Una escena de agresión física brutal, registrada en video y viralizada en redes sociales, sacudió a la comunidad de Joaquín V. González, en el sudeste la provincia de Salta. En las imágenes se observa a un joven siendo golpeado a latigazos, en lo que se presenta como una forma de “justicia por mano propia”. El Centro Comunitario ALFA repudió estos hechos, presentó una denuncia penal y advirtió sobre “un clima cada vez más asfixiante de violencia y desprecio del prójimo”.

En las imágenes, que circularon con rapidez y generaron una ola de comentarios celebratorios, se observa a un joven amarrado, tendido en el suelo, mientras recibe latigazos y patadas por parte de un hombre que, según versiones locales, sería el dueño de una motocicleta que el joven habría intentado robar. Los golpes son prolongados y explícitos, mientras el agredido grita de dolor y pide que se detenga.

El abogado Álvaro Arías, responsable del Centro Comunitario ALFA (Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica) y presidente de la Fundación Proyectar, formalizó una denuncia este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal y difundió un comunicado en repudio a los hechos de violencia cometidos en Joaquín V. González, y especialmente ante su viralización en redes sociales, donde se celebró la agresión con comentarios cargados de odio. 

"Numerosos y nauseabundos comentarios rodean el video, donde se celebra la humillación y la tortura”, advierte el Centro Comunitario. 

La agresión es delito 

"Mientras festejan que se castigue por mano propia al delincuente y le desean cosas peores, parecen no ver que mientras al joven es pasible de ser responsabilizado por el delito de robo en grado de tentativa, el vecino que lo golpea encarnizadamente puede ser responsabilizado de, por lo menos, tres delitos: lesiones graves o leves (según la entidad del daño que se haya producido y los días de incapacidad laboral que resulten); privación ilegitima de la libertad y apología del crimen", indicó ALFA. "¿Cuál de los dos cometió más delitos en este episodio? ¿Quién de los dos cometió los delitos mas graves?", cuestionó.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscala María Celeste García Pisacic investiga "denuncias cruzadas". Indicó que el hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes en el barrio Loteo Mario Gerez. 

La fiscalía informó que un vecino denunció haber sorprendido a un joven en su propiedad con aparentes fines delictivos, y lo retuvo hasta la llegada de la policía. El sospechoso, de 19 años, fue imputado provisionalmente por tentativa de robo. Sin embargo, el mismo joven denunció que el supuesto damnificado lo golpeó con un objeto trenzado, provocándole lesiones, y negó haber intentado robar. 

En el video viralizado se observa la agresión del hombre al joven. García Pisacic indicó que el joven agredido fue examinado por un médico y que se están cumpliendo todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido.

"No faltará quien nos acuse de salir a defender al 'delincuente' pero a ellos les decimos que todo fomento y exaltación de la violencia y la humillación (no importa contra quien se ejerza) nos hace cada vez mas parecidos a aquello que nos repugna, nos hace naturalizar la violencia, la venganza y el desprecio por el otro, nos vuelve mas tontos (ya que empezamos a manejarnos a través de prejuicios e instintos) y nos envuelve en un espiral de violencia", expresó ALFA.

Asimismo, señaló que este tipo de actos, lejos de disuadir el delito, lo reproducen en nuevas formas: "¿Cuándo ese tipo de actos degradantes del ser humano sirvieron para disuadir el delito? ¿No vemos que ello genera la posibilidad de revanchas y más odio y que esas escaladas suelen terminar de la peor manera?".

"Los derechos humanos que hoy tenemos costaron sangre y no están para amparar al delincuente, sino a todos los ciudadanos. Por eso tengamos cuidado de celebrar la violencia y tortura del 'indeseable', porque no sabemos cómo eso puede desencadenar en violencia y crueldad hacia nosotros mismos o hacia nuestros seres queridos en algún momento", alertó el colectivo ALFA.

El impacto de videos sobre violencia 

En ese sentido, también alertó sobre el impacto subjetivo que puede tener la difusión de estas imágenes: "Quizás un adolescente que ve el video en cuestión piensa que se hizo justicia porque un ladrón recibió su merecido, pero puede que otro, que ve el mismo video, reaccione de otra manera e incorpore la idea de que en situaciones extremas la crueldad puede ser la mejor o la única solución".

"No sabemos lo que este tipo de cosas pueden generar, pero sí sabemos que vivimos en un clima cada vez mas asfixiante de violencia y desprecio del prójimo", manifestó ALFA. En ese sentido, resaltó el triple femicidio en Florencio Varela y señaló que esta organización también interviene en el proceso judicial por el último femicidio en Cafayate mientras que en la Capital salteña otra víctima lucha por su vida tras haber sido agredida por su expareja.

Como parte de su intervención institucional, ALFA informó que hizo una denuncia penal para que se investigue no solo la agresión registrada en el video, sino también su filmación y difusión masiva. 

La organización exige que se tomen medidas concretas para frenar la circulación de contenidos que promueven la violencia y que se garantice el respeto por los derechos fundamentales, incluso en contextos de delito.

El problema no se agota en la escena del video. Joaquín V. González, como muchas localidades del interior salteño, atraviesa una situación estructural crítica. El avance de redes de narcotráfico, la comercialización de estupefacientes, el consumo problemático entre adolescentes y jóvenes, y la ausencia de políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento configuran un escenario de abandono institucional. 

A ello se suma la pobreza persistente, la exclusión social y la falta de propuestas que ofrezcan otras expectativas de vida para la juventud, que queda atrapada entre el estigma, la precariedad y la criminalización.

En este contexto, los delitos contra la propiedad son frecuentes, y la ineficiencia del sistema de seguridad y justicia se hace evidente. La impresión es que en lugar de investigar y desmantelar las estructuras criminales o garantizar protección comunitaria, concentra sus recursos en perseguir al eslabón más débil de la cadena: jóvenes empobrecidos, con consumos problemáticos o en situación de calle.