“Tengo mucho miedo de que me deporten”  

Una mujer, a quien llamaremos L para proteger su identidad, ejercía el trabajo sexual en un departamento que compartía con una amiga en Olivos. Cuando quedó embarazada dejó ese lugar y su amiga se quedó allí brindando servicios. En 2017 la policía allanó el departamento y la justicia imputó a L por el delito de trata, por el simple hecho de ser la persona que figuraba en el contrato de alquiler, aún cuando su amiga declaró que fue ella misma quien decidió quedarse allí para seguir trabajando por su propia cuenta y voluntad.

Como no había pruebas suficientes para incriminar a L, cambiaron la imputación por “facilitación de la prostitución”. Durante el juicio en el cual L fue condenada a cuatro años de prisión domiciliaria, sufrió maltrato de parte lxs funcionarixs judiciales. “En una de las audiencias, aún sin condena firme, la secretaria de la jueza me amenazó con que si no aceptaba el acuerdo que me ofrecían, que era aceptar la culpabilidad, iba a llamar a minoridad y me iban a sacar a mi hija. Tenía que admitir ahí que era culpable y lo hice, bajé la cabeza y acepté porque mi mayor temor era que me saquen a mi hija, que en ese momento tenía cuatro años”. Hace un año y medio L cumple su condena con prisión domiciliaria.

En mayo de este año el Gobierno Nacional publicó el decreto 366/25 que impone una serie de reformas a la Ley de Migraciones y recorta derechos a las personas migrantes. La deportación ilegal de Juan Pedro Martínez, trabajador afrouruguayo que fue separado de sus tres hijxs y su esposa, se suma a las notificaciones de expulsión del país que están recibiendo travestis y trans migrantes que se convirtieron en el sector más perseguido.

Un gobierno ensañado con las personas migrantes

Cuando en 2023 L recibió una cédula de migraciones que la notificaba que sería expulsada del país, no supo qué hacer. No tenía información al respecto y su abogado de ese momento no le advirtió que podía rechazar esa notificación en la misma correspondencia. Tampoco tenía conocimiento de los recursos legales a los que podía apelar para protegerse de una posible expulsión injusta e ilegal. “Todo eso me lo enteré después cuando acudí a la Comisión del Migrante. La notificación me declaraba ilegal, aunque estaba en vías de renovación de mi DNI. Además, estaba solicitando el permiso permanente a través de mi hija. Ese trámite me llevó muchos años y durante la pandemia quedó varado”, cuenta L.

Si L es expulsada del país no solo se destruiría su estructura de vida y la de su hija, que es lo que más le preocupa, sino que además tendría que empezar de cero con 50 años en un país del que se fue hace 20. “Mi hija quedaría totalmente expuesta y desprotegida, porque ella acá tiene su red de contención, su escuela, su salud cubierta que requiere un seguimiento por lo menos hasta la adolescencia porque tiene unos problemas, y allá como extranjera no le van a proporcionar nada de eso porque ella nació acá.”

L llegó a Argentina en busca de una oportunidad laboral pero se encontró con la criminalización de la pobreza, la xenofobia y la violencia institucional. Antes era ella quien ayudaba económicamente a su familia de Paraguay, enviándole dinero. Hoy la situación de L es crítica y la única ayuda que recibe es de sus familiares que viven en Paraguay. “Tengo mucho miedo de que me deporten porque este gobierno nos quiere afuera, están ensañados con los migrantes. El decreto que sacaron es muy despectivo y siempre se refieren a nosotros como criminales o ilegales, pero no es así, somos trabajadores”, concluye L.

Migrar no es delito

La persecución hacia migrantes se recrudece cuando se trata de mujeres travestis y trans, en especial, quienes provienen de países limítrofes que es la principal migración que recibe el país. Son trabajadoras sexuales que en su mayoría residen en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que nosotras identificamos y venimos denunciando hace tiempo desde el espacio Casa Roja es una razia, un blanqueamiento y una persecución por la identidad de género, la clase y la raza, que se vio ahora exacerbado y justificado a través del decreto de necesidad de urgencia 366-2025 que expidió Javier Milei”, asegura Mely Sánchez Rincón, politóloga colombiana e integrante de la Consejería Migrante de Casa Roja, un espacio de acompañamiento socio jurídico que pertenece al sindicato Ammar.

Los mismos derechos para todos y todas

Rincón asegura que la situación de las personas migrantes en Argentina es similar o peor a la de unx trabajadorx que no llega a fin de mes, que sufre los aumentos de los bienes de consumo, que debe atravesar la angustia constante por la inestabilidad y la precariedad laboral y ese escenario empeora por los fundamentos y las bases discriminatorias, xenófobas y estigmatizantes que sostiene Gobierno Nacional. “Lo grave de esta persecución xenófoba es que no se contempla lo que la Constitución Argentina a través de su preámbulo y su artículo 20 estipula con muchísima claridad, que es que quienes vivimos en este país tenemos los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona que nace en la Argentina”, advierte Rincón.

Este decreto contribuye a generar en la sociedad y en el sentido común, una idea de que las personas migrantes son peligrosas y responsables de la crisis económica por el simple hecho de nacer en otro lugar. Lo que no se tiene en cuenta es que son habitantes de este país que también pagan impuestos, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la nación y al desarrollo económico de las ciudades. “La mayoría de las personas que saben cómo cultivar las verduras y frutas que comemos en las ciudades son bolivianos, quienes quieren construir en sus barrios privados o incluso en otros lugares saben que la mejor mano de obra calificada es en su mayoría paraguaya, si quieren buscar un lugar donde la comida sea accesible, abundante y rica es comida peruana”, añade Rincón.

Frente a la idea de que la peligrosidad de una persona pasa por su pasaporte, Rincón explica que la población carcelaria no es migrante, sino que en su mayoría es extranjera, es decir, son personas que utilizaron Argentina como paso y en el medio fueron condenadas o acusadas de algún delito. “La población migrante extranjera es del 5% y no ha aumentado en los últimos 15 años. Hoy con el DNU 366/25 los riesgos de expulsiones se incrementaron incluso por no tener un paso autorizado cuando ingresó a la Argentina o por no haberse regularizado nunca en el país, cuando la Ley Nacional de Migraciones es clara y lo que dice es que el Estado argentino está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias para que las personas migrantes puedan regularizarse.”

Existe una posibilidad de salir de esta situación tan injusta para frenar la persecución a las personas migrantes y es a través de la derogación del DNU 366/25 en el Congreso Nacional. “Esto es reversible con la organización política, organizándonos para que los representantes del pueblo en el Congreso realmente voten por los intereses del pueblo y puedan cumplir con su función de controlar aquellos actos autoritarios y discriminatorios del Poder Ejecutivo. Lo mismo esperamos del Poder Judicial, que no sea cómplice de decretos que violen la Constitución Nacional, sino que por el contrario cumpla con su rol de veedor de nuestra principal carta de protección que es la Constitución Nacional.”

Desde Casa Roja, junto a sus abogadxs se encuentran trabajando a fin de evitar expulsiones. Poseen un espacio de asesoría migrante, que integra Rincón junto a otras compañeras, para la promoción de los derechos no solo de las mujeres travestis y trans migrantes, también está abierto a cualquier vecinx migrante del barrio de Constitución que necesite asesoramiento. Funciona los miércoles de 16 a 18 en Filiberto 1745, CABA.