Nuestra democracia se forjó en el conflicto, en el debate público, en la participación ciudadana. Los acontecimientos de estos días nos llevan a preguntarnos nuevamente por el lugar de la escuela, que no puede permanecer ajena a lo que sucede en su tiempo: tiene responsabilidad sobre la sociedad que construye, sobre los valores que promueve y las concepciones del mundo y del otro que -lo enuncie o no- multiplica con su tarea.

Veamos lo de este último lunes cuando el Poder Ejecutivo Nacional vetó leyes que habían sido aprobadas por el Congreso, entre ellas la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) y un aumento para jubilaciones y pensiones (Ley 27.791). Estas leyes, junto con la emergencia sanitaria en pediatría, hacen a algunos de los debates que se hilan en un denominador común: ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Estado para qué y para quiénes?

Nos preocupa lo que está en discusión y, más aún, nos preocupa cuando no se discute. Cuando las cosas pasan y van construyendo en su andar algo así como una anestesia social.

Porque, aunque no se trata sólo de leyes, sí se trata de leyes básicas que hasta hace poco podríamos haber tomado como obvias e indiscutibles.

Viaja en estos debates una discusión profunda que hace a la concepción de comunidad: ¿a quiénes reconocemos como parte de un nosotros? ¿Quiénes merecen cuidado? ¿Qué nos incumbe de eso que le pasa al prójimo? ¿Quiénes tienen derecho a vivir dignamente?¿Vale seguir hablando de derechos?

Preocupa cuando cualquier palabra que digamos desde nuestro rol educador es susceptible de ser señalada como “adoctrinamiento”. Con ello se clausura la posibilidad de promover pensamiento y se desestima el contenido del mensaje.

Los argumentos del veto hacen referencia a equilibrios en la macro y dejan problemas por resolver. ¿Qué riesgos corremos como sociedad si aceptamos que la salud de los chicos, la subsistencia de los jubilados y las prestaciones para personas con discapacidad se evalúen en términos de equilibrio fiscal? ¿Será que estamos tomando como válida una lógica y una retórica economicista para pensar decisiones nodales para nuestra comunidad? ¿Qué equilibrio defendemos cuando lo que se sacrifica es la supervivencia de los más vulnerables?

Nos parece estar asistiendo al avance de una lógica que no ve personas, sino costos. Que convierte derechos en privilegios. Que ve y ubica a muchas personas como “gasto” y no como protagonistas de una sociedad que se quiere justa. ¿Qué estigmas construimos con esa mirada? ¿Qué pedagogía de la desigualdad estamos legitimando?

No hablamos sólo de decisiones presupuestarias. Hablamos de un modo de ver el mundo. Y también del riesgo de acostumbrarnos a que se hostigue al que piensa distinto y al que reclama, a que se naturalice la crueldad con los más débiles. ¿Eso queremos enseñar?

Como educadores, como ciudadanos, como adultos responsables de las próximas generaciones, no podemos mirar hacia otro lado. Nos toca sostener los pisos éticos, afirmar los consensos básicos, defender el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en todas sus formas. Nos concierne abrir el debate. Dar la palabra. Escuchar. Acercar información y estimular pensamiento crítico. Cuidar el país que queremos. Aportar a la construcción de una sociedad posible. Solidaria. Justa. Nunca indiferente.