Luego nueve días fueron liberados Sergio Juárez y Néstor Bautista, dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA), junto al comunicador Oscar Delgado y a Roberto Molina, hijo de un zafrero del Ingenio La Esperanza. Habían sido detenidos el miércoles 20 tras la represión a la protesta que hicieron cortando la ruta 34 en repudio a los casi 400 despidos y al retraso en el pago de haberes. “Agradecemos todo el apoyo porque esto es por todos, por la defensa de la democracia porque acá los derechos individuales y colectivos están siendo pisoteados, fuimos encarcelados por difundir un reclamo de los compañeros en la Red Nacional de Medios Alternativos”, dijo Delgado, que también es miembro del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédes (Capoma).

Sus familiares y compañeros habían acampado frente al penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador de Jujuy, e incluso pasaron allí la Navidad. En principio habían sido encarceladas 29 personas, entre ellas cuatro mujeres. Los cuatro detenidos que seguían presos fueron liberados ayer después del mediodía. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, los había calificado de delincuentes, y en una conferencia de prensa anunció la orden de captura de los dirigentes sindicales.

Los trabajadores fueron trasladados de madrugada, en condiciones inhumanas y siguiendo el circuito de sitios de detención de la dictadura, sin tener causas ni condenas y estando en condición de “demorados”, bajo las órdenes del despótico fiscal general Lello Sánchez.

Numerosas organizaciones y referentes de derechos humanos, abogados y organizaciones laboralistas, intelectuales, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles denunciaron estos atropellos en una declaración. “Morales dio un nuevo salto en el accionar impune de su régimen policíaco, mostrando que su saña racista y clasista no conoce de límites a la hora de amedrentar trabajadores que se oponen a sus caprichos de patrón de hacienda”, dijeron. “Ahora la pelea continúa por la anulación de todas las causas armadas contra los trabajadores y contra los 400 despidos impulsados por Gerardo Morales”, agregaron. El Estado provincial es el actual administrador del ingenio que estaría por ser adquirido, a precio vil, por un grupo extranjero especializado en la explotación de petróleo. PáginaI12 publicó el informe del docente de Ciencias Económicas Gastón Remy sobre las números reales de los balances del ingenio y las falacias difundidas por el gobernador sobre la inviabilidad de la empresa.

Durante los últimos dieciocho años, desde la quiebra, los zafreros y sus familias vienen resistiendo para mantener sus puestos de trabajo, pero los 338 despidos ordenados por el gobierno de Morales en diciembre abrieron una nueva etapa. El miércoles pasado cortaron la ruta 34 para rechazarlos y fueron reprimidos con ferocidad, hubo decenas de trabajadores heridos y casi 40 detenidos.