El Ministerio de Educación de Santa Fe pagó 10 millones de pesos a un exfuncionario de Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Se trata de Mariano Narodowski, a quien la cartera que conduce José Goity contrató como asesor para intervenir en las deliberaciones de la comisión de educación durante la Convención de reforma constitucional que concluyó la semana pasada.

Narodowski fue ministro de Educación de CABA entre 2007 y 2009, y su gestión como tal fue cuestionada cuando en plan de ajuste puso como condición para conservar la beca estudiantil para alumnos secundarios un ingreso inferior a 1.000 pesos de entonces, por debajo de la línea de la pobreza de ese momento. El resultado fue que alrededor de 30.000 estudiantes perdieron su beca para garantizar su continuidad escolar.

En una resolución previa al desarrollo de las sesiones por la reforma constitucional, el Ministerio de Educación formalizó la contratación del reconocido académico para que brinde "el servicio de consultoría en carácter técnico en materia de Política Educativa" mientras durara la Constituyente. 

El texto fue revelado en la semana por el sitio Épica Rosario. No brinda en sus fundamentos un argumento de contenido político o pedagógico para explicar el requerimiento a este investigador en temas de educación y autor de libros de consulta. Solo expresa que "existiendo disponibilidad crediticia" se resolvió imputar este gasto. Lo demás son menciones de técnica administrativa para darle forma a la resolución.

Todo "de acuerdo al presupuesto obrante a orden 3.1 a 3.4 solicitado por la Secretaría Privada, ascendiendo los mismos a la suma total de 10 millones de pesos, IVA incluido", dice el texto de la resolución y concluye con la asignación técnica al presupuesto de la cartera educativa.

Este diario consultó al Ministerio de Educación en busca de la explicación a una contratación de asesoramiento de ese monto dinerario. No hubo respuesta. Tampoco el ministro Goity contestó el requerimiento en su whatsapp particular. 

Sí fue público el encuentro entre Goity y Narodowski el 15 de julio pasado, cuando el ministro pullarista visitó la Universidad Torcuato Di Tella, donde el académico es docente y director del área educativa. "Junto a la UTDT organizamos un panel para dialogar sobre los desafíos de la Educación en la Reforma Constitucional que la provincia de Santa Fe está llevando adelante después de 63 años", publicó Goity en su cuenta de la red social X por esos días. "Estamos frente a una oportunidad única para una transformación educativa virtuosa y consensuada como política de Estado", completó. Después de eso, la contratación de Narodowski como consultor, a una tarifa de $10 millones.

Los comentarios en las redes señalaron el detalle de que el funcionario provincial acudiera a una universidad privada a discurrir sobre la reforma constitucional, pero a ninguna de las escuelas públicas que dependen de su Ministerio. 

Narodowski renunció en 2009 como ministro de Macri en el gobierno porteño. Lo afectó el escándalo de las escuchas ilegales que en su cartera trascendieron por entonces sobre docentes, a cargo del espía Ciro James dentro de la estructura de ese ministerio donde estaba contratado. La protesta de la comunidad docente y estudiantil acabó por forzar su renuncia.

La reforma de la Carta Magna en su capítulo sobre educación para la que el gobierno contrató a este asesor del bloque Unidos introdujo una actualización necesaria para el marco institucional con el que Santa Fe concibe este asunto. Si bien la educación ya estaba reconocida como un derecho en la Constitución de 1962, no en el amplio sentido de un derecho humano como lo es ahora. Un derecho humano universal, con garantías de igualdad de acceso, aprendizaje y egreso.

La reforma incorpora a la condición de ser "pública, gratuita y laica", otros principios rectores: también debe ser "universal, plural, inclusiva, científica y democrática". Consagra la obligatoriedad del nivel secundario de enseñanza. Promueve la articulación entre la educación y el mundo del trabajo. Incorpora el derecho a la alfabetización digital y acceso equitativo a tecnologías de la información. Garantiza la carrera docente en cuanto a estabilidad, concursos públicos, formación continua y condiciones laborales dignas, cosas que en la versión anterior no estaban mencionadas de manera puntual. Y establece la obligación del Estado en asumir "responsabilidad indelegable" de financiar el sistema educativo.