Pueblos indígenas de El Salvador se organizan en una institución milenaria y ancestral para hacerle frente al gobierno de Nayib Bukele, en medio de la avanzada de la militarización en sus territorios y el régimen de excepción que ya suma 85 mil detenidos sin garantías procesales. En el municipio de Izalco, las comunidades defienden la Alcaldía del Común para luchar contra el autoritarismo, la pobreza estructural y una política estatal que entrega ayudas mínimas. “Si a algún militar no le gusta la cara de un joven, se lo llevan detenido. Tenemos una dictadura cruel que nos mantiene atados”, denuncian.

“Hasta expresar lo que digo ahora ya es un problema”, advierte Mateo Rafael Latín, vocero del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI) y principal del Común de Izalco, sobre el riesgo de hablar y exponerse. La comunidad, explica, afronta tres frentes de presión: la militarización impuesta por el gobierno, la pobreza estructural y las ayudas mínimas que entrega el gobierno para contener y dividir a las personas, dificultando su organización colectiva. “Han tirado pequeñas ayudas para controlarnos y evitar la unificación de nuestro pueblo. Muchos se acostumbraron, y eso hace más difícil tomar decisiones juntos”, resume.

Bukele consolidó en El Salvador un régimen autoritario basado en el control militar y en detenciones masivas, amparado en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, instaurado tras una ola de homicidios atribuida a las pandillas. Esta medida permite suspender derechos constitucionales como la libertad de reunión, el plazo máximo de detención, la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa. Cerca de 85 mil personas fueron arrestadas, pero organismos como la ONU y Human Rights Watch denuncian violaciones a los derechos humanos, incluyendo capturas sin pruebas, torturas y muertes bajo custodia.

Según Latín, este clima de miedo limita la organización indígena y fragmenta a las comunidades. La Alcaldía del Común sobrevive con recursos mínimos, sin acceso a fondos públicos y con un reconocimiento meramente simbólico por parte del Estado. “La estructura está, pero como nos despojaron de todo, funciona en condiciones mínimas”, explica Latín.

La tensión no es solo política, sino también cultural: mientras la alcaldía municipal gestiona la recaudación y las políticas locales, la Alcaldía del Común sostiene rituales y prácticas comunitarias que resultan incómodos para el poder central. Cada agosto, por ejemplo, se celebran el Recibimiento y la Bajada, fiestas que combinan elementos cristianos e indígenas y que para el Estado son apenas folclore, pero para la comunidad constituyen espacios de resistencia y reafirmación identitaria.

Un gobierno ancestral

Izalco es el único municipio salvadoreño con dos alcaldías. La del Común tiene sus raíces en los antiguos consejos pipiles y se sostiene a través de un sistema de cofradías y mayordomías que sobrevivió a la conquista española. Durante la colonia, los españoles permitieron que los pueblos conservaran algunas formas de autogobierno, adaptándolas a la nueva estructura de dominación. Así, el que solía ser el consejo de ancianos, o Mayab, quedó transformado en el Concejo Supremo de Mayordomos, mientras la figura del cacique se convirtió en la del alcalde del Común.

En el siglo XIX, incluso después de la independencia, la Alcaldía del Común seguía siendo reconocida por los gobiernos republicanos, con atribuciones concretas como la distribución de agua para riego. Pero a medida que se consolidó el Estado-nación, estas instituciones fueron perdiendo poder político y económico. A mediados del siglo XX, quedaron reducidas a un papel ceremonial y cultural, aunque nunca desaparecieron.

“La Alcaldía del Común existe desde antes de que llegaran los españoles. Cuando ellos llegaron ya estaba organizada, aunque después se le dio este nombre colonial”, explica Latín. Él mismo fue alcalde durante tres periodos y hoy ostenta el cargo vitalicio de Principal, un rol heredado “de los abuelos”. Desde el CACTI, busca articular a distintas comunidades para fortalecer la autonomía indígena: “Queremos unificar a nuestro pueblo para darle vida al buen vivir y dejar una herencia cultural a las futuras generaciones”.

El debilitamiento de las instituciones indígenas se explica por una larga historia de violencia y despojo. En 1881, las comunidades fueron despojadas de la mayor parte de sus tierras comunales. Apenas medio siglo después, la insurrección campesina e indígena de 1932 fue sofocada con una masacre brutal. “Solo en el municipio de Izalco asesinaron a más o menos diez mil hermanos. En toda la zona occidental fueron entre 30 y 35 mil”, relata Latín. Después de esa matanza, conocida como La Matanza, se prohibió hablar náhuatl, portar vestimentas tradicionales y realizar ceremonias públicas. “Desde entonces venimos cargando la opresión, la marginación y la explotación. Han querido desaparecer nuestra cultura, pero no lo han logrado”, afirma.

Durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), la represión se recrudeció. Muchas comunidades indígenas quedaron atrapadas entre el ejército y las guerrillas. Con los Acuerdos de Paz, algunas expectativas se abrieron, pero no se restituyeron tierras ni se reconoció plenamente la autonomía indígena. Incluso gobiernos progresistas posteriores, como el del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), defraudaron esas esperanzas. “Nos dimos cuenta de que no podemos confiar en políticas partidarias ni en religiones. Hemos llegado a la conclusión de que solo el pueblo salva al pueblo”, sostiene Latín.

Un proyecto para el futuro

Hoy, la Alcaldía del Común y el CACTI trabajan en proyectos que combinan defensa cultural y desarrollo comunitario. Uno de los más recientes es la creación de la primera reserva indígena de Cuscat, en 85 manzanas de tierra donadas a la comunidad. Allí sueñan con desarrollar cultivos colectivos, jardines botánicos de medicina ancestral y una escuela de gastronomía tradicional. “Queremos dejarle a las futuras generaciones una herencia cultural viva, no un país hecho pedazos ni una cultura desaparecida”, dice el alcalde.

Ese horizonte, sin embargo, choca con el clima de autoritarismo y violencia política que impone el gobierno central. En este contexto, la mera existencia de la Alcaldía del Común es un acto de resistencia. “Democracia nunca ha habido, solo para los de arriba. Queremos darle vuelta a esto, unificar nuestros pueblos para vivir el buen vivir y heredar una cultura de paz a las futuras generaciones”, afirma.