Tras denunciar 520 nuevos despidos acumulados en lo que va del mes y la amenaza de muchos más en camino, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE nacional) llamó a un paro en la administración pública para el 4 de enero, medida que será antecedida desde hoy por movilizaciones y asambleas. “Hay personas que se están enterando de que quedaron en la calle  porque al llegar a su trabajo no les permiten ingresar”, señaló el titular del gremio, Hugo Godoy. Esta nueva tanda de cesantías, justificada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como parte de un plan de “dotaciones óptimas” se está concretando mediante el mecanismo de no renovar contratos. Además, hay áreas donde los empleados públicos están siendo presionados para aceptar retiros voluntarios o jubilarse anticipadamente. 

ATE tenía contabilizados hasta las cinco de la tarde de ayer 520 despidos, aunque luego se sumó la amenaza de 130 cesantías en el área de contenidos de Televisión Digital Abierta, que cerraría el 31 de diciembre. Si bien los delegados mantendrán hoy una reunión con los directivos, la expectativa de impedir el ajuste son muy bajas, ya que parte de los afectados habían sido dejados sin funciones a lo largo de los últimos meses, cuando dos señales fueron dadas de baja. 

La sede de TDA Contenidos está al 100 de la avenida Cabildo. Allí se elaboraban materiales para Bacua, ACUA Mayor y ACUA Federal, ya cerradas, y se realizaban las coberturas de actos de Gobierno, contenidos para el exterior y un noticiero federal. Los trabajadores estaban desde hace años con contratos anuales facturando como monotributistas. En el edificio hay 10 salas de edición y todo el equipo necesario para la emisión.  

Los ministerios y organismos donde ya hubo despidos confirmados son Energía (140 contratos), Defensa (70 casos), Fabricaciones Militares (en Río Tercero hubo 29 despedidos, en Villa María 30, en la planta de Fray Luis Beltrán 35 y en la sede central otros 16), el Ente Nacional de Comunicaciones (108), Senasa (4 en Formosa y 2 en Córdoba), el Ministerio de Modernización (10), la Jefatura de Gabinete (7), Presidencia (28), el Instituto Nacional de Cine (21), la Anses (7) y el Ministerio de Cultura (64).

“En la televisión pública están impulsando retiros voluntarios, en  Radio Nacional quieren imponer jubilaciones adelantadas. Nos llega información también de que en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio están presionando con hacer sumarios para forzar los retiros voluntarios”, agregó Godoy. 

Un borrador del plan de “dotaciones óptimas” del Ministerio de Modernización que se filtró en noviembre recomendaba el recorte de 19 mil puestos. El informe, con fecha de septiembre, detallaba que hasta ese momento se habían relevado mil reparticiones públicas sobre un total de mil quinientas. El “sobrante” era estimado en 19.119 trabajadores. 

Este cálculo fue realizado por consultoras contratadas por el ministerio. Los gremios confirmaron que durante seis meses las oficinas de personal de las reparticiones fueron copadas por auditores que hicieron sus números sin hablar con los empleados para conocer las funciones que se cumplen en cada lugar ni evaluar el desempeño de los empleados. 

“Esto es parte de la llamada tercer reforma del Estado. Nunca supimos cuáles fueron los parámetros para fijar esas supuestas dotaciones óptimas. No hemos tenido respuesta a pesar que desde noviembre estamos intentando reunirnos con Ibarra, que no contestó ninguno de nuestros pedidos de audiencia”, detalló Godoy.

ATE va a realizar hoy protestas frente a la Anses y el Ministerio de Defensa. Para mañana está pautada una jornada nacional de lucha con asambleas en los lugares de trabajo. Luego, el jueves 4 de enero, se hará el paro nacional. 

En el ámbito gremial hay preocupación por la militarización de algunas reparticiones, como ha sucedido en la planta de Fray Luis Beltrán, donde reforzaron la “seguridad” del lugar con efectivos del grupo Albatros varios días antes de anunciar los despidos. Cuando las cesantías se concretaron, las autoridades del lugar hicieron salir a los trabajadores de la planta con la amenaza de que si no se iban los sacarían con la Prefectura.