El 4 de octubre, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Cerrando Brechas, Fundación Siglo 21, Mujeres en Igualdad (MEI) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) enviaron una carta a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia de Diputados por la disminución del presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres. Mientras que en el 2017 se asignaron al (antes llamado) Consejo Nacional de las Mujeres 163.500.000 millones de pesos el Poder Ejecutivo envió, para el 2018, un presupuesto que bajaba a 161.548.292. Si se tiene en cuenta una inflación de 15,7 por ciento (estimada oficialmente para el año que viene) las políticas contra la violencia machista se reducían a un 17 por ciento.
La diputada Mayra Mendoza criticó en el recinto: “El ajuste tiene cara de mujer. Con la reforma previsional las que limpiaban mugre ajena y las que cuidaban hijos ajenos van a ser perjudicadas. Con el presupuesto este gobierno muestra que no tiene voluntad de defender la vida de las mujeres. Ya que Al INAM le redujeron el presupuesto y el Plan Nacional de Acción contra la violencia no tiene presupuesto”. Mientras que la presidenta de la Comisión de la Mujer, Alejandra Martínez, solicitó que se agreguen al presupuesto una suma adicional de 50 millones de pesos destinados al Plan Nacional de Acción (PNA) para erradicar la violencia contra las mujeres que, finalmente, se aprobó.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, evaluó: “Es indispensable para pasar de los derechos como promesas en papel a hechos concretos que puedan transformar las condiciones de vida de las personas. Es importante que gracias a la acción de las organizaciones de la sociedad civil, el reclamo permanente del movimiento de mujeres y la respuesta que encontramos en un grupo de diputadas se logró revertir la ilegítima disminución de presupuesto que había contemplado el Ejecutivo en su proyecto”.
