El diputado provincial Carlos del Frade denunció ayer la "impunidad de las patronales, que genera la angustia de las familias trabajadoras santafesinas". Lo hizo al explicar que  "la Secretaría de Trabajo de la Nación dejó vencer el nuevo plazo para que la empresa Lácteos Verónica pague el salario del mes de julio". El resultado : "solamente se cobró el 30 por ciento de junio, nada de julio ni tampoco el aguinaldo. Cada familia se queda sin más de cinco millones de pesos y hay muchos que acordaron el retiro por la mitad de la indemnización en diez cuotas" reveló el legislador. De paso sumó otro conflicto: "en una de las 32 empresas del grupo Vicentin, Algodonera Avellaneda no solamente despidió 20 personas si no que informa que pagará la mitad de la quincena, 300 mil pesos en promedio para 186 obreros. Todo consentido por los gobiernos, por lo cual denunciamos esa forma de complicidad" apuntó del Frade , agregó al listado de desgracias a veinte trabajadores despedidos de la empresa papelera Yapur ubicada en Tacuarendí, en el norte santafesino. .

En rigor la emblemática empresa láctea Verónica atraviesa una crisis terminal: debe salarios, incumple aguinaldos, proyecta despidos masivos y acumula una montaña de cheques rechazados por más de 7.500 millones de pesos. Con apenas un 30 por ciento de los sueldos de junio pagados y sin fondos para julio, Lácteos Verónica recurre al Procedimiento Preventivo de Crisis para justificar despidos y suspensiones. La situación despierta sospechas de crisis inducida, mientras el gobierno exige pruebas de su insolvencia y los trabajadores luchan por sobrevivir entre la incertidumbre y la indignación.

El presente de la firma es poco menos que una radiografía del colapso. Según información confirmada por el medio iProfesional, Lácteos Verónica no llego a cubrir ni la tercera parte de los salarios correspondientes al mes de junio. Esa cifra, agravada por el medio aguinaldo impago y la completa incertidumbre sobre los haberes de julio, expone a la angustia a más de 700 trabajadores. La respuesta de la empresa a los reclamos fue igual de insultante: un depósito adicional lo que no supera los 45 mil pesos promedio por trabajador.

En este contexto, los empleados se vieron obligados a implementar medidas de fuerza para sobrevivir: retención de crédito laboral de cuatro horas por turno y reducción de la jornada a tres días semanales. Sin embargo, la dirección de la compañía no ofrece soluciones, sino más ajuste. En una reciente audiencia vía Zoom con la Secretaría de Trabajo nacional, representantes de la firma propusieron un plan de recortes demoledor: despedir a 210 personas, suspender a otras 200 por dos meses y pagar solo el 75% de los salarios restantes. 

Pero lo más escandaloso no son sólo los números, sino las sombras que se ciernen sobre la veracidad de la crisis. Desde el ámbito político y sindical se habla cada vez más fuerte de una “crisis inducida”. Se denuncia que podría haber maniobras de triangulación de activos y maquinaria con la empresa Las Becerras, también vinculada a los dueños de Verónica, los Espiñeira. Es decir, una estrategia deliberada de vaciamiento.

A nivel productivo, la empresa pasó de procesar 800 mil litros diarios de leche a apenas 180 mil, generando una enorme capacidad ociosa . El colapso llevó incluso a la venta del inmueble central de la firma, como último intento de sostener operaciones. Sin embargo, ni siquiera eso alcanzó para frenar el sangrado financiero: Lácteos Verónica acumula 2.497 cheques rechazados por falta de fondos sólo en lo que va de 2025. De un total de 2.737 cheques emitidos, apenas logró cubrir 240. En términos económicos concretos, la deuda por cheques sin fondos asciende a más de 7.545 millones de pesos, según la base de datos del Banco Central.

El otro caso resonante es el de Algodonera Avellaneda, perteneciente a los mismos dueños de la agroexportadora Vicentin. El concurso preventivo de acreedores de Algodonera Avellaneda fue solicitado a fines del año pasado y desde el 13 de diciembre de 2024 está abierto y en trámite, por decisión del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que también actuó en el caso Vicentin.

Según se desprende de la evaluación de la situación financiera, el final de Algodonera Avellaneda es incierto. Lo que preocupa en la región es el impacto social, por la cantidad de personas que podrían perder sus empleos, unas 180. En el horizonte aparece la quiebra, algo que tratan de evitar los acreedores porque saben que después será difícil recuperar acreencias.

El último viernes hubo 20 despidos en la firma, la mayoría de trabajadores con más de 15 años de antigüedad. De acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores, el argumento es que la empresa está “pasando por un mal momento”, por lo que se ampara por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite abonar solo el 50% de la indemnización correspondiente.

En tanto, según el informe que firma María Nieves González Rueda, de la sindicatura que controla la firma, y que publicara La Nación,  la crisis de la empresa es “multicausal”, consecuencia de “políticas comerciales inadecuadas, mala planificación, descoordinación operativa, inversiones improductivas, exceso de apalancamiento, falta de reconversión tecnológica; y gestión ineficiente del crédito y del capital de trabajo”. Pero un dato del informe llama la atención: los balances de la firma resaltan resultados negativos en todos los ejercicios entre 2018 y 2024, con especial énfasis en 2023-2024, cuando se registró una caída dramática de la producción del 50%, sin posibilidad de readecuar la estructura.