El día de la madre, C., su hija de 12 años, le dijo: “Te tengo que pedir perdón, voy a hacer una fiesta por mi comunión, pero dice papá que vos no podés ir”. Jimena Soledad García Correa caminaba por la costanera y recibió ese golpe, uno más. Lo cuenta y las lágrimas empiezan a caer de sus ojos enormes. Hace tres años se separó de un abogado penalista de la ciudad, en medio de una profunda depresión tras sufrir años de violencia psicológica, ambiental y económica. Es kinesióloga, dejó de trabajar para cuidar a sus dos hijes, hoy de doce y nueve años. Estuvo en pareja con el agresor durante 13 años.

Jimena habla como si hicieran falta más pruebas del infierno que vive. No es casual: el Ministerio Público de la Acusación le negó cuatro veces una medida cautelar que la Ley 26.485 ordena dictar de inmediato.  

Un antecedente preocupante para cualquier víctima: desde la Fiscalía le respondieron que “su denuncia fue evaluada por el fiscal hoy de mañana y se le informó que no hay hechos que ameriten solicitar medida”. 

Tuvo que intervenir la defensora civil Carolina Andrea Pangia para que el fiscal Facundo Paschetto dictara un cese de hostigamiento, aunque no la prohibición de acercamiento.

Abogadas patrocinantes de víctimas de violencia de género consideran que se trata de una actuación “preocupante”.

Denigración constante

“No sabés lo que hacen tus hijos, inútil, inservible de mierda, que no hiciste nada en toda tu vida, no servís para nada”, es parte de uno de los mensajes que el agresor le mandó en los últimos años.

La mujer relató en un escrito destinado a la justicia de familia: “Desde que nos separamos, se intensificó la violencia psicológica hacia mí con un fin determinado: todas sus acciones son enderezadas a suprimirme de la vida de mis hijos, desaparecer la figura materna o, de mínima, que no la ejerza yo”.

Jimena estuvo internada en una clínica psiquiátrica por una profunda depresión. Ya la superó. En ese momento estaba sin trabajo; hoy se las arregla con changas, mientras busca un trabajo estable.

“A ello debe sumarse la violencia económica que he padecido y persiste en la actualidad”, dice el escrito presentado ante la justicia de familia. 

Cuando estaban casados, cada vez que Jimena necesitaba dinero, su ex la acusaba de ladrona, y se lo decía a sus hijos. Cualquier gasto era cuestionado como un "robo". 

Sin ingresos, la mujer no tenía posibilidades de cubrir las necesidades propias ni las de sus hijos.

Hubo otras violencias económicas: “En pleno desarrollo del tratamiento terapéutico que me encontraba realizando, él dio de baja mi cobertura de obra social”, detalla la presentación judicial.

En ese momento de vulnerabilidad, su expareja la hizo firmar un documento en el que renunció a cualquier reclamo por los bienes, y le impuso condiciones, como también un corto plazo para vivir en el departamento donde convivían y donde ahora vive ella.

Sin medios, no pudo pagar la energía eléctrica, pero él se negó a concurrir a la EPE para formalizar un plan de pagos que ella afrontaría. Se prolongó el tiempo sin suministro por meses, y ella debió conseguir una suma importante para restablecer el servicio y poder recibir a sus hijos en su casa. 

El estigma de la "loca"

Jimena quiere justicia, necesita que la escuchen y le crean. Él la desacredita y estigmatiza permanentemente por haber sufrido una dolencia de salud mental. Y usa ese argumento para intentar que se deteriore la relación con sus hijes. 

“No te confundas. Vos estás desequilibrada mentalmente, pero a mí no me interesa ‘hacerte pasar’ por loca. De vos solamente me interesa que pagues las cosas que me hiciste a mí y a mis hijos”, le escribe en otro mensaje.

Hay más comunicaciones denigrantes. En otro WhatsApp, el agresor dice: “El teléfono verde (N de la R: el número gratuito para víctimas de violencia de género de la Municipalidad de Rosario), todas esas idioteces son solamente mentiras, propias de una persona que lamentablemente está desequilibrada. Gracias a Dios no hay mucha gente que te siga el juego”.

En la presentación firmada por Pangia se consigna que Jimena estuvo “en tratamiento psiquiátrico y psicológico a raíz de las violencias sufridas, generando una estigmatización” del agresor por el problema de salud mental atravesado.

En cada comunicación, el exmarido deja en claro que él tiene influencia en el Poder Judicial, además de manejar la situación: “Y te aviso, para que estés al tanto, de que te va a llegar la cédula del juzgado. Fallaron a mi favor y me dieron el cuidado de los nenes”, le dice en otro mensaje.

Jimena ve a sus hijos tres veces por semana, siempre a expensas de los horarios y las formas que determina su expareja.

Por eso, desde la Defensoría Civil sostienen que Jimena y sus hijes sufren violencia vicaria, la que ejercen los agresores sobre les hijes para castigar a las madres.

Justicia inversa

En un intercambio, Jimena le pidió que la dejara de joder, porque si no, iba a terminar todo mal. El abogado la denunció por amenazas. A ella imputaron enseguida.

Sin ninguna perspectiva de género ni análisis de la situación de poder y violencia que viene sufriendo la mujer, fue fácil que la imputaran y lo difícil fue lograr una medida cautelar que la proteja de las agresiones de su expareja.

En un mensaje, él le escribió: “Te voy a hacer un agujero, pedazo de inútil que no te importa ni la educación ni la de tus hijos”.

Hay otro tipo de violencia sufrida a lo largo de los años por Jimena y sus hijes: el agresor rompió muebles a los puñetazos, en ataques de ira que atribuía a “razones” como una derrota de Newell’s Old Boys.

Por eso, la defensora plantea que existió violencia ambiental, “golpeando objetos, paredes, muebles, amenazando y gritando en voz alta”. 

Jimena cuenta: “A la fecha están rotas las puertas de la casa que habito, los placares de la habitación, el baño y la puerta de entrada”.

No fue lo único: como el abogado penalista estuvo relacionado con sonados casos judiciales de violencia institucional de la ciudad, y también con líderes de bandas de narcocriminalidad, refiere a varias personas asesinadas para que su pareja "recuerde" cómo "terminaron". 

Jimena tiene miedo: sabe que él tiene relaciones que convierten esas "advertencias" en un peligro palpable.  

Ninguna de estas situaciones le pareció suficiente a Paschetto, pese a las recomendaciones del Teléfono Verde, del Centro de Asistencia Judicial y de la Fiscalía de Cámara para que se evalúe el riesgo que corre la víctima. En la última intervención de una defensora civil, sólo se dictó el cese de hostigamiento. Jimena agradece especialmente al periodista, escritor y diputado provincial Carlos del Frade, y al abogado Guillermo Campana, que la escucharon y apoyaron en la búsqueda de justicia. Y también al equipo del Centro de Asistencia Judicial, que la acompañó y patrocina. 

A pesar de todo, Jimena no se rinde: sigue insistiendo en ser oída, convencida de que contar su historia también es una forma de defenderse.