Las quejas públicas de las asociaciones de jueces, fiscales y defensores y la voluntad de Unidos por dotar de mayor consenso a la reforma constitucional en materia de sistema judicial y acusatorio, motivaron modificaciones de último momento en la comisión Redactora de la Convención reformadora para equilibrar la representación de los estamentos políticos, judiciales y profesionales en el mecanismo de designación y enjuiciamiento, así como la ponderación del mérito en los concursos de los aspirantes a cubrir vacantes y la confección de ternas “vinculantes” para que el gobernador designe jueces, fiscales y defensores. Así lo sancionaba al cierre de esta edición el plenario de la Convención constituyente.
En la nueva Constitución, Santa Fe tendrá una Corte Suprema de siete miembros que “procurará la paridad de género y la representación territorial; un procurador general y un Ministerio Público independiente del Poder Judicial, conformado por uno de la Acusación y otro de la Defensa, soberanos a la vez entre sí. También la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas adquirirán rango constitucional.
Cambios de último momento
La definición del nuevo Ministerio Público como “un órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera” estaba acordada. Era una demanda tanto del MPA como del Servicio Público de la Defensa Penal. Sin embargo, las cabezas de ambos órganos reclamaron modificaciones al sistema de selecciones y remoción de fiscales y defensores.
Las asociaciones que los reúnen también presionaron en la última semana para restarle supremacía del “estamento político” al organismo que se encargará de esos menesteres, en procura de un equilibrio que garantice mayor independencia entre los poderes. Puntualmente, del Ejecutivo a la hora de designar, y del legislativo al momento de establecer posibles sanciones.
También el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe criticó el dictamen de mayoría de Unidos, que finalmente se abrió a modificaciones y contó con el aval –en la mayoría de sus artículos- del bloque panperonista Más para Santa Fe y de Activemos.
Seleccionar
El nuevo dictamen consensuado, que se aprobaba anoche en el plenario de la Convención, establece que la designación de jueces, fiscales y defensores “requiere de la intervención previa del Consejo de Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público”, un órgano que se crea en la nueva Constitución.
Según el nuevo texto, “el Poder Ejecutivo solicita la Consejo la elevación de una propuesta vinculante que resulta de un proceso de selección cuando no haya listas vigentes” para cubrir un cargo vacante.
El Consejo es un “órgano técnico” que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo dotado de las siguientes competencias: Supervisar las diferentes instancias del procedimiento de selección que deben incluir concurso; convocar a los jurados evaluadores según la especialidad del cargo a cubrir; ponderar el mérito de los postulantes; confeccionar las listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y elevar al Poder Ejecutivo una propuesta vinculante con los candidatos seleccionados.
La inclusión de los términos “mérito” y “vinculante” –que no estaban en el despacho original de Unidos- motivó el acompañamiento de parte de la oposición a los cambios constitucionales en materia judicial.
Un día antes, el presidente del Colegio de Magistrados, Iván Kvasina, había cuestionado que como estaba redactado el dictamen “queda todo un listado sujeto a una decisión discrecional del titular del Poder Ejecutivo”, que podía escoger un candidato sin ponderar el mérito ni en forma vinculante a la lista elevada, y “eso lleva a que muchas veces se relativice de una manera que no es aconsejable el perfil de los candidatos y sobre todo la idoneidad de los candidatos”.
Enjuiciar
En cuanto al sistema de sanciones, la nueva Constitución crea un Jurado de Enjuiciamiento, que se encargará de analizar “la comisión de faltas graves o delitos dolosos” de jueces, fiscales y defensores. Estará integrado por “un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal General o el defensor General según el órgano que corresponda” ocupar una vacante.
Y por dos jueces, fiscales o defensores, tres senadores y tres diputados elegidos por sus respectivas Cámaras, con representación de las minorías parlamentarias, y dos abogados matriculados en los Colegios profesionales con asiento en la provincia, de acuerdo a la última redacción.
Actualmente, por una ley de la Legislatura votada sobre tablas por ambas Cámaras en una misma jornada y sin análisis de las comisiones, el poder sancionatorio de los fiscales –que eventualmente pueden investigar al Ejecutivo o a diputados y senadores- estaba en manos de la Legislatura, lo que para los integrantes del MPA supone un “condicionamiento” que puede afectar la independencia de sus miembros.
Con esos cambios, el Gobierno acercó votos de las bancadas opositoras justicialistas, que acompañaron el dictamen de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, con el objetivo de modernizar, agilizar y “poner cerca de la gente” el sistema judicial santafesino a partir de la sanción de la nueva Constitución.
