Decenas de personas se movilizaron ayer a la plaza San Martín, tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, como parte del reclamo que tuvo réplica en diferentes puntos del país. Las organizaciones locales e instituciones con sus pacientes y familiares expresaron el amplio repudio a la decisión; y con carteles y relatos visibilizaron el impacto que significa para el sector el dejar sin efecto una normativa de emergencia que fue aprobada por el Congreso, el mes pasado, para recomponer pensiones y actualizar aranceles de las prestaciones.
"Que sea ley la emergencia en discapacidad", "No al veto", "No al arrasamiento de nuestros derechos", rezaban algunos de los carteles que ayer al mediodía se multiplicaron en la plaza de Dorrego y Córdoba, donde asistieron referentes de organizaciones e instituciones, personas que concurren a centros de día, sus familias, docentes, profesionales y transportistas. "No estamos pidiendo un favor, sino por un derecho", plantearon desde la plaza.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) manifestó que el veto "forma parte de toda una amplia política de la crueldad, que implica el abandono de personas. Veíamos lo que sucedió en Buenos Aires... Es el uso del amedrentamiento, de la violencia, muy triste", lamentó. "Una ley que no afecta, porque el impacto fiscal que tenían las prestaciones era un 0,03%, esto estaba estudiado. La política es mirar para otro lado y generar condiciones para que quienes más tienen, tengan más; y en este caso abandonar a quienes más necesitan de un estado presente".
"Es muy compleja la situación", aseguró. "Todos los sistemas para actualización de aranceles vienen interrumpidos desde noviembre del año pasado. No se volvieron a generar instancias de encuentro donde funcione el directorio, que es el órgano donde se discuten y se establecen las cuestiones arancelarias para prestadores. En ese sentido, la ley era una perspectiva de generar algún tipo de recomposición para poder seguir funcionando. Pero esto, que podía llegar a venir el año que viene, ahora está, nos deja en situación de incertidumbre".
En ese sentido, planteó que "muchos prestadores se propusieron hacer un gran esfuerzo hasta fin de año, el tema es que si el sistema realmente se quiebra, no es algo tan sencillo volver en algún momento a construirlo; y tampoco hay en el sector público espacios alternativos que permitan la inclusión de personas con discapacidad, su rehabilitación, su traslado".
Sobre cómo afecta la situación en el día a día, indicó que "hay aranceles congelados desde hace mucho tiempo"; y que la situación se complejiza con el aumento de alimentos, servicios, elementos de higiene, entre otras cosas.
"La situación de las prestaciones es desesperante y para las personas que están fuera del sistema también, porque estaba contemplado esto (en relación a) las personas que no tienen siquiera una pensión, y tampoco acceden a un centro terapéutico o lo que necesiten. Todo eso hoy sigue siendo una incertidumbre".
Sobre los pasos a seguir, planteó que "ahora se viene la etapa de que las cámaras puedan rechazar el veto. Nuestro trabajo ahora es con legisladores para poder lograr las mayorías que sean necesarias apelando a que se sostengan esos votos que oportunamente permitieron que se sancionara la ley".
Además, tienen otro desafío: "apelamos a concientizar a quienes se abstuvieron o votaron negativo para que puedan comprender la situación real y poder responder a las necesidades de la gente que es a lo que deberían responder y no a intereses de otro tipo".
Y agregó: "El tema es que los legisladores y las legisladoras sepan que estamos esperando que respondan como deben responder, que es trabajando para su pueblo, para quienes les votaron y que puedan hacer valer los derechos".
En ese sentido, aseguró que son arte de "un colectivo integrado por organizaciones, familias y demás, que está observando, por eso es importante informar y que se pueda visibilizar la situación real que se está transitando".
Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), también se expresó sobre la situación. “Tocamos fondo. Hemos perdido el 50 % de los prestadores que brindaban servicios de atención a personas con discapacidad, no sólo particulares, sino también instituciones que están cerrando sus puertas; es imposible pagar sueldos".
