Se está generando una discursiva de odio en torno a la discapacidad

Lorena Aguirre tiene una discapacidad visual, es abogada y activista disca, se formó en la universidad pública, hoy desfinanciada por el Gobierno Nacional. Organizó y coordinó encuentros de mujeres y personas LGBTIQNB+ con discapacidad visual y actualmente es parte de la Asamblea Discas en Lucha, un espacio de contención, apoyo mutuo y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante 14 años Lorena se desempeñó en la línea de asesoramiento y asistencia a la víctima, en el área de discapacidad del INADI hasta que el gobierno decidió cerrar ese organismo. Actualmente está a cargo del programa de discapacidad del Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Espacio que brinda los apoyos que necesitan las mujeres y personas LGBTIQNB+ con discapacidad que vivieron determinadas situaciones de violencia de género. A su vez, brinda capacitaciones sobre perspectiva de género, interseccionalidad y discapacidad en diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad y en organizaciones.

Ella, al igual que muchas personas con discapacidad, viven en tornos complejos atravesados por diversas situaciones sociales y económicas. El ajuste que impuso el Gobierno Nacional en el sector de discapacidad afecta gravemente la calidad de vida de las personas, vulnerando sus derechos a costa de evitar un déficit fiscal. Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei no se actualiza el nomenclador de las prestaciones de las que dependen las personas con discapacidad, lxs profesionales están precarizados y cobran menos de 12 mil pesos por las terapias que brindan. Los hogares y residencias para personas con discapacidad se encuentran en una crisis económica que nunca antes habían sufrido y muchos están al borde del cierre.

Frente a este atropello, la comunidad de personas con discapacidad impulsaron la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el senado el pasado 10 de junio con el objetivo de garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. El Gobierno Nacional insiste en ajustar al sector con un decreto que emitió el cuatro de agosto que veta la Ley de emergencia en discapacidad. Dos semanas después, en una sesión maratónica, donde se trataron varios temas, la Cámara de Diputados rechazó veto de Javier Milei que anulaba la ley y ahora resta que el Senado haga lo mismo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

¿Qué expectativas tienen para el tratamiento en Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad?

--Para rechazar el veto de Milei, tiene que ser aprobado por dos tercios de los senadores, así que hay que conseguir esa mayoría. Estamos muy atentos a todo lo que va pasando y esperemos que se cumpla, que los senadores también tengan en cuenta las necesidades del pueblo y escuchen nuestras voces, porque la realidad es que las personas con discapacidad estamos agotadas de que incumplan nuestros derechos. Hay gente que se está muriendo literalmente, hay personas con discapacidad que no pueden acceder a lo básico como comer o tomar una medicación y por eso se están muriendo.

Esta semana se vio una fila larguísima en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde personas con discapacidad fueron a reclamar por la baja injustificada de su pensión ¿Que sabes sobre esas bajas?

--Sí, tenemos conocimiento que se están dando de baja pensiones, nos están llegando muchísimos casos a la Asamblea Disca de personas de diferentes lugares del país que sin razones le dieron de baja su pensión. Se está generando una discursiva de odio en torno a la discapacidad donde se nos demoniza diciendo que se dieron de baja 110 mil pensiones, según salió a decir el vocero presidencial, mientras que de Spagnuolo y su maquinita de contar plata no dice nada. Salió a demonizarnos a nosotros, cuando la realidad es que en el país y en el mundo entre el 10% y el 15% de la población tiene una discapacidad, con lo cual, en nuestro país seríamos más o menos cinco millones las personas con discapacidad. Al menos en una de cada cuatro casas vive una persona con discapacidad, y la mayoría no está debidamente diagnosticada, no tiene Certificado Único de Discapacidad y no está identificada como tal porque en muchos casos no lo sabe, o no tiene la información adecuada, y la mayoría de las personas con discapacidad viven en situaciones de pobreza. Estamos hablando de cinco millones de personas y se dieron de baja, 110 mil me parece gravísimo, porque solamente había 1 millon cien mil pensiones otorgadas. No sobran pensiones, faltan pensiones, esta es una discursiva que no se ajusta a la realidad y que lo único que hace es infundir el odio y la culpa de los problemas económicos del país a un sector, en este caso, al sector de personas con discapacidad.

¿Qué pensas sobre los hechos de corrupción que se dieron en la ANDIS ?

--Me parece gravísimo y esto demuestra que plata hay, el tema es qué se hace con esa plata y a dónde se la destina. En este caso, se la destina para beneficio personal de varios corruptos y corruptas que están en este momento en el gobierno, que se están robando literalmente nuestra plata, la plata que necesitamos para que nuestros compañeros y compañeras con discapacidad tengan acceso a sus derechos, para que los pibitos y las pibitas tengan acceso a las terapias, a una acompañante pedagógica en las escuelas, para que puedan acceder a múltiples derechos, por ejemplo, que una persona tenga una pierna ortopédica porque tiene una discapacidad. Me parece gravísimo lo que estamos viendo y espero realmente que la Justicia actúe y detenga a quienes haya que detener y que paguen las consecuencias, porque mientras nos acusan a las personas con discapacidad de que somos las que le robamos al Estado, los que roban y en grande no somos las personas con discapacidad, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, son quienes están manejando hoy nuestro destino con sus políticas regresivas y perversas.

¿Qué le dirías a Milei sobre su desición de ajustaral sector de discapacidad para evitar el déficit fiscal?

--Primero le diría a Milei que al frente de la Agencia de Discapacidad coloque a una persona con discapacidad que esté formada y con idoneidad para poder estar en ese cargo y no a un médico que estuvo vaciando el sistema de salud pública, porque además no se ajusta a la convención y al modelo social. Segundo, le diría que, por ejemplo, vuelvan las retenciones al sector agropecuario, se retorne el impuesto a los bienes personales para las personas más ricas de nuestro país y que también se evalúe que hayan rentas universales del sector de la clase más rica del país. Recursos hay, el tema es a quién beneficia y a quiénes no, porque resulta que los autos de alta gama se siguen vendiendo y se están vendiendo porque hay gente que está recibiendo muchos beneficios de parte del gobierno, beneficios impositivos y económicos, con lo cual dinero hay. El tema es cómo se redistribuye y a quiénes querés favorecer con ese dinero y con esas políticas públicas.

¿Puede el presidente judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad si el Senado rechaza el veto, tal como lo anunció?

--Yo creo que son meras amenazas y que en este contexto no está en condición de judicializar nada. Primero porque ya es histórico que el Congreso rechace un veto y estamos hablando de la división de poderes, lo que conlleva que estemos en una república donde hay poderes independientes y con capacidad de legislar. La realidad es que también tengo que decir que la Justicia incluso ya se ha pronunciado en contra del veto de Milei. Tenemos un precedente, un fallo de Campana donde se resolvió a favor de una familia donde hay niños y niñas con discapacidad, la Justicia en ese fallo dijo que es inconstitucional el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad porque el país asumió compromisos internacionales donde tiene que garantizar un piso de derechos para las personas con discapacidad que no solo no se están garantizando sino que, además, se está reduciendo el acceso a derechos. Yo creo que si él decidiera judicializar esta situación de emergencia en discapacidad y la Justicia realmente actúa y se ajusta a la normativa vigente en nuestro país en materia de discapacidad, tendría que decir lo mismo que dijo el juzgado de Campana, que es inconstitucional vetar esta la ley y por ende no podría judicializarla.

¿Cuáles son los puntos principales de la Ley de emergencia en Discapacidad

--La ley básicamente lo que prevé es primero, para ponernos en contexto, hoy por hoy una persona con discapacidad cobra una pensión por discapacidad de 290 mil pesos. Una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos mensuales. La ley viene a regular esto, a garantizar derechos a las personas que trabajan en los talleres protegidos y que cobran un sueldo mínimo, un sueldo vital y móvil, que claramente 28 mil pesos no lo es. Una persona que cobra hoy una pensión por discapacidad, si tiene acceso a un trabajo, automáticamente el Estado le suspende la pensión y muchas veces pasa que la persona consigue un empleo que si bien está registrado, pero con ese empleo hoy no alcanza a cubrir sus necesidades básicas y los salarios han bajado un montón, más del 40%. Un empleado estatal que tenía un sueldo de un millón y medio, como por ejemplo en el caso de quienes trabajaban en el Ministerio de Justicia, le sacaron un incentivo y ese salario se redujo a la mitad, hoy es 700 mil pesos y nunca más aumentó. Una persona que cobra una pensión, supongamos y que además es trabajadora estatal, con un millón de pesos, vive justa hoy.

