El titular de la AFIP, Alberto Abad, expuso ayer ante la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en el inicio del debate por la reforma del impuesto a las Ganancias, en donde volvió a defender el proyecto oficial y culpar al de la oposición de desfinanciar al Estado nacional y a las provincias. El funcionario sostuvo que la iniciativa del Gobierno, la cual fue rechazada en Diputados y reemplazada por una consensuada por casi toda la oposición, contempla un costo fiscal de 49.500 millones de pesos en 2017. En tanto, el proyecto delineado por el Frente para la Victoria, el massismo y el Bloque Justicialista implica, según el funcionario, un costo bruto de 132.541 millones de pesos. Abad aclaró que el impacto neto de la propuesta de la oposición, que logra excluir del impuesto a dos millones de trabajadores y jubilados, será de 93.473 millones de pesos por la compensación de los nuevos impuestos creados.

El diputado Axel Kicillof (FpV), uno de los artífices de la propuesta que se impuso en la Cámara baja, envió al presidente de Diputados, Emilio Monzó, una enmienda en la que se aclara que como resultado del aumento de las deducciones para la escalas salariales de entre 55.000 y 95.000 pesos mensuales se generará un costo fiscal más cercano a los 140.000 millones de pesos, de los cuales unos 40.000 pesos estarían compensados con la creación de impuestos, las menores deducciones a las que accederán las escalas más altas y la compensación por los ingresos provenientes del consumo por el IVA.

Según había explicado el ex ministro a este diario, el grueso de la compensación proviene del esquema progresivo de las deducciones, donde los que cobran menos puedan descontar más, y viceversa. Esto implica un ingreso al fisco de unos 20.000 millones de pesos. A esto se suma lo que se prevé de recupero por IVA al consumo, a partir de que la mayor disponibilidad de ingresos (lo que no se tribute) se vuelque a demanda interna. Algunas proyecciones dan cuenta de que por cada peso que no se cobre en Ganancias se destinaría 65 centavos al consumo. De esta manera calculan un ingreso por IVA y otros impuestos de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos adicionales.

El Gobierno que se preocupa por el impacto fiscal de reducir Ganancias a los trabajadores empezó su gestión resignando recursos con la eliminación de retenciones a agroexportadores, mineras e industriales y continuó con la condonación de deudas a empresas energéticas. Sin embargo, al momento de discutir una mejora en el impuesto a las Ganancias para los trabajadores, una propuesta de campaña de Cambiemos, el oficialismo se focalizó en mostrar un supuesto daño a los recursos de las provincias. Abad inició la exposición, tal como hicieron otros funcionarios sobre este tema, diciendo que “en lo que va del año se aplicaron medidas con relación a este impuesto que implicaron un costo de 56.960 millones de pesos”.

El titular de la AFIP sostuvo que el costo del proyecto de la oposición redondea los 132.500 millones de pesos al año, suma que con los recuperos por nuevos impuestos y por el consumo que generará la liberación de fondos se reduciría a 91.273 millones. El recaudador insistió en que la diferencia respecto de los 27 mil millones de pesos que prevé el Presupuesto 2017 para atender el problema de Ganancias, el proyecto del oficialismo hubiese sido de 18 por ciento (5018 millones de pesos), mientras que el bache del que tiene media sanción, tras el arreglo de Kicillof, se amplía a 66.743 millones, es decir 246 por ciento por encima de la suma que aprobara hace 14 días el Congreso para el año que viene. 

Abad hizo mención también a que el impuesto sobre el dólar futuro, que la AFIP calculó en 6837 millones de pesos, sólo se recaudará durante 2017. En el caso del impuesto al juego, se prevé recaudar 8969 millones con el proyecto oficial, mientras que con lo aprobado en la media sanción sólo se obtendrían 557 millones de pesos al año. De esta manera, Abad recalcó que las recaudaciones con los nuevos impuestos sólo se recuperarían 17.000 millones de pesos. En cambio, el proyecto oficial tenía un costo de 50.000 millones, de los cuales casi 9000 millones provendrían del impuesto al juego.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, aseguró que el proyecto del Ejecutivo “sí cumple con el principio de la progresividad”, mientras que la iniciativa de la oposición sólo lo hace en una parte, a pesar de que alcanza a muchos menos trabajadores y jubilados. La funcionaria insistió en que el proyecto con media sanción generaría “falta de certezas” en el sistema tributario.