Luego de varios días de hostigamiento en redes, tortura psicológica y doxxeo (exposición de datos personales), los activistas Julio Talavera y Cristian Pizzutti vieron esta semana que lo que pensaban que quedaría en la virtualidad había escalado al borde de consecuencias trágicas, cuando a las 00:30hs del miércoles dos hombres de unos cuarenta años bajaron de una camioneta blanca en el trabajo de Julio, una comunidad terapéutica enfocada en consumos problemáticos, preguntaron por él y al ver que no estaba se fueron insultando y agrediendo a su compañera que cubría el turno de noche. Minutos después, cerca de la 1:30hs, un vehículo de igual características rondaba la casa de Cristian. Éste recibió por Whatsapp una foto efímera con un arma apuntando a una de las casas de su calle.
Se asume que las personas que perpetuaron el hostigamiento son simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA), particularmente miembros o afines a Las Fuerzas del Cielo, esa organización que los propios llamaron “el brazo armado de Milei”, debido a que este hecho no es más que el desenlace de una desproporcionada secuencia que comenzó el sábado 4 de octubre luego de un cruce entre los activistas y miembros de dichas organizaciones políticas en el Marco de la III Marcha del Orgullo de San Miguel y fogoneada por cuentas libertarias.
Según relatan los protagonistas, dicha marcha —que no fue tal, ya que el Municipio les negó marchar alegando que perjudicaba a los comerciantes de la zona— tuvo unos 300 concurrentes y se estaba realizando de manera pacífica. Mientras transcurría la jornada, vieron que militantes de LLA fingían entrevistar a personas trans para luego reírse y provocarles con gestos obscenos. También, con impostada cordialidad, invitaron a muches a retirarse argumentando que no eran bienvenidos, que confundían a las personas o que había menores. Muches terminaron retirándose de ese espacio que ya no sentían seguro. Los militantes estaban en un stand del partido como también lo estaban en otra zona otros de Fuerza Patria, paisaje natural en época de elecciones.
Fue Talavera quien en una primera instancia les pidió que cesen las provocaciones y advirtió a quienes organizaban el evento. Luego Cristian les pidió hacerles una entrevista pidiéndoles tres razones para votar a su fuerza política. Según relata: “Con Julio nos fuimos a comprar unas gaseosas y vimos que nos hacían gestos obscenos (se llevaban las manos a la entrepierna y murmuraban cosas). Julio se quedó pidiendo las hamburguesas y yo empecé a hacer ese video que está en mis redes. Los demás que estaban acompañando al chico que grabo siguen con los gestos y era inevitable que se coman una puteada, que es el video de Julio que se viralizó. No pasó ni una hora antes de que empiece el doxxeo”.
“Mandaron todo a grupos de Telegram y empiezan a subir la información a redes. El primero que lo sube es @El_pubertario, que es la cuenta que Agustín Romo (Diputado Provincial de LLA) comparte. Tengo capturas donde Brian Velázquez, a quien entrevisté, llama ‘su referente’”. Publican sus números de teléfono y piden que los “hagan mierda”.
Efectivamente, se ve en las redes del libertario la saña con la que hostigan a Julio, en particular, y la confesión de quien está detrás de la cuenta del doxxeo, un proceder característico de la ultraderecha internacional que genera vacíos legales en todo el mundo. Su número de teléfono, sus redes, su dirección, su lugar de trabajo, nombres de familiares, estado serológico y otras cuestiones fueron exhibidas con la orden de atacar a los activistas. Se los acusó de ‘pedofilia’, ‘terrorismo’, ‘robo’, ‘estafa al Estado’.
En los días posteriores, recibieron amenazas de muerte, fotos de lugares donde son habituales, direcciones a las que concurren como sus trabajos o el lugar donde entrenan. “También llamadas telefónicas, que tengo más de 200. Comentarios y menciones en redes, cientos. Recibí fotos con armas, una persona me envió una foto efímera con un arma apuntando a una casa de mi barrio (Cristian había sacado la numeración de su casa para que no la encuentren). No es una foto de Google Maps porque ahí está desactualizado, por suerte", cuenta Pizzutti. Talavera dice que lo que les parece más preocupante es que sepan dónde viven, dónde trabajan, “que te vayan a buscar”. “El doxxeo sigue pasando. Tengo mínimo 30 amenazas de muerte. Me llaman empresas de viaje a ofrecer vuelos a Israel porque usaron mis datos para consultar reservas", así relata parte de lo que vivió estos días y la preocupación por la integridad física de ambos y de sus familiares y personas cercanas Julio Talavera.
