El ex diputado provincial por el departamento San Martín, Luis Gerónimo Cisneros, tres choferes, el encargado de un depósito y un asesor legal fueron detenidos el 23 de septiembre en el marco de una investigación penal que lleva adelante la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.

La audiencia de formalización se hizo el viernes último, ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien hizo lugar a la imputación por los delitos de contrabando agravado por el número de intervinientes y el monto elevado de las operaciones.

Además, y también a pedido dea fiscalía, la jueza dispuso la prisión preventiva del legislador y otros cuatro co imputados y autorizó una serie de pericias.

Asimismo, se ordenó la captura nacional e internacional de Pablo Arequipa, señalado como socio de Gerónimo Cisneros en las maniobras ilícitas.

Al presentar el caso, la fiscal Orsetti detalló que esta investigación se inició el año pasado a partir de informes internos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que daban cuenta de numerosas operaciones comerciales de transporte de granos con documentación apócrifa que tenían como común denominador una empresa propiedad de Gerónimo Cisneros.

A partir de estos reportes y de tareas de campo e inteligencia, se pudo establecer que la firma había transportado más de 15 millones de kilos de granos, en su mayoría a un depósito ubicado en Salvador Mazza, cuya parte posterior desemboca en territorio boliviano.

A su vez, se determinó una relación estrecha del ex diputado provincial con Arequipa, que se encuentra prófugo, en al menos 11 actuaciones que se tramitan en la fiscalía de Tartagal por hechos irregulares vinculados al transporte de granos.

En la investigación se identifico el depósito en cuestión y otros inmuebles desde donde se realizaban el contrabando. Así se llegó a los allanamientos concretados el martes último con intervención de personal de Gendarmería Nacional.

En esos procedimiento se detuvo a las seis personas ahora imputadas, y se secuestraron evidencias, entre ellas teléfonos celulares y documentos comerciales.

También se secuestró gran cantidad de mercadería de los galpones, que está sujeta a valuacion, indicó el Ministerio Público Fiscal federal, que adelantó una primera valoración: el grano secuestrado tendría un valor de unos 70 millones de pesos.