“Vamos camino a una amnistía”, asegura E. Raúl Zaffaroni sobre la causa por el Memorándum
“A un sector de la Justicia el derecho no le interesa”
A tres años de la denuncia de Nisman contra la presidenta y su canciller, el ex ministro de la Corte hace un análisis devastador de la causa por el Memorándum con Irán, y la compara con la de traición contra Perón de 1956.
Imagen: Pablo Piovano

“Vamos camino a una amnistía, tarde o temprano. Aquí no hay nada jurídico. No es una cuestión de derecho ni de justicia. Es una cuestión de poder. A este sector de la justicia no le interesa el derecho como no le interesaba al juez Botet. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas.” El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema, realizó este durísimo diagnóstico sobre el proceso judicial de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Hoy se cumplen tres años de aquel 14 de enero de 2015 cuando Alberto Nisman presentó la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes. La referencia es al juez Luis Botet, que en 1956 armó el proceso contra Juan Domingo Perón por traición a la patria y asociación ilícita. Este es el diálogo de PáginaI12 con Zaffaroni.  

–La realidad es que hoy hay personas presas por el Memorándum: Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y también Cristina Kirchner, si no tuviera fueros y Héctor Timerman, si no estuviera enfermo. ¿Es razonable que estén personas privadas de su libertad por el delito de encubrimiento agravado, una vez que descartaron la traición a la patria?

–Antes de cualquier valoración jurídica, debo advertir que no tiene ninguna importancia práctica inmediata. Todo lo que digamos desde el derecho, para un sector de la justicia carece de sentido, porque lo que se juega es simplemente poder. Para ese sector ya no interesa el derecho, como no le interesaba al juez Botet en los años cincuenta. Esto es un simple problema de poder, que trasciende a la Argentina. 

Nos metimos en problemas en los noventa, problemas que eran totalmente ajenos a nosotros y que nos costaron dos crímenes terroristas y muchos muertos. Luego, la administración demócrata de los Estados Unidos comenzó a negociar con Irán para resolver un riesgo nuclear. Benjamin Netanyahu pasó por encima de Barak Obama y habló en el Congreso norteamericano contra esa negociación y mencionó el caso del atentado en la Argentina. No he hablado con Timerman de esto, pero seguramente la sugerencia de que se hiciera algo para mover la causa paralizada vino de la gente de Obama, y ahora los republicanos y otros intereses, todos ajenos a nosotros, están moviendo estos procesos contra los funcionarios nuestros que promovieron el memorándum para destrabar la causa. Aquí no hay nada jurídico, el derecho no tiene nada que ver, es poder puro, lucha de poder e intereses, demasiado poderosos y extraños a nosotros.

En eso, como en otros procesos por supuestas corrupciones a lo Botet, hay un sector de la justicia que se presta a la revancha política pura y simple. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas. A la larga terminan así, nos cuesta a los contribuyentes pagar reparaciones por los daños causados y, además, si algún corrupto en serio hay entre los perseguidos, lamentablemente se beneficia también con la amnistía que, por mandato constitucional, siempre debe ser “general”. 

En esto no valen razones jurídicas, si las mencionamos será por su importancia futura, cuando este momento pase, los que hoy callan se rasguen las vestiduras jurando que no se daban cuenta de lo que sucedía, que no sabían nada, y haya que ajustar cuentas con los responsables de las aberraciones y reparar los daños personales y sociales que hayan cometido. Pero ahora, cualquier razón jurídica es inútil, no habrá instancia judicial nacional que la escuche y a las internacionales les niegan valor. Estamos viviendo la crisis más grande del Estado de derecho de los últimos treinta y cuatro años.   

En cuanto a la “razonabilidad” de su pregunta, no, jurídicamente no es razonable, porque al descartar la traición a la Nación se está inventando un supuesto de hecho diferente, ya no son los mismos hechos, porque la traición era “prestar ayuda y socorro al enemigo” y ahora se imputa tratar de beneficiar a prófugos. Son dos hechos diferentes pero, como le decía, esto es jurídico y carece de importancia para el poder arbitrario, nadie lo va a recoger ahora, es sólo para tenerlo en cuenta en el futuro, cuando termine y se revierta este cuadro de franca persecución política. 

–Se ha instalado últimamente el criterio de que todo ex funcionario tiene capacidad para obstaculizar las investigaciones ya que, supuestamente, cuenta con “relaciones residuales”.

–Primero, las investigaciones se refieren a hechos pasados hace años y cuya prueba hoy es casi exclusivamente documental, escrita, bastando con secuestrar la documentación. En segundo lugar esas relaciones residuales son presumidas, pero no están probadas. En tercer lugar, esto sería muy peligroso para los funcionarios en actividad, que se supone que tienen relaciones plenas y activas. En cuarