El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya recibió un pedido para atender apenas pasado el proceso electoral del domingo: la reapertura de paritarias. Así se lo hicieron saber los gremios que representan a trabajadores de las diversas ramas de la administración pública.

La última negociación dejó como saldo un incremento salarial del 5 por ciento en dos tramos de 2,5 puntos cada uno para agosto y octubre. De este modo, el incremento acumulado a octubre respecto de diciembre alcanza el 25,89 por ciento. Aquella propuesta incluyó, además, el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

Ahora, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), reclamaron formalmente a las carteras de Trabajo y de Economía por el llamado a una reunión para poner en discusión cómo va a cerrar el año.

Los judiciales, por su parte, subrayaron que el pedido llega “en un difícil y preocupante contexto económico en el cual la aceleración de la inflación sigue disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios”. “El pedido se funda en el compromiso asumido en la última negociación salarial de agosto en la cual se fijó la reapertura de la paritaria en octubre”, señalaron desde la entidad que conduce Hugo Russo.

ATE no solo pidió abrir la mesa para actualizar haberes, sino también para avanzar en otras demandas en relación con las condiciones de trabajo. Para el secretario General de la entidad, Claudio Arévalo, se requiere de “una urgente convocatoria” a mesa paritaria para recomponer el poder adquisitivo al considerar que “los estatales venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

“Mes a mes vemos cómo la inflación impacta sobre nuestros bolsillos, padecemos el aumento de los servicios, de los alimentos, de la movilidad, todo ello sumado a otras políticas de ajuste estructurales, donde el salario de la clase trabajadora también es variable de ese ajuste”, sumó el gremialista.

En ese orden, sostuvo que el gobierno de Javier Milei, a través de su Secretaría de Trabajo, “presiona sobre los acuerdos paritarios frente a la inflación, ajusta a los trabajadores y a todo el pueblo argentino”.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a cinco gremios docentes, habían señalado a este medio que confiaban que a fines de este mes debería desarrollarse la nueva mesa técnica en vistas a la próxima recomposición salarial.

“La última paritaria que se cerró fue después de un rechazo y con asambleas masivas en toda la provincia. Esta misma semana ya nos estamos juntando con el Gobierno de la Provincia para discutir parte del Presupuesto y cómo va avanzando la situación compleja que hay”, dijo la secretaria Adjunta del Suteba, María Laura Torre ante la consulta de Buenos Aires/12.

En esa línea, aseguró que desde el espacio “discutimos fuerte con el Gobierno de la Provincia, exigiendo que aumente el salario de nuestros compañeros, sabiendo también la situación que vive la provincia, de desfinanciamiento, porque están ahorcando a varias jurisdicciones, pero la nuestra parece ser la elegida. Son 12 billones de deuda y hay una parte que tiene que ver con nuestro salario”, sumó.

En otro plano, la dirigente gremial puso el foco en la situación del Instituto de Previsión Social, que depende en parte de los recursos que gire la Anses. “Los docentes aportamos más que otros trabajadores y tenemos un IPS que en este momento no recibe las partidas correspondientes”, alertó. “No queremos que nos modifiquen la ley, algo que ya intento hacer María Eugenia Vidal, cuando en diciembre de 2017 envió una ley de armonización y perdíamos nuestra ley jubilatoria, que no es de privilegio”, marcó.

Esta es una de las demandas que la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, presentó contra la administración nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Como dio cuenta este medio, a partir de esa presentación judicial, la Provincia exige a Nación reponer los pagos de las transferencias de la Anses al IPS.

La Fiscalía de Estado bonaerense pidió explícitamente a la Corte que le ordene a la Nación proceder “en forma urgente” a realizar las transferencias y calificó el incumplimiento de las normativas que avalan el reclamo como “ilegítimo, arbitrario, desproporcionado, irrazonable e intempestivo”.

En la presentación sostiene que “se debe ponderar especialmente la necesidad de evitar graves perjuicios económicos” a la Provincia de Buenos Aires por “la desactualización de las compensaciones recibidas y el desbalance del sistema previsional provincial absorbidos por esta jurisdicción, frente al incumplimiento formal y material de los compromisos y el desconocimiento de tales obligaciones convencionales y legales en cabeza del Estado nacional”.