En la sede de la calle Yrigoyen de la Agencia Nacional de Discapacidad, a pocos metros del Congreso de la Nación, una larga fila de personas, algunos con muletas o en silla de ruedas, otros con acompañantes y familiares, esperan ser atendidos. En la fila, casi todos dicen lo mismo: están ahí porque el Gobierno les cortó el pago de su pensión, que en agosto era de $290.013,76 con bono incluido --no todos lo cobran--. La mayoría fue al cajero a principios de mes y se encontró con la cuenta vacía. 

—Usted tiene que traer los exámenes y estudios de diagnóstico recientes, de menos de seis meses —le dice una empleada de Andis a Julio Gómez, un hombre de 55 años que hace fila acompañado por su mamá, Catalina, de 80.

La empleada ha salido a la calle a descomprimir la fila y orientar a los que esperan.

—Me dejaron de pagar la pensión en junio —le reclama el hombre. Desde entonces viene recorriendo oficinas: primero en Quilmes, ahora en el centro porteño. Ella escucha y asiente.

—Estamos viviendo los dos de mi jubilación, de 300 mil pesos —agrega la mamá.

La empleada dice que los entiende. Respira hondo e insiste. 

—¿Trajeron los estudios médicos? —pregunta.

El hombre aclara:

—Yo nací con esto, mi discapacidad no cambia —dice con un hilo de voz. Para recuperar su pensión, deberá completar toda una serie de trámites que prueben su condición de persona con discapacidad.

La cara del ajuste

El escándalo por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos, desatado a partir de los audios filtrados del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, no cambió nada las cosas, más bien las empeoró. La Rosada redobló la apuesta e intervino la Andis, lo que produjo al interior de la agencia un estado de pánico, dado que el interventor, Alejandro Vilches, llegó con amenazas de nuevos despidos. Spagnuolo se había ido con más de 300. Los empleados atienden con pánico a quedarse sin trabajo y también con dolor: en las últimas semanas se vieron en el hall de ingreso situaciones muy complejas. Gente protestando a los gritos, portazos. La política de las nuevas autoridades sigue siendo la misma: ajustar las pensiones todo lo que sea posible. Y son ellos los que ponen la cara.  

Antes de irse, Spagnuolo bajó la orden de apurar las bajas y en la agencia se ofrecían horas extra los fines de semana para tratar los expedientes con pensiones ya rechazadas. 

Las metas se las habían establecido desde la Casa Rosada. Según consta en el proyecto de presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso en septiembre pasado --y que nunca se votó-- se establecía como objetivo recortar en un 30 por ciento las 1.266.945 pensiones que estaban vigentes a fines de 2024. En los datos de presupuesto abierto esa meta fue profundizada y se proyecta llegar a las 500 mil bajas. 

El mecanismo para hacerlo fue implementado por el propio Spagnuolo casi en simultáneo a los meses en que se supone empezaron a grabarlo, en agosto pasado. Fue a través de una auditoría sobre el total de beneficiarios. Buscaba irregularidades, pero encontró muy pocas. En cambio, la estrategia fue enviar cartas documento a cada persona con discapacidad, con una notificación a domicilio que les exigía hacerse los estudios médicos y completar trámites burocráticos para justificar sus padecimientos. Más de 500 mil cartas no encontraron destinatario, tal como lo reconoció el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso de este miércoles. 

El ajuste se completa con la fundamentación jurídica: un decreto de Federico Sturzenegger, el 843/24, que introdujo nuevas causales de baja, entre ellas no recibir la notificación en tiempo y forma. Todo ese universo de 500 mil personas, por el decreto de Sturzenegger y la auditoría de Spagnuolo, quedaron a tiro de caerse de la ayuda estatal. 

En estas semanas se están acercando entre 200 o 300 personas por día a Andis porque les cortaron su pensión. “Casi nadie sabe que existe, es un maltrato descarado a la gente con discapacidad que necesita la ayuda. No nos da la cara para decirles que ya no van a cobrar”, le contó a Página12 un trabajador del organismo.

De una ventanilla a la otra 

Entre los de que esperan a ser atendidos hay bronca, pero más hay miedo y resignación. “Por culpa de unos pocos vivos pagamos todos. Pagamos justos por pecadores”, opina Héctor, al que una operación del nervio óptico lo dejó con baja visión. Tiene una pensión desde el 2008 que ahora le cortaron. Los que esperan están al tanto del escándalo por el supuesto pago de coimas, en Andis pero omiten hablar del tema por temor a que su trámite quede frenado. Hacen la cola, frustrados y viviendo una sensación de injusticia que saben cierta, pero que no pueden remediar. 

En la fila hay de todo: corazones chagásicos, manos y pies deformados por la artritis, ojos con pérdida irreversible de la visión. Prácticamente nadie tiene turno, porque todos han llegado después de recorrer otras instancias en las que no tuvieron respuesta, por lo que deciden venir a reclamar a Yrigoyen. Pero sólo una parte de los que sean atendidos tendrán la suerte de resolver su problema. Muchos saldrán con un papelito en el que les anotaron qué estudios les falta presentar. Esta parece ser una carrera de resistencia.

Irma Villalba es una mujer canosa y bajita, que espera apoyada en un bastón. Cuenta en la fila que su hijo, de 24 años, tiene un retraso madurativo, una condición que lo afecta desde niño y de improbable reversión. Hace dos meses dejaron de depositarle la pensión que los ayudaba a parar la olla. De origen chaqueño, ambos viven en Avellaneda.

¿Qué recorrido hizo hasta ahora? Ella dice que reclamó en el banco, luego fue al Anses de su localidad. A ahora espera que la atiendan en Andis.

Más adelante en la fila, otra mujer muestra sus dedos deformados por la artritis y dice que hace un año que presentó todos los estudios médicos y obtuvo el Certificado único de Discapacidad. Sin embargo, sigue esperando el pago de la pensión.

—Soy de Lanús, ya vine acá en abril y me dieron un whatsapp para hacer el reclamo, pero en el whatsapp me atiende un robot que me pide que ingrese un número u otro y de ahí no paso —aclara. 

Cristina, de 59 años, viene desde Isais González, más allá de Monte Grande. Llega con un corazón agrandado por el mal de Chagas. En agosto no le depositaron.

La Defensoría del Pueblo porteña, que se ha enterado de la situación por los canales de noticias, instaló dos gazebos en la esquina para atender los casos rebotados. En cuatro horas recibieron 35 consultas.