El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, logró que la Justicia Federal falle en favor del municipio para que el gobierno de Javier Milei se encargue de la reparación de un puente sobre una ruta nacional ante el peligro que implica para la seguridad vial su deterioro. La medida marca un precedente importante para los reclamos que vienen impulsando las provincias. Entre ellas, la de Buenos Aires.

El fallo del Juzgado Federal 1 de San Nicolás, le ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. que en forma coordinada ejecuten las tareas de reparación integral del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, que comprende el ingreso a la ciudad de Ramallo.

En dialogo con Buenos Aires/12, el intendente de Ramallo explicó que “el puente estaba en muy mal estado, y no había respuesta ni de Vialidad Nacional, ni de la empresa que tiene la concesión de la traza, por lo que lo tuvimos que reparar provisoriamente, desde el municipio, unas ocho veces”.

El amparo presentado en el mes de mayo por el intendente Poletti pedía que la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V) y Corredores Viales S.A. realizaran las obras necesarias de reparación para que la ruta "resulte una vía de circulación apta para el tránsito seguro".

La resolución de la Justicia, le da lugar al reclamo del intendente y pide “señalización del estado del acceso, incluyendo la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la calzada, limitaciones de velocidad y señalética”.

Además, exige que se realizacen "desvíos en caso de corresponder para evitar accidentes y/o roturas de vehículos que transiten por esa vía, implementando medidas de seguridad vial que resulten pertinentes”.

La Justicia también determinó que las obras deben priorizarse en aquellos sectores que representen mayor riesgo para la seguridad vial, y que deben iniciarse las tareas en un plazo de diez días y concluirse dentro de los próximos tres meses.

“Ejecutar debidamente tareas de bacheo y/o relleno de los pozos existentes en el tramo indicado, priorizando aquellos sectores que representen mayor riesgo para la seguridad vial, debiendo iniciar dichas tareas en el plazo de diez días, y acreditar en autos su iniciación, y concluirlas en el de tres meses”, precisa el escrito.

La presentación de Poletti advertía que la Ruta Nacional 9 corresponde a la órbita del gobierno nacional y, por concesión, a la empresa Corredores Viales y que perciben el cobro de peajes. La tarifa de cobro, señala, ha superado el 400 por ciento de aumento en el último año, pero no se ha visto reflejado en mejoras en la traza. Actualmente el peaje es de 1300 pesos.

El intendente de Ramallo, en su escrito, remarcaba la reiterada omisión por parte de la Dirección nacional de Vialidad en el cumplimiento de deberes de mantenimiento, conservación y reparación de la Ruta Nacional 9, lo que llevó a que hoy se haya vuelto imposible transitar por el puente del ingreso a la ciudad, “sin poner en peligro la vida o la salud de quienes lleven a cabo ese recorrido”.

“La siniestralidad aumento muchísimo, los accidentes son noticias cuando hay fallecidos, para hay muchos accidentes que terminan con personas heridas de gravedad y que quedan con alguna discapacidad”, aseguró Poletti.

Un reclamo colectivo

El reclamo de Poletti va en línea con el pedido de otros intendentes de la provincia de Buenos Aires y del propio ministro de infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. En el mes de febrero, el ministro reunió en Lujan a una veintena de jefes comunales del oficialismo y de la oposición para firmar una presentación judicial conjunta contra el gobierno de Milei. Puntualmente denunciaron un desvío de los fondos que deberían destinarse revertir el estado de las rutas nacionales.

La demanda se presentó este ante la Justicia Federal y apuntó al Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo, al Banco Nación a cargo de Daniel Tillard, a la Dirección Nacional de Vialidad que tiene como titular a Marcelo Jorge Campoy, y a la empresa concesionaria Corredores Viales S.A.

En la ciudad de Luján, cuna de la virgen patrona de los automovilistas en la Argentina, se congregaron en ese momento los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Mariana San Martín (Mercedes) e Iván Villagrán (Carmen de Areco).

También se sumaron al reclamo Marisa Fassi (Cañuelas), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Darío Golía (Chacabuco), Alberto Gelené (Las Flores), Fabián Jacquet (interino en Mar Chiquita), Julio Marini (Benito Juárez), Matías Nebot (Saavedra), Sergio Bordoni (Tornquist), Nelson Sombra (Azul), Marcos Pisano (Bolívar) y Gilberto Alegre (General Villegas). Poletti también fue de la partida.

En aquella oportunidad los intendentes hicieron foco en el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, por ley, debe ser destinado en buena parte al trabajo sobre las rutas nacionales, una tarea crucial para la logística del campo y la industria nacional.

Ese mismo reclamo es uno de los que los gobernadores le hacen al gobierno nacional tras la decisión de paralizar toda la obra pública del país, y de avanzar en el cierre de Vialidad Nacional.

El Senado ya aprobó el paquete de proyectos impulsado por los jefes provinciales que incluye entre sus iniciativas la eliminación de una serie de fondos fiduciarios que están en desuso y que son financiados, en buena medida, con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Como la Nación sigue recaudando ese tributo pero los fondos no se ejecutan, los gobernadores proponen redistribuir el producido de manera que las provincias reciban la mayor parte.

Los fondos que se suprimen son los de Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrado, Fondo Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Fondo Nacional de la Vivienda.

Buscando revertir el cierre de Vialidad, que ahora está frenado por un amparo en la Justicia, el diputado Martin Soria presentó un proyecto de ley que busca derogar los decretos emitidos por el presidente Javier Milei, mediante los cuales se eliminaron, fusionaron y transformaron organismos públicos estratégicos como el INTA, el INTI, Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

Además, el diputado rionegrino presentó un proyecto para declarar la emergencia vial en Río Negro, que busca una intervención urgente por tres años “ante el deterioro y la falta de obras”.

En la misma línea, el legislador por Santa Fe Eduardo Toniolli presentó un proyecto que busca declarar la emergencia vial sobre rutas nacionales que atraviesan esa provincia. La medida apunta a que se continúen las obras de reparación y mantenimiento sobre 18 trazas nacionales, que se encontraban en ejecución durante el 2023.