La parte de la discusión ocurrida el fin de semana pasado que distintas cuentas libertarias particulares -incluso de funcionarios- y la La Derecha Diario suben es cuando Julio, desiste de la conversación cordial cuando los militantes de Las Fuerzas del Cielo insisten con las burlas y las obscenidades. La primera parte de la conversación está disponible en las redes de Pizzutti.
“Escucho los argumentos falaces que le daban y le decían que estábamos adoctrinando y confundiendo a los jóvenes —relata Julio—. Toda esa explicación subió de tono y empecé a increparlos fuertemente, a decirles que se retiren, que estaban militando un partido que niega el genocidio en Argentina y en Palestina, que hambrea a los jubilados. Ya ahí no estaba dispuesto a escuchar. Sí, grité. Pero revindico mi derecho al hartazgo, a estar enojado con gente que va a molestar a una marcha del Orgullo y que tenés en frente a toda la población a la que le estás quitando derechos; en un conurbano donde las medicaciones (antirretrovirales) que dependen del programa nacional no llegan y fue recortado en más de una 70 por ciento".
La Justicia, esa cosa ciega
Las víctimas presentaron una denuncia junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y otras organizaciones sociales que les acercaron asesoramiento jurídico. Muchas figuras públicas como Myriam Bregman o Esteban Paulón se solidarizaron y tienen entendido que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires va a presentar un pedido de repudio desde la Comisión de Género, exigiendo a Agustín Romo (que en su posteo usa palabras homo-transodiantes) que dé una respuesta.
María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de la Defensoría del Pueblo CABA, asegura que la figura del doxxeo u hostigamiento en redes depende de la interpretación de cada distrito, pero que en este caso, donde hay amenazas reales, no hay libre interpretación. La amenaza de muerte es un delito penal, más allá del medio por el que se realice.
La denuncia abarca las figuras de amenazas simples y calificadas, instigación a cometer delitos e incitación al odio o a la violencia, difusión ilícita de datos personales, el agravante por motivación discriminatoria y la perturbación del orden público. Además, el diputado provincial Agustín Romo sería acusado de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), al utilizar su investidura para promover hostigamientos y discursos de odio hacia un grupo social protegido por normas nacionales e internacionales.
La denuncia se presentó en la Fiscalía 24 de San Miguel. Desde la Comisión Nacional de la Memoria les asesoraron que se tienen que radicar en varias fiscalías, porque pasó también José C. Paz y otro partido donde trabaja Julio (que pidió se resguarde la información de la institución). Cuando radicaron la denuncia en José C. Paz recibieron como respuesta ante el pedido de protección que “el Juzgado de Paz solo interviene -de ese modo- por situaciones de violencia de género o familia”. Así fue cómo se enteraron de que en José C. Paz no hay lugar donde puedan aplicarse dispositivos de seguridad frente a las situaciones de amenazas y "visitas" como las que vivieron.
En este sentido, Cristian reclama que en estos casos “no hay investigación informática, no se sabe quiénes están detrás del teclado, no se investigan a nombre de quién están los números de teléfono desde donde se mandan las amenazas pero cuando yo pongo el número en Mercado Pago ya sé quiénes son. ¿Cómo una fiscalía no va a saber hacer eso? Es una burla”.
Ambos aseguran tener miedo ante lo ocurrido, tanto por ellos como por las personas cercanas. “Es gravísimo que se institucionalice la violencia, ¿si no es terrorismo de Estado qué carajo es esto? —dice Pizzutti— No puedo dejar de salir a la calle, hay gente que me pide ayuda, que me piden que los acompañe a hacer sus testeos, también trabajo con adicciones en un centro de salud mental. Mi vida tiene que continuar…".
Talavera y Pizzutti piden que se disponga la inmediata investigación de los hechos y se ordene la preservación, resguardo y peritaje de las publicaciones, perfiles y contenidos digitales vinculados a los hechos. Además, que se les otorgue protección y acompañamiento conforme a la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Rachid pondera que este último depende mucho del juzgado donde radique la causa. “Hemos tenido que ayudar a un compañero a mudarse de casa por un juez que no hizo nada ante amenazas y denuncias concretas”, dice.
