Cuando están por cumplirse dos años desde el inicio del juicio en la causa conocida como el Villazo, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución; la semana que viene el debate entra en la recta final y se espera que el tribunal ponga fecha para el veredicto. Este lunes será la audiencia de réplicas y dúplicas a los alegatos que comenzaron en mayo, y aunque podría haber un encuentro más, luego restará el momento de conocer la sentencia. Organizaciones que acompañan a víctimas y familiares se reunirán en una jornada "de aguante", este lunes, a las 10, en las puertas de los Tribunales Federales de calle Oroño al 900.
"Esperamos una fecha de sentencia a la brevedad", sostuvo la abogada del equipo jurídico querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Julia Giordano. Al respecto, lo que se plantea es que por la edad de los imputados y también de las víctimas, se corre riesgo en relación a una "impunidad biológica", de que "ni el tribunal se pueda manifestar respecto a la responsabilidad de los imputados, ni que las víctimas puedan escuchar de parte del tribunal la valoración que se hizo de todo lo que ellas mismas vivieron" y declararon en juicio.
A modo de repaso, la letrada sostuvo que "durante el período de prueba pudimos probar todos y cada uno de los hechos por los que hemos acusado, y la responsabilidad de todas las personas involucradas, el rol de las fuerzas de seguridad, del estado, de la burocracia sindical y de Acindar. Más allá de que el derecho penal no pueda condenar instituciones, sí de las personas que formaron parte de ellas con un rol que implicó la comisión de hechos ilícitos. Entendemos que las pruebas producidas fueron claras y contundentes respecto a que los hechos ocurrieron tal como las víctimas los relataron y que los responsables son quienes están sentados en el banquillo, aunque también otros que murieron sin la posibilidad de ser juzgados".
La causa tiene como acusados a policías federales y uno de la guardia rural, mientras que se juzga por primera vez en la provincia a civiles, en el caso de los ex jerárquicos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo (a quienes alcanza el pedido de prisión perpetua), en el marco de la acusación por responsabilidad empresaria.
Los que se juzgan son ocho casos de homicidio agravado, y diferentes hechos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita, que tuvieron como víctimas tanto a trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como a militantes políticos y simpatizantes de la lista Marrón de esa organización sindical, que poco tiempo antes había ganado las elecciones y ocupaba su conducción.
Durante los alegatos de cierre, a mediados de año, Fiscalía hizo pedidos de penas de prisión perpetua para los dos exdirectivos de Acindar; y otras que van de 10 a 25 años de prisión, para policías federales y de la guardia rural, por 67 casos. En tanto, la querella del equipo jurídico de APDH también hizo pedidos de dos condenas a prisión perpetua y otras de entre 16, 22 y 25 años de prisión.
Como indicó la acusación fiscal al inicio del debate, los hechos represivos que se juzgan fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo". Los secuestros sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio de ese año. Las privaciones de la libertad se prolongaron por meses o años, según cada caso. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.
El requerimiento agrega que en aquel momento “se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo".
