La tarifa energética de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es la sexta más cara del país para los segmentos de ingresos más bajos (N2) y de ingresos medios (N3), mientras que ocupa el 10 puesto en los sectores de mayor poder adquisitivo, según el Reporte de Tarifas y Subsidios de julio que cada mes elabora el observatorio de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. A la vez, los que menos tienen son los que pagan el mayor porcentaje de impuestos en el precio total del servicio.

El estudio contempla el servicio de energía eléctrica en 28 compañías, de las 23 jurisdicciones del país, atento a que toma el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) con Edesur y Edenor, divide en dos a la provincia de Buenos Aires y contempla a la ciudad de Puerto Madryn como una jurisdicción.

De acuerdo al reporte de la UBA-Conicet para el mes de julio, “la factura promedio total país es de $63.927 para un hogar de altos ingresos (N1), de $ 38.160 para un hogar de ingresos bajos (N2) y $44.826 para un hogar de ingresos medios (N3)”. En el caso de Santa, los usuarios de la EPE catalogados como N1 pagaron en julio un promedio de $72.029, mientras que los de ingresos bajos fue de $49.868 (11 mil pesos más que el promedio nacional) y los N3 abonaron un factura promedio de 55.862 (también 11 mil pesos más que la media de todo el país).

En el primer caso, el ranking de las empresas por precio final de la prestación del servicio eléctrico ubica a la compañía estatal santafesina como la décima más cara de las 82 analizadas. En cambio, en el segmento de ingresos medios y bajos en que se divide la facturación de los usuarios residenciales, la EPE aparece como la sexta más cara en toda la Argentina.

“Al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas”, puntualiza el Reporte de Tarifas y Subsidios de la UBA-Coniet. La EPE es, justamente, una distribuidora de energía que es transportada y generada por otras compañías del sector.

“La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”, abunda el documento.

En esa línea, aclara que la diversidad de valores de las tarifas en las distintas regiones del país “responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.

Además, el trabajo precisa que “si bien una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación en un momento determinado en el tiempo, para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones y de su composición estructura”.

La factura del servicio eléctrico que abonan los usuarios se compone de tres elementos: el valor de la energía consumida, el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD) y el componente impositivo.

A nivel nacional, “un análisis transversal indica que la factura final promedio de un hogar de altos ingresos es 1,7 y 1,4 veces superior respecto de la factura de un hogar N 2 y N 3 respectivamente”.

En el caso de la EPE, según el informe de marras, en el caso de los usuarios N1 -mayor poder adquisitivo- el 34% de la factura corresponde al costo de la energía consumida, el 35% al VAD y el restante 31% al componente impositivo.

En cambio, para sectores medios (usuarios residenciales N3) el costo final de la factura se compone en un 29% del precio de la energía, en un 38% del VAD y en un 33% de impuestos. Por último, para los de menores ingresos el impacto del precio de la electricidad es del 15%, mientras que el VAD trepa al 51% (más de la mitad de la factura que abonan) y el componente fiscal es del 34%, el más alto de los tres segmentos.

Según el cuadro comparativo que publica el observatorio que realiza el Reporte de Tarifas y Subsidios, los valores finales de las facturas y los porcentajes de sus componentes de la EPE son muy similares a los de su par de córdoba, la también estatal EPEC.

 

En el extremo de provincias con una tarifa domiciliaria energética más alta se encuentran Río Negro (en el segmento N2 y N3) y Neuquén en N1, mientras que en el otro polo aparecen en el sector de menores ingresos con una tarifa más baja Santa Cruz (con un promedio de $12.909 en julio), en sectores medios sectores medios Formosa (con una factura media de $17.930) y en el N1 la más barata es la tarifa de Edesur en el Amba, con $38.503.