Con la oposición de dos legisladores de la derecha, la Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer a un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos Provinciales y Agrupaciones Municipales, 6042. El cambio afecta la normativa referida a las agrupaciones políticas municipales, una herramienta electoral que en los últimos años ha ido ganando espacio. 

El proyecto, que tenía estado parlamentario desde hace un tiempo, fue impulsado por el oficialismo provincial, mientras que la oposición lo cuestionó porque no se consultó a los directamente afectados, y a los partidos políticos, y también, en el caso del diputado libertario Roque Cornejo, porque no es algo que interesa a la gente, dijo. 

La encargada de presentar el proyecto fue Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro). Recordó que la ley 6042 tiene 41 años y “en lo que va de su sanción de la fecha” surgieron otras leyes, en la Nación y la provincia, incluso se modificó la Constitución provincial. Todo eso amerita reveerla, “adecuarla, actualizarla y ordenarla conforme a los cambios que se han suscitado en estos 41 años”, sostuvo. 

Repasó algunos de los cambios. Se elimina el artículo 7 de la actual ley que permitía que si una agrupación municipal no cubría las exigencias para ser autorizada como tal pudiera obtener personería jurídica como asociación y luego actuar como una agrupación política.  

Se modifica el artículo 3 inciso b, y se obliga a los partidos políticos a ocuparse de la formación de sus dirigentes “para que estos sean capaces, éticos y preparados para el ejercicio de los cargos públicos, para desempeñarlos con idoneidad”, dijo Villamayor y, de paso, sin nombrarlo, trajo a la memoria el escándalo que envuelve al concejal capitalino Pablo López, que La Libertad Avanza ya expulsó de su seno para tratar de despegarse de la acusación por violencia de género y abuso sexual que pesa sobre él.  

La reforma también cambia el sistema de afiliación de las agrupaciones municipales, que ahora deberán cumplir con los mismos requisitos que los partidos, con fichas que aporta el Tribunal Electoral de la provincia. Además, establece que para la conformación de un partido ouna agrupación se requiere llegar a un total de afiliados del 4 por mil del padrón, con un mínimo del 350.

Y prohíbe la doble afiliación. Hasta ahora la ley permitía que alguien que esté afiliado a un partido podía afiliarse también a una agrupación. Sobre este punto el proyecto incorporó una cláusula transitoria para permitir que los partidos y agrupaciones informen su lista de afiliados en un plazo de 60 días a partir del momento de la promulgación de esta ley, que aún debe pasar por el Senado, donde se anticipa que será aprobada, dada la mayoría casi absoluta que tiene el oficialismo. 

Por otro lado, el proyecto deroga la posibilidad de que partidos y agrupaciones reciban donaciones anónimas. Ahora, “persona que done a un partido político, nombre que debe conocerse, está absolutamente prohibido el encubrir, el tapar, el disimular, el no informar quién es la persona que realiza la donación a un partido político”, sostuvo Villamayor. 

Como cierre, añadió que esta ley "viene a subsanar la proliferación de agrupaciones municipales". En el Tribunal Electoral hay 47 agrupaciones municipales reconocidas y 30 están en trámite, detalló. Además, hay 35 partidos políticos reconocidos en la provincia. 

"El oficialismo usa esta herramienta"

El primero en expresarse objetando la iniciativa fue el diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular). Cuestionó la falta de diálogo: “Me sorprende un proyecto en el que hubiese gustado mucho aportar” que se “haya tratado así tan rápido” y “sin darle participación a la ciudadanía para que de su aporte”, sostuvo. 

Afirmó que siempre se hicieron consulta, “por qué en esta oportunidad no, siendo el calibre de este proyecto”, habiendo tantas agrupaciones municipales afectadas, insistió. 

Al contrario del planteo oficialista, consideró que la proliferación de agrupaciones municipales puede ser visto también como un llamado de atención para los partidos más grandes, y como algo positivo, porque habla del interés de las personas en los municipios, “no se les puede amordazar ni limitar”, señaló. 

Siguió José Gauffín (Independencia, ex PRO). Es el típico proyecto de ley que requiere “de un diálogo político y de consenso mínimo. Esto es la vida democrática, no por ser mayoritario imponer siempre un proyecto o el tratamiento sin ese diálogo político imprescindible dentro de un sistema republicano. Esto es lo más saludable”, reconvino. 

En el mismo sentido recordó que no todos los partidos políticos están representados en la Legislatura, pero están habilitados para opinar.

Luego reconoció que el Tribunal Electoral pidió un cambio en la ley de partidos porque en momentos de elecciones las agrupaciones municipales “afloran como yuyos”, luego las dejan caer y ni siquiera se hacen las rendiciones. Y en la elección siguiente las mismas personas se presentan con otra agrupación municipal.

"El oficialismo usa esta herramienta", aseguró. Hay casos de intendentes que llegaron postulándose en múltiples listas de concejales. 

Roque Cornejo (LLA) cuestionó que de regreso del receso de invierno, la Cámara trate un proyecto de ley que solo interesa a los políticos, dijo. “Definitivamente,la política solo se mira el ombligo”, concluyó. 

Como abogado, Cornejo también tachó el proyecto en lo técnico. Dijo que mezcla el régimen electoral y el régimen de partidos políticos, que son distintos. El tribunal Electoral controla el régimen electoral, no los partidos políticos, subrayó. 

En cuanto al régimen de partidos políticos, recordó que “hay una libertad de asociarse, que es de raigambre constitucional, artículo 14 de nuestra Constitución, que es que los ciudadanos pueden libremente asociarse con fines lícitos, por el bien de la sociedad”.

El estado tiene que proteger, no mermar las organizaciones políticas, añadió. “Mientras más partidos haya, mejor, ¿a quién le molesta que haya muchos partidos políticos?", sumó antes de hacer su habitual alabanza al presidente Javier Milei. “El grado de representación no nace de una ley ni de un Tribunal Electoral, nace de la propia gente que es la que empodera a sus propios dirigentes, utiliza o no un partido político, pero sí va a utilizar el régimen electoral, el cual tiene que ser lo más amplio posible”. Hay que aumentar los derechos políticos, no restringirlos, anular la doble afiliación es una restricción de derechos, insistió antes de anunciar su voto negativo. 

Su otrora compañera de bloque, Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño), también anticipó su voto negativo. En su caso cuestionó sobre todo que no se haya dado mayor participación en el debate antes de llegar al recinto.