El gobierno nacional “pretende que no se investigue a muchos de sus actuales socios, incluida la familia presidencial, beneficiada por el plan económico de hambre, exclusión y deuda externa de Martínez de Hoz”, denunció la Agrupación Hijos, que culminó el 2017 con una acción de amparo presentada ante la Justicia para obligar a las autoridades oficialistas en el Congreso a poner en marcha la Comisión bicameral que tiene por tarea investigar las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar. El organismo legislativo se creó a fines de 2015, pero nunca funcionó.

La medida judicial fue presentada por el organismo de derechos humanos luego de la falta de respuesta de parte de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y de su par en Diputados, Emilio Monzó, al reclamo de HIJOS para que pongan en funcionamiento la Comisión Bicameral de Identificación de complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar.

La iniciativa, que fue aprobada en noviembre de 2015, fue promovida con el objetivo de investigar la participación civil en el terrorismo de Estado. “Hemos insistido a través de distintas notas –enviadas a las autoridades legislativas– durante este tiempo para que comenzara a funcionar la comisión, pero hasta hoy no hemos recibido respuesta alguna y sigue inactiva”, advirtieron desde Hijos.

El diputado de mandato cumplido Héctor Recalde, quien hasta hace algunas semanas fue presidente del bloque del Frente Para la Victoria, fue el creador del proyecto de ley que buscó, desde 2014, crear en el interior del Poder Legislativo una comisión que investigue a empresas y empresarios que no solo se beneficiaron con medidas y delitos de los responsables del terrorismo de Estado, sino a los que hicieron negocios con ellos. El proyecto ingresó por la Cámara baja y entre octubre y noviembre de aquel año contó con dictámenes favorables de las comisiones por las que debió ser evaluado. Tardó un año más, no obstante, en ser debatido en recinto. En octubre de 2015 fue aprobado en la Cámara Baja en una votación en la que los representantes del bloque PRO se abstuvieron. Un mes después pasó con éxito por el Senado. El 2 de diciembre, días antes de delegar la Presidencia en manos de Mauricio Macri, CFK promulgó la ley. No obstante, la Comisión nunca fue puesta en marcha. 

“El avance que significó la sanción de la Ley para conformar la Comisión es frenado desde hace más de dos años, en un contexto en el que el negacionismo es política de Estado, donde las áreas que deben sostener políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia son vaciadas y hay despidos, y mientras se producen retrocesos en el Poder Judicial con respecto a la condena del accionar civil en el terrorismo de Estado”, denunciaron desde Hijos. 

El organismo de derechos humanos señaló que la demora, además, “desconoce lo pronunciado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, que lamentó  los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que la Comisión no haya sido implementada hasta el momento”.