Mariela Noguera era trabajadora del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, tenía 35 años, era afiliada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y participaba de las marchas Ni Una Menos. Mariela denunció a su ex pareja, Facundo Solís, el 3 de diciembre pasado, en la comisaría 2° de Santa Fe. El estaba armado: era agente del servicio penitenciario provincial. No hubo medidas de protección, ni botón de pánico. A Mariela y buena parte de su familia la mató Solís, el 29 de diciembre, en una cacería planificada. El femicida está imputado pero no habrá condena que devuelva las vidas de las víctimas. “Las historias no están condenadas a repetirse. No hay fatalidades sino incumplimiento de responsabilidades que hace que las historias se repitan. Romina Dusso había denunciado a Marco Feruglio y la Justicia la dejó librada a su propia suerte. La Mesa Ni Una Menos Santa Fe realizó en ese momento una presentación judicial para que el fiscal Andrés Marchi fuera investigado por no seguir el protocolo ante casos de violencia de género. La respuesta que obtuvimos por parte del Ministerio Público de la Acusación fue la desestimación de nuestra denuncia”, recuerda el colectivo santafesino que el 24 de diciembre de 2016, también en la ciudad de Santa Fe, fue testigo de un femicidio múltiple similar. 

El viernes 29 de diciembre, Facundo Solís cometió cinco femicidios, cuatro de ellos vinculados, y una tentativa en la ciudad de Santa Fe. Lo hizo con una planificación estricta: antes de matar a su ex pareja Mariela Noguera, de 35 años, y gran parte de la familia de ella, se llevó a los hijos en común. Y después de matar a Aylén Soto Yoel Airaldi, la hija adolescente y su novio, llamó a Mariela para advertirle que seguiría con “el resto de la familia”. Así, logró que la mujer volviera a su casa desesperada. Allí la asesinó a ella, a la hermana Sonia Noguera y a la mamá de ambas, Generosa del Carmen Loseco. También le pegó un tiro en la pierna al hijo de Sonia, aunque le dijo que no lo iba a matar. El fin de año repitió casi como un calco las noticias que el año pasado había generado Marco Feruglio, al matar el 24 de diciembre a buena parte de la familia de Romina Dusso, a quien no logró asesinar, aunque lo intentó. Las dos mujeres víctimas de violencia patriarcal habían hecho denuncias previas: Romina había ido el 23 de diciembre a advertir que su ex pareja la había amenazado, y en la comisaría no lo registraron. El fiscal en turno, Andrés Marchi, evaluó que como ella se iba a la casa del padre, no había peligro, y le dijo que volviera el lunes. Durante ese fin de semana, el cuádruple crimen de 2016 se consumó. 

En esta ocasión, según declaró esta semana la fiscal Cristina Ferraro, Mariela desistió de instar la acción penal y por eso no tuvo medidas de protección. “Uno de los problemas más graves que tenemos es que los operadores judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y de la policía, tienen desconocimiento absoluto no solo de la perspectiva de género sino de algo más básico, de las leyes que protegen a las mujeres. Estamos ante la presencia de un delito que no es de instancia privada. Si a una persona le roban y como al ladrón la amenaza, quiere levantar la denuncia, la fiscal seguirá investigando porque es un delito de acción pública. La fiscal Ferraro se equivocó”, expresó Lucila Puyol, abogada de Santa Fe, integrante de la Mesa Ni Una Menos de esa ciudad. Para ella, es esencial dilucidar qué se hizo en la comisaría 2° con la denuncia de Mariela, si dieron intervención a la fiscalía especializada y si hubo alguna comunicación al Servicio Penitenciario. 

“Exigimos mayores controles sobre los agentes de las fuerzas de seguridad denunciados por violencia de género, la separación de su cargo y el retiro del arma reglamentaria, entendiendo que representa un peligro para toda la sociedad”, dice la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, que recoge datos publicados por este diario: uno de cada cinco femicidios es perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad, según un estudio realizado en 2016 por la ONG La Casa del Encuentro. Además la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) asegura que más del 60 por ciento de los crímenes de mujeres en manos de las fuerzas de seguridad son femicidios. Y el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2016 muestra que “entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres civiles fueron asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires, y en un tercio de los casos el homicida fue un policía fuera de servicio”.

En la provincia de Santa Fe, según el relevamiento del equipo de género de la concejala rosarina Norma López (Frente para la Victoria) en 2017 hubo 38 femicidios, la cifra más alta en una década. La cantidad es discutida por la Secretaría de Políticas de Género de la provincia, que en base a las carátulas judiciales contabilizó 32 femicidios. El equipo de López lleva adelante una exhaustiva revisión de las noticias, volcadas en un mapa de femicidios único en el país que puede consultarse en normalopezsf.com.ar. Y lo hace con parámetros estrictos: por ahora, no incluye tres muertes que, si bien aparecen como casos de “inseguridad”, son dudosas en cuanto a su sesgo de género. 

Porque las palabras crean realidades, y el avance del movimiento de mujeres tiene su feroz respuesta machista, en el diario más importante de la ciudad de Santa Fe, El Litoral, bajó la orden de no usar la palabra femicidio. En ese vespertino, la línea editorial marcada por la familia Caputo busca diluir que se trata de violencia de género. “Nos une la angustia y la bronca por leer y por escuchar lo que el periodismo está haciendo en Santa Fe. Si somos tantas, cómo puede ser que no podamos incidir. Eso es porque faltan mujeres en las tomas de decisiones de contenido y de programación”, expresó Mariana Steckler, integrante del colectivo Periodismo Feminista, que integran más de 40 periodistas de la ciudad de Santa Fe. Al día siguiente de lo ocurrido, salieron a dejar en claro que “son femicidios”. “No son homicidios. Son femicidios. Es el patriarcado”, dicen las trabajadoras de prensa en un comunicado en el que también rechazan un recurso fácil del periodismo para abordar estos temas. 

Cansadas de ser ninguneadas en sus lugares de trabajo, las periodistas santafesinas también aclaran -por si hiciera falta- que “las trabajadoras de prensa y de la comunicación no somos quienes tomamos las decisiones finales de lo que se publica, por eso queremos dejar en claro que no siempre acordamos con el producto final que llega a lxs ciudadanxs en forma de noticia. Son femicidios. Es el patriarcado”.