Al menos 46 trabajadores del frigorífico Euro SA, una histórica tripería de Villa Gobernador Gálvez, se enteraron ayer a la mañana que fueron despedidos al llegar a sus domicilios los telegramas enviados por la patronal, mientras la esperaban en el Ministerio de Trabajo de la provincia para una reunión de conciliación, a la que los propietarios nunca asistieron ni enviaron a sus apoderados legales. La firma, en la que aparece como presidente del directorio desde 2023 Juan Pablo Jarvis, adujo motivos de “fuerza mayor” para dejar sin empleo a los operarios, y argumentó falta de materia prima e ingreso de productos importados a “precios inferiores a los costos locales”, lo que habría redundado en “una paralización casi total de las ventas”.

En paralelo, la representación letrada de la empresa no acudió a la audiencia de conciliación obligatoria de ayer en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que desde la cartera le dijeron a los trabajadores y a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que “en teoría esos telegramas no tendrían validez”, explicó el delegado paritario, Walter Navarro.

Por ese motivo, personal de la cartera laboral irá hoy a la planta ubicada en avenida San Diego 1948 para constatar si la patronal permite el acceso a los operarios, atento a que rige hasta el viernes la conciliación obligatoria dictada por la autoridad provincial en materia laboral.

En el acta firmada ayer, a la que accedió Rosario/12, se lee: “Note ésta autoridad laboral que la empresa no solo incurre en lo denunciado precedentemente (no permite el ingreso de los despedidos ni la prestación efectiva de tareas a los injustamente suspendidos), sino que, además, ha profundizado su no acatamiento a lo ordenado por la autoridad laboral toda vez que en el día de la fecha ha comunicado la extinción del contrato de trabajo a 46 trabajadores por supuesta causa económica, lo cual no se encuentra avalado por constancia o tramitación que verifique ese estado de crisis invocado”.

El ingreso a la oficina de Relaciones Laborales de la sede local del ministerio se vistió ayer con banderas y carteles de los trabajadores de la tripería Euro, que atraviesa un largo conflicto desde inicio de este año, cuando se produjeron los primeros despidos, que luego se convirtieron en algunos casos en retiros “voluntarios”.

“Vinimos como siempre a la audiencia esperando que la empresa se presente, no se presentó, trajeron un escrito donde decían que no se iban a presentar”, explicó en la sede ministerial el delegado paritario del Sindicato de Carne, Walter Navarro.

Andá a cantarle a Milei

Mientras aguardaban en vano a la otra parte para poder debatir el futuro de la empresa y sus empleados, llegaron los telegramas de despido “con causa”, fundada en razones de “fuerza mayor”, por la caída de las ventas y de falta de materia prima.

Uno de los telegramas dice textualmente: “En razón de la crítica y sostenida situación económica que atraviesa esta empresa, caracterizada por la constante pérdida de proveedores de mercadería (los últimos fueron Frigorífico Rioplatense y Coto Rosario, habiendo incluso suspendido esta semana su faena el frigorífico Swift), la drástica reducción en el ingreso de materia prima y la irrupción en el mercado de productos importados a precios inferiores a los costos locales de producción, hechos que han generado una paralización casi total de las ventas, que configuran supuestos de fuerza mayor ajenos a nuestra voluntad (…) hacen imposible la continuidad tanto de la relación laboral como del régimen de garantía que se venía aplicando a usted”. Está despedido con causa.

“A todo esto nos enteramos que llegaron 46 telegramas a los compañeros que están acá, con garantía desde hace rato”, dijo Navarro, quien recordó que “ya la semana pasada se rumoreaba que los gerentes estaban diciendo que iban a despedir a más gente”.

El delegado señaló que los empresarios “nunca vinieron” y que en los telegramas de despido “además ponen causa, no quieren pagar nada”. En ese sentido, agregó: “Ellos dicen que la causa es que perdieron materia prima, cosa que es mentira, porque hace ocho meses que vienen tirando la mercadería, lo venimos diciendo hace ocho meses”.

Navarro sostuvo que los empresarios “hacen responsable a los trabajadores, no vienen a dar una explicación, no hay un diálogo para ver en qué podemos ayudar nosotros y cómo podemos salir de esta situación”.

Por esa intransigencia, el Sindicato de la Carne hizo dejar constancia en el acta firmada en el Ministerio de Trabajo “que proceda a ordenar la comparecencia personal del señor Rogelio Ribeiro a través de la fuerza pública”, en tanto que se presenta como apoderado de la empresa Euro SA.

Empresa familiar

La tripería Euro SA existe desde 1999 y sus propietarios fueron durante años los empresarios de Villa Gobernador Gálvez de la familia Lequio, ligada a otros frigoríficos. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular.

Pero tres años más tarde los Lequio ya no figuraban. Según los trabajadores, primero se asociaron a unos inversores que, finalmente se quedaron con la mayoría del paquete accionario. En 2023 quien figura como presidente del directorio de Euro SA (que cambió su nombre de fantasía a Europlus Argentina) es Juan Pablo Jarvis. Los trabajadores mencionan, cuando se les pregunta quiénes son los propietarios, el apellido de un tal “Salimei”.

En los registros públicos ese nombre no aparece ligado a la tripería de Villa Gobernador Gálvez. El licenciado en administración de empresas Jarvis, en tanto, compartió al menos en 2017 la constitución de la sociedad LTF Cereales, creada en la provincia de Salta, con el ciudadano estadounidense Guillermo Nicolás Salimei. En esa sociedad también figura quien fuera directivo de Euro, Marcos Juan Casanegra.

 

Para viajar al exterior, Guillermo Salimei -quien también es titular de firmas en Estados Unidos- tiene que solicitar permiso judicial, porque está implicado en un caso de presunto lavado de activos en la causa caratulada "Megy, Héctor Carlos y otros s/infracción artículo 303 del Código Penal”, que tramita ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Caba.