo productivo y turístico de la región”. Ahora se desconocen los nuevos plazos de ejecución, pero aseguran que trabajarán “a contrarreloj”.
“Las decisiones del gobierno nacional las tiene que explicar el gobierno nacional”, resumió Alvarado, ante la consulta de Rosario/12 sobre la baja de la licitación. “El acuerdo es que la provincia pueda realizarlo tomando la posta del proceso que venía llevando adelante Nación. Estamos trabajando para poder definir cuanto antes los procesos posibles para la ejecución de la obra, e informar ni bien sepamos la fecha de cierre del aeropuerto, para poder dar previsibilidad a los usuarios”, añadió.
La funcionaria provincial explicó que las obras prevén la reconstrucción de unos tres mil metros de pista, a lo que se le suma una inversión para el balizamiento. Se trata de un sistema de iluminación y señalización para el aterrizaje y despegue de los aviones. Todo eso permitirá elevar el nivel operacional del aeropuerto. “Con la pista actual se reciben aviones de fuselaje angosto, de hasta 180 pasajeros. Con la remodelación, se plantea recibir aviones de fuselaje ancho, de hasta 350 pasajeros. Con lo cual, se va a permitir una llegada de aviones de mayor capacidad”, detalló Alvarado.
Tren fantasma
El retiro de Nación de las obras en el aeropuerto no es la única noticia de la semana que impacta de lleno en las políticas de transporte de los santafesinos. La resolución 39/2025 de la Secretaría de Transporte de la Nación, publicada el pasado martes, oficializó la prórroga por diez años de la concesión otorgada a la empresa de cargas Nuevo Central Argentino (NCA). La decisión prolonga el control privado sobre las vías que se utilizan para el servicio Rosario-Cañada de Gómez, que no circula desde el 15 de noviembre de 2024.
El servicio cayó producto de un accidente que dejó las máquinas inactivas. Desde ese momento nunca se reemplazó el material rodante y el servicio quedó abandonado. Ante ese escenario, un grupo de usuarios conformado por vecinos de la región presentó un amparo ante la Justicia federal que aún no tuvo efectos, al mismo tiempo que le demandan un papel más activo en el reclamo al gobierno provincial. En ese sentido, Alvarado remarcó que se hicieron gestiones por este tema en la Casa Rosada y aseguró que continuarán con los reclamos.
Para el grupo de usuarios, la extensión de la prórroga a NCA no implica que no pueda funcionar en paralelo con el sistema de pasajeros. Sin embargo, lo ven como una muestra más del desinterés de Nación por restablecer el servicio. “No es una concesión exclusiva. Cada vez que el Estado nacional utilizaba la vía tenía que coordinar el servicio de pasajeros con el de carga. El de pasajeros tiene unas cinco frecuencias diarias, es perfectamente compatible”, evaluó Stella Clerici, concejal de Cañada de Gómez, en diálogo con Rosario/12. “Podría seguir funcionando, pero esto marca que no hay decisión del gobierno, además de que falta material rodante y presupuesto”.
Tanto los vecinos organizados en el reclamo, como algunas autoridades de la región, lamentan la baja de un servicio, que logró reactivarse después de 45 años. También remarcan que el corte se dio en un proceso crecimiento de la demanda, palpable en la venta de boletos. Según información oficial publicada en la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en 2023, el servicio transportó a 29.697 personas. Para 2024 –cuando el servicio comenzó a funcionar de forma irregular– el promedio rondaba los 8 mil pasajeros por mes.
“Esto tiene consecuencias durísimas. Los colectivos que tenemos son pocos, caros y con un servicio de mala calidad. El tren es más barato, más seguro y ecológicamente correcto. Nos merecemos el tren siendo que esta región aporta mucho a la economía nacional”, sostuvo Clerici. “Fuimos registrando el caso de chicos que cursan secundaria, terciario y universidad que usaban el tren a diario y ahora dejaron de ir, porque no pueden costear el boleto. Es algo muy grave que se empieza a ver”.
Guarda el pozo
Dos semanas atrás, el gobierno dio de baja los convenios que preveían reparaciones de rutas nacionales en la provincia. En concreto, la intervención de 71 kilómetros de la ruta nacional 178 y 121 kilómetros de la ruta nacional 33. Las empresas para la realización de los trabajos ya estaban adjudicadas y en condiciones de iniciar las obras, pero desde Nación argumentaron que los plazos previstos habían caducado y frenaron la ejecución. Desde el gobierno provincial salieron a denunciar un recorte “sin precedentes” en Santa Fe, que también afecta el mantenimiento de otras trazas como la A012, la 7, 8, 9, 11, 34, A007 y A008.
Unos días después, la gestión de Maximiliano Pullaro señalizó las rutas afectadas con carteles que indicaban la responsabilidad de Nación sobre esas trazas. “Dado el estado calamitoso y de abandono, que pone en riesgo la vida de miles de personas a diario, fueron señalizados con carteles los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino”, denunció el gobierno en un comunicado. “La conservación de esas calzadas corresponde a la Nación, a diferencia de las vías provinciales, que sí cuentan con financiamiento local y son mantenidas como es debido”, remarcaba el mensaje.
Previo a esa situación, el diputado nacional Eduardo Toniolli había presentado un proyecto en el Congreso para declarar la emergencia vial sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia. La normativa, acompañada por los legisladores de Unión por la Patria, comprende a los tramos de las rutas nacionales 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178, A007, A008 y A012 que atraviesan el territorio santafesino. Consultado por Rosario/12, el legislador señaló que el proyecto aún no tuvo avances en su recorrido legislativo. “Está parado”, sintetizó.
El dirigente del peronismo estuvo reunido esta semana con intendentes y presidentes comunales del centro y el norte de la provincia, donde el mal estado de las rutas aparece como uno de los reclamos más frecuentes. “En todas las localidades se repiten las mismas preocupaciones: la falta de obra pública nacional, el desfinanciamiento de programas esenciales, el aumento de la demanda social y las dificultades de los gobiernos locales para dar respuesta frente al ajuste”, describió.
