El tratamiento en el Congreso de una ley para permitir las sociedades anónimas en el fútbol es casi una certeza a la que sólo resta ponerle una fecha. Podría ser en febrero si el presidente Mauricio Macri mandara un proyecto para las sesiones extraordinarias que todavía no están convocadas. O más probable a partir de marzo, cuando se abra el período de ordinarias. Hay datos que confirman el avance del Poder Ejecutivo en la búsqueda de un marco legal. Sería para que capitales privados compren clubes bajo determinadas condiciones. Una senadora del bloque Cambiemos está citando a especialistas en derecho que conocen el tema. Al diputado oficialista Nicolás Massot se le atribuye una iniciativa sobre las SA que en su entorno niegan. En el corazón de la Superliga la idea ha sido ratificada más de una vez por su tesorero, el dirigente chileno de Boca, Matías Ahumada. “Viene de la presidencia”, suele decir. Pero fue en la Cámara alta donde se presentó la última propuesta legislativa de este tipo, en el año 2000. Corrió por cuenta del ex senador tucumano José Yayo Carbonell, aunque perdió estado parlamentario en 2002.
La idea que parte de la obstinada voluntad de Macri sería tratada en el Congreso antes del Mundial de Rusia. El camino legislativo es el único que le ofrece cierta previsibilidad al Gobierno. Los dirigentes del fútbol en general se oponen a las sociedades anónimas deportivas o SAD, como se las conoce en España. Algunos con más énfasis (ver aparte) y otros sin exponerse demasiado. Entre los últimos están quienes conducen clubes en una extrema situación de vulnerabilidad. Por las deudas que no pueden pagar, los cambios que estudian el Ministerio de Trabajo y la AFIP al régimen especial de Seguridad Social que mantiene el fútbol y las pautas a respetar que les fijaron la AFA y sobre todo la Superliga, con sanciones en marcha para los incumplidores.
Claudio Chiqui Tapia dio por sentado que, de facto, ya existen algunas SA en el fútbol argentino. “Hoy tenés equipos de Primera que son sociedades anónimas encubiertas”, declaró el jueves pasado en el canal TyC Sports. Su comentario propone una suerte de adivinanza.
Hay clubes que son manejados con criterio empresario, como Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia. El presidente del primero, Andrés Fassi, alienta la constitución de las SA en el fútbol argentino. Lo dice sin esconderse. Su modelo de gestión es el mexicano, donde le fue bien con el Pachuca, pero en un contexto muy distinto. Se permite que una sociedad controle a más de un club; Televisa, el principal conglomerado de medios, es propietario del América y opera a su antojo la federación nacional; se sospecha siempre que los narcos manejan equipos en todas las categorías y la transparencia es un bien muy escaso.
Talleres reformó su estatuto el 11 de junio pasado en una asamblea extraordinaria. Fassi alentó cambios como el de “tener capacidad económica” para ser presidente o la posibilidad de que la comisión directiva suscriba contratos con inversores no identificados que recuperen su dinero después de seis años. Ambos fueron aprobados. Pero no pudo imponer la figura jurídica de la sociedad anónima y el club continuará como asociación civil.
El caso de Defensa y Justicia remite a un agente de jugadores omnipresente en el fútbol actual y en el club de Florencio Varela en particular. Se trata del abogado Cristian Bragarnik. Maneja a jugadores y técnicos por igual e influye de manera notable sobre los dirigentes desde sus oficinas en Puerto Madero. Sus conexiones se extienden a varios países. A México lleva y trae representados. En Chile, donde se permiten las SA, invierte en Unión La Calera, que en 2018 jugará en Primera después de ascender en una definición por penales. Ahí está asociado con otros dos abogados argentinos: Ricardo y Sebastián Pini. Es el club de la familia Jadue, cuyo integrante más conocido es Sergio, el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Uno de los dirigentes que espera en Estados Unidos su sentencia por el escándalo de los sobornos en la FIFA.
Fassi y Bragarnik ya tienen su propia plataforma de negocios en el fútbol. El presidente Macri espera darles oportunidades a otros empresarios como ellos. Para eso debe conseguir aprobar en el Congreso su plan de puertas abiertas para recibir inversiones que en otras actividades no llegan. “Hay mucha gente esperando para invertir en el fútbol argentino” comentó. En una entrevista por Cadena 3, el 5 de julio pasado, también señaló: “Se debería permitir que si los socios creen que es mejor convertirse en sociedad anónima lo puedan decidir”.
Uno de los empresarios millonarios que estarían en condiciones de manejar su propia SA es Gustavo Arribas, el secretario de Inteligencia. Figura hasta hoy como agente de jugadores en la AFA junto a su hijo Ezequiel y conoce el mercado del fútbol como pocos. Resulta difícil determinar si sigue operativo en un ambiente donde nunca faltarán oportunidades de hacer pingues negocios.
El jefe de la AFI fue el gestor clave en la compra de Martín Palermo a Estudiantes de La Plata cuando respondía a las órdenes del ex presidente de Boca que en 2016 lo nombró en el Estado. El máximo goleador de la historia boquense integró la cartera del Fondo Común de Inversiones del club hasta enero de 2001, cuando lo vendieron al modesto Villarreal de España. Arribas siguió su carrera empresarial en Brasil. Intervino en la transferencia de Carlos Tevez al Corinthians. Además trianguló varias operaciones desde un club pantalla del Uruguay, el Deportivo Maldonado. Son ese tipo de instituciones las que necesitan los amigos del poder para aumentar sus ganancias. Una ley de sociedades anónimas en el fútbol les permitiría comprarlas y transferir recursos millonarios desde sus verdaderos dueños, los socios, a sus cuentas bancarias.
