En Argentina, una de cada dos mujeres sufrió violencia doméstica en algún momento de su vida y en el 2024 tuvimos un femicidio cada 36 horas. Frente a esta realidad, contar con la Línea 144 no es un lujo: es una necesidad vital.
La línea funciona de manera gratuita las 24 horas, todos los días, en todo el país, ofreciendo orientación, acompañamiento y seguimiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Muchas veces, esa llamada es la diferencia entre seguir atrapada en un círculo de violencia o dar un primer paso hacia una vida mejor. Es la diferencia entre quedarse atrapada en el miedo o encontrar una salida. Eso es la Línea 144. Una voz del otro lado del teléfono que no te va a dejar sola.
Sin embargo, hoy la Línea 144 está en riesgo. Y eso nos pone en riesgo a todas.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), publicamos ¿Libradas a su suerte?, un trabajo de monitoreo del estado de las políticas y programas destinados a prevenir y atender la violencia de género. Lo que encontramos al observar las condiciones de la Línea 144 es alarmante: entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, la planta de trabajadoras de la línea se redujo un 41%, y desde 2025, por primera vez en años, el Estado no tiene un presupuesto específico asignado a su funcionamiento. Esto significa menos recursos y profesionales disponibles para atender llamadas, más demoras, más dificultades para hacer seguimientos y, en definitiva, menos respuestas para quienes más lo necesitan cuando más lo necesitan. También se eliminó el servicio de videollamada destinado a la atención de personas hipoacúsicas, vulnerando los derechos básicos de quienes ya enfrentan múltiples barreras para pedir ayuda.
Mientras tanto, en el debate público se repiten frases como “la violencia de género no existe” o “las mujeres inventan denuncias para perjudicar a los varones”. Sin embargo, la evidencia apunta en otra dirección. ¿Qué nos muestran los datos? En nuestro país, solo el 3% de todas las denuncias que se realizan se comprueba que son falsas, y la mayoría corresponde a denuncias por delitos económicos, no a hechos de violencia de género. Otro dato que parecen ignorar quienes promueven estos proyectos es que Argentina ya penaliza las falsas denuncias. ¿Entonces, qué es lo que buscan? Aumentar las penas únicamente en los casos donde las denuncias falsas se correspondan a hechos de violencia de género.
Lejos de ser denunciadoras seriales, solo 2 de cada 10 mujeres que viven violencia llegan a denunciar. Nos quieren hacer creer que hay una avalancha de denuncias falsas pero lo que hay es una enorme cantidad de mujeres que callan por miedo, por vergüenza o por falta de confianza en el sistema.
Los proyectos que buscan aumentar las penas por supuestas falsas denuncias no aportan soluciones. Necesitamos fortalecer la justicia, promover que trabaje de manera más eficiente y reparadora para las víctimas, lo que se promueve es una mayor confusión entre qué dispositivos de atención siguen funcionando, cuáles son las alternativas que una víctima tiene, a dónde puede ir a pedir ayuda. Porque negar el problema nunca ha significado que ese problema deje de existir. Muy por el contrario.
Violencia machista: un problema colectivo
Vamos a encontrar mejores soluciones si comprendemos que la violencia contra las mujeres y las diversidades no es un asunto privado, sino un problema colectivo. No volvamos a aquellos años donde lo normal era callar y ocultar. Nadie quiere enterarse de que su vecina, su compañera de trabajo o una amiga perdió la vida porque no tuvo dónde pedir ayuda. La violencia nos duele a todos. Y nos necesitamos unos a otros —Estado, organizaciones, medios, empresas, ciudadanía— para enfrentar este problema.
La Línea 144 es parte de esa construcción. Es un puente entre el silencio y la posibilidad de salir de la violencia. El 17 de septiembre, la línea cumplió 12 años. En ese tiempo, atendió más de 1 millón de llamadas. Defender la Línea 144 es defender la vida, la dignidad y los derechos de miles de personas.
Hoy la línea sigue funcionando, con el esfuerzo y compromiso de sus trabajadoras. Se necesita contar con recursos adecuados para sostenerla, fortalecerla y que pueda seguir alcanzando a más y más personas. Porque cada llamada atendida puede ser el comienzo de una historia distinta.
A pocas horas de cerrar esta nota comenzó a circular en todos los medios y redes sociales la noticia del brutal femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. Circulan hipótesis vinculadas a un contexto de narcocriminalidad y comunicadores que se preguntan si eran o no trabajadoras sexuales. Frente a eso, muchas personas preocupadas porque no se revictimice a las jóvenes -como tantas veces sucede- responden con un “no importa”, porque “no hay víctimas buenas o malas”.
Nuestra vida no vale más o menos según nuestro trabajo o circunstancias, hace muchos años dijimos basta de juzgarnos por el largo de nuestra pollera. Pero justamente por eso, para salir del prejuicio y ponerle a cada cosa su nombre, digo que sí importa quiénes eran Brenda, Morena y Lara. Porque importa tanto visibilizar que la violencia existe y que no debe ser tolerada, como poner de manifiesto que esa violencia golpea más fuerte cuando la pobreza y la exclusión marcan la vida cotidiana. Importa reconocer que la violencia del narco impacta especialmente entre quienes viven en las zonas más pobres, por lo tanto, mucho más desprotegidas por las instituciones del Estado. Importa que vivamos en un país cada vez más desigual.
Habrá que esperar lo que digan las investigaciones y la Justicia sobre qué sucedió. Pero hay algo que ya sabemos: la precariedad económica, los discursos de odio que buscan desacreditar a las mujeres y diversidades, y el desmantelamiento de recursos públicos como la Línea 144 y otros programas de protección, crean un terreno fértil para que hechos como éste sigan ocurriendo.
*Especialista en violencias e integrante del área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