Esta ley lo que pretende también es que la persona que cobra la pensión pueda tener un empleo y siga sosteniendo la pensión porque, a su vez, se contempla que la vida de una persona con discapacidad es mucho más cara que la de cualquier persona por diversas situaciones en las que nos chocamos y transitamos a diario las personas con discapacidad. Te puedo dar un ejemplo chiquito y uno grande. Uno chiquito, en un día de lluvia, una persona con discapacidad visual, como es mi caso, te chocás más cosas, es más difícil andar en la calle y te tenés que tomar un taxi, por una cuestión de accesibilidad. Rompés más los zapatos porque te chocás un montón de cosas por las barreras con las que te encontrás en el entorno. Esos son ejemplos cotidianos. Un ejemplo más grande es, por ejemplo, tener que asumir el costo de una medicación que no siempre te la cubre la obra social o, por ejemplo, acceder a un teléfono adaptado para poder trabajar y comunicarte. Eso implica una erogación económica que no todas las personas pueden hacerla porque no tienen la plata, porque no llegan siquiera a comer todos los días del mes. Entonces, el costo de vida de una persona con discapacidad es mas caro en todos los aspectos. Y ni hablar, sí, por situaciones de tratamientos médico, tenés que viajar constantemente a otra ciudad y pagar la estadía donde te tengas que alojar.

La ley también habla de las y los trabajadores que atienden a personas con discapacidad que están precarizadas y precarizados, y son muchos. Los obligan a ser monotributistas y no tienen sus derechos garantizados como cualquier trabajador y trabajadora que esté en un convenio colectivo de trabajo. Hoy en día una fonoaudióloga por atender a un niño o a una niña cobra 12 mil pesos la hora, es una miseria. Una acompañante pedagógica que acompaña a un nene o una nena a una escuela durante todos los días de la semana en una jornada simple, cobra 307 mil pesos, nadie puede vivir con ese ingreso. Eso también se busca en esta ley, que aumenten el valor del nomenclador que desde que asumió Milei quedó totalmente congelado.

¿Cómo continúa la lucha?

--Nosotros creemos, desde la Asamblea Disca que la emergencia de discapacidad es un punto de partida y dejó bien en claro que nuestro colectivo está viviendo una crisis muy grande, la gente la está pasando muy mal, se está muriendo y es necesario reformular las políticas y que sean transversales. Las personas con discapacidad tenemos derecho a participar políticamente, necesitamos que se nos incluya y que se nos escuche a la hora de tomar una decisión que atañe a las personas con discapacidad como establece  la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país, por lo tanto, para nosotras es parte de nuestra Constitución y que establece una base mínima de derechos que el Estado está obligado a cumplir. No solo el Estado, sino también toda la sociedad, pero principalmente el Estado. Esta convención establece el lema que es “nada sobre nosotras sin nosotras”, es decir, que en todas las decisiones que se tomen, en todas las reformas que se quieran hacer, en todas las políticas se debe consultar a personas con discapacidad para evitar desastres como el que estamos viviendo porque alguien desde un escritorio diseña una política que no se ajusta para nada a la realidad de la vida de las personas con discapacidad.

Seguimos en lucha y el lunes pasado realizamos una asamblea virtual de la que participamos más de 100 personas de diferentes sectores y de todo el territorio nacional. Ahí definimos una serie de actividades que fueron acompañar a jubiladas y jubilados el miércoles, el sábado también vamos a acompañar la lucha contra el genocidio de Palestina y convocamos a todos los medios a una acción central el lunes 1° de septiembre a las 12 del mediodía en el predio de la Agencia Nacional de Discapacidad en Belgrano (Ramsay 2250) para hacer una radio abierta con permanencia en el lugar, exigiendo que se trate con urgencia el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.