Desde que el gobierno de Javier Milei asumió en diciembre de 2023, diez obras públicas de impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos de Chascomús quedaron paralizadas. El ajuste se tradujo en calles sin asfaltar, cloacas inconclusas, agua con poca presión y barrios sin desagües.
En total, son miles los vecinos afectados. El barrio 30 de Mayo, con 500 familias, no solo vio paralizado el asfaltado prometido que quedó al 20 por ciento de progreso, sino también la construcción de la Escuela 56, cuya edificación fue interrumpida con solo un 12 por ciento de avance. En el barrio San Cayetano, mil familias conviven con problemas crónicos de inundación por la detención de las obras de desagüe, también con un 20 por ciento de avance, de acuerdo al informe. La cuenca del Algarrobo, donde viven aproximadamente 1.500 familias, quedó también a la deriva.
Aún más crítica es la paralización de la obra de Cloaca Máxima, una infraestructura clave para ampliar el servicio a sectores populares de Chascomús. Hoy, el 50 por ciento del distrito aún no tiene acceso a la red cloacal, es decir, en números, cerca de 22.000 personas. Ahora, tras varias gestiones, desde el gobierno local confirman que la Provincia se hará cargo de terminar este proyecto.
“El gobierno nacional abandonó a Chascomús. Las obras quedaron en el camino”, denuncia el intendente Javier Gastón en diálogo con Buenos Aires/12. “Cada obra suspendida por la gestión de Milei es una oportunidad perdida para mejorarle la vida a los vecinos”.
No se trata solo de números. Las obras paralizadas afectan derechos básicos como el acceso a servicios esenciales como el agua potable, saneamiento y educación. En el caso de la Macromalla III, unas 1.100 familias padecen la baja presión del agua por una infraestructura que quedó trunca. El Ecoparque, que prometía empleo para más de cien recicladores y la erradicación de un basural a cielo abierto, también fue cancelado.
La lista de proyectos detenidos suma también iniciativas como el mini estadio con dimensiones profesionales, el skatepark y el asfaltado de la calle Colombia, cuya finalización permitiría una conexión directa con la Ruta 2. En todos ellos, hubo licitaciones, partidas aprobadas y, en algunos, incluso avances significativos, pero los fondos dejaron de llegar. La Municipalidad de Chascomús, en algunos casos, asumió el retome de obras con fondos propios que Nación nunca cubrió.
“La paralización de las obras públicas no es un error, es una decisión política del gobierno nacional contra los municipios que no responden a sus intereses”, remarca Gastón. Y agrega: “Lo que ellos no entienden es que cuando frenan la obra pública, no castigan a los intendentes: castigan a los vecinos”.
Manos locales a la obra
Frente al silencio del gobierno nacional durante los primeros seis meses de gestión, el municipio creó la Dirección de Relaciones Interjurisdiccionales e Internacionales. Desde allí, el intendente entabló un trabajo articulado con la Provincia y buscó financiamiento externo para intentar salvar parte de las obras abandonadas, según explican desde el gobierno local a este medio. Una de las gestiones más relevantes fue con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que visitó la ciudad a mediados de este mes para sellar un acuerdo con el municipio.
El CAF comprometió financiamiento para la remodelación y modernización de estaciones de bombeo cloacales, una pieza clave para completar la cloaca máxima. Además, acompañará el plan “Chascomús Km 0 de la Democracia”, que incluye la creación del Museo Histórico de la Democracia “Raúl Alfonsín”, el Archivo de la Memoria, un Espacio Multicultural y una diplomatura internacional sobre democracia. En palabras del intendente: “Detener las obras es un retroceso y significa más desigualdad y menos futuro para nuestra ciudad”.
Mientras el municipio busca vías alternativas para sostener el desarrollo, el impacto de la política nacional se siente con fuerza en cada rincón del distrito. “Cuando frenan una obra, frenan el sueño de cientos de familias de Chascomús”, insiste Gastón. En barrios como San Cayetano o El Algarrobo, donde el Estado había comenzado a llegar con infraestructura, la motosierra se volvió sinónimo de abandono.
La obra pública como eje de campaña
A nivel provincial, la situación es igualmente crítica. El gobernador Axel Kicillof anunció este mes que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para declarar la emergencia en la obra pública nacional en territorio bonaerense. El objetivo es claro, permitir que la Provincia tome el control y finalice las obras paralizadas por el gabinete de Milei. El proyecto incluye herramientas para garantizar la seguridad de obras abandonadas, rescindir contratos o exigir por vía judicial la reactivación de los trabajos.
El argumento legal del gobierno bonaerense se basa en el ejercicio del poder de policía: si una ruta nacional pone en riesgo la vida de los ciudadanos, la Provincia puede intervenir. Hasta ahora, el gobierno bonaerense solo pudo continuar obras en municipios o universidades nacionales donde era posible asumir el rol de comitente.
Previamente, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis anunció un plan para proteger la infraestructura ya ejecutada y seguir invirtiendo en rutas bonaerenses. Con una inversión estimada en 1,9 billones de pesos hasta 2027, la Provincia activó un plan con más de 500 obras y 4.580 kilómetros de caminos a intervenir. Incluye corredores productivos, rehabilitación de rutas, y la instalación de 40 balanzas dinámicas para controlar el peso de los vehículos que circulan por las rutas provinciales.
“Milei y Caputo no hicieron un solo kilómetro de ruta en 500 días de gestión. Frente a ese abandono, el gobernador tiene la convicción de seguir apostando a la inversión en infraestructura como palanca para el desarrollo productivo”, señaló en su momento Katopodis.
La parálisis de la obra pública es hoy uno de los ejes principales de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. “No hay desarrollo posible de una ciudad sin obra pública”, advierte Gastón. En Chascomús, asegura, esa frase no es una consigna sino que se materializa en es una realidad en la que familias que siguen esperando el asfalto, la escuela, el agua o el saneamiento. El ajuste no impacta en abstracto, tiene rostro, nombre y dirección, de acuerdo al intendente.
