El plan de ajuste del gobierno de Cambiemos también alcanzará a las Fuerzas Armadas. Una resolución del Ministerio de Defensa de fines del año pasado convoca a la conformación de un “Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar” para elaborar un proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para modificar la Ley 19.101 del personal militar. Entre los objetivos centrales de la iniciativa figuran “redistribuir bases, unificar organismos y prever el retiro obligatorio de personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos”, además de “crear un solo decreto reglamentario común para las tres fuerzas” que elimina las particularidades que hasta ahora ostentan cada una de ellas.

La desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo y aún sin dilucidar tras más de un mes y medio de su último contacto, retrasó el objetivo central del Gobierno en el área de Defensa: el ajuste en las Fuerzas Armadas. “Si no se optimizan los recursos, no habrá capacidad operativa, ya que más del 80 por ciento del presupuesto militar se destina actualmente a pagar sueldos y gastos operacionales”, afirmó el diputado macrista Gastón Roma, que deja en claro por dónde pasará la “optimización” militar del Gobierno.

Para el legislador fueguino que integra la comisión de Defensa de la Cámara baja la reforma es “indispensable” y “el objetivo es equilibrar y optimizar los fondos para generar capacidad operativa genuina en el corto y mediano plazo”.

Roma sostiene que para “generar cambios de fondo en la estructura militar”, “hay que redistribuir bases, unificar organismos y prever el retiro obligatorio de personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos”.

De acuerdo a la resolución que lleva la firma del ministro radical Oscar Aguad, el grupo de trabajo estará integrado por “personal militar de las tres FF. AA. y personal civil especialmente convocado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa”, que tendrá un plazo de 30 días corridos para elaborar “un listado tentativo de capítulos y títulos constitutivos de la norma a elaborar”. Aunque habrá un plazo de 9 meses para redactar el proyecto final que el Gobierno enviará al Congreso.

Los incisos del artículo segundo de la resolución marcan los lineamientos generales que desea el Gobierno. Entre ellos, que “deberá contemplar el ciclo de vida completo del personal”; que “el plan de carrera se sustentará en la premisa de que la razón de ser de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto de su personal, radica en la misión y las funciones enunciadas en la Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional” y “considerar que las actividades no operativas no relacionadas clara y directamente con la misión y funciones antes señaladas serán cubiertas prioritariamente con personal civil”. 

Pero que fundamentalmente “deberá conducir a la optimización de los recursos sin condicionantes de ninguna índole, clarificando los derechos y deberes del personal” y dar lugar “a un solo decreto reglamentario, común para las tres FF. AA.”

Entre sus fundamentos, la resolución rubricada por el ministro Aguad argumenta que “la existencia de reglamentación para cada fuerza y la introducción a lo largo del tiempo de múltiples modificaciones al régimen legal vigente dificulta la interpretación precisa de la ley” y que “el alto grado de litigiosidad que enfrenta el Estado Nacional se debe entre otras causas a la falta de actualización de la ley 19.101”, por lo tanto “constituye un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la reconversión del sistema de Defensa Nacional”.