En medio del ajuste y el desguace de la administración pública, el Ejecutivo Nacional profundiza la violencia laboral y política sobre trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El jueves 21 de agosto, el presidente Javier Milei ordenó el pase a disponibilidad de más de 400 empleados y empleadas, en un golpe que compromete la soberanía tecnológica y productiva de todo el país.

La decisión se conoció apenas una hora después de que el Senado rechazara, de manera definitiva y por amplia mayoría, el decreto 462/25 que habilitaba el desmantelamiento de organismos públicos. Sin embargo, a las 19.28 de ese mismo día, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmó la resolución 1240/25 que puso en disponibilidad a cientos de trabajadores, entre ellos a 37 del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF NOA). La medida alcanza a 30 técnicos, cinco contratados y dos becarios, y se dictó en abierta contradicción con una cautelar judicial que prohibía cualquier avance sobre la planta del organismo.

Este lunes, directivos y gremios de todo el país comenzaron a organizarse. Se conoció que a nivel nacional se sugirió a los trabajadores que no se notifiquen ante la puesta en disponibilidad dado el carácter ilegal de la resolución de Caputo. Ninguno de los afectados recibió aún notificación formal.

Asimismo, el secretario general de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), Mario Alberto Romero, denunció penalmente al ministro por desobediencia judicial. Esto porque un día antes de la resolución ministerial el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín había dictado una cautelar que ordenaba al Estado nacional abstenerse de aplicar el decreto 462/25 en cualquiera de sus formas, sean reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA.

En paralelo, gremios y trabajadores avanzan en nuevas presentaciones para extender la protección judicial frente a los otros decretos que emitió el Ejecutivo. Ayer también se realizó una asamblea nacional de trabajadores en disponibilidad, que resolvió que un grupo se reúna con Nicolás Bronzovich, designado presidente del INTA en julio mediante el decreto 466/25. El encuentro tuvo lugar, pero el funcionario no brindó respuestas: se excusó afirmando que no había firmado la resolución de los pases a disponibilidad.

Por su parte, el director regional de Salta y Jujuy, Marcelo Echenique, dijo que están "en un momento muy complejo" y "sin tener claro quién conduce el INTA". Aun así aseguró que tratan "de sostener la institucionalidad a través del Consejo Directivo Nacional y de los Consejos Regionales para definir cómo seguir”. 

Desde Salta, los trabajadores confirmaron que se sumarán a la movilización semanal de jubilados y jubiladas, y anunciaron nuevas presentaciones ante el Consejo Regional frente a la desobediencia judicial del Ejecutivo.

El impacto en el NOA

En el norte argentino el golpe no se mide solo con la pérdida de puestos de trabajo. El recorte significa interrumpir líneas de investigación y trabajo que llevan décadas de desarrollo junto a comunidades campesinas e indígenas. Desde la cría de camélidos en la Puna jujeña hasta el mejoramiento genético de legumbres en los Valles de Lerma salteños, pasando por proyectos de acceso al agua en zonas rurales, cada programa en riesgo representa un retroceso en soberanía tecnológica y productiva.

Por ejemplo, en Abra Pampa el INTA fue clave en la recuperación de cultivos andinos como la quinua y la papa, y en proyectos comunitarios de manejo de vicuñas y llamas. “Ellos nos ayudaron a mejorar la lana de llama, a buscar mercados, a pensar en turismo comunitario. Si se va el INTA, nos quedamos solos”, lamentó una comunera de la Puna.

La ausencia del organismo en esos territorios significa también el retiro de la presencia estatal más cercana. “En muchos pueblos, la única cara del Estado es el INTA. Si se va, queda un vacío total”, había advertido semanas atrás Echenique.

Los despidos en Salta y Jujuy forman parte de una ofensiva más amplia contra el sistema científico y tecnológico nacional. En el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya hubo recortes y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. En el norte, esa lógica se traduce en abandono.

“Atentar contra el INTA es atentar contra la soberanía tecnológica y productiva del país. Y en el NOA, significa condenar a miles de familias campesinas a la soledad”, resumió un investigador del IPAF NOA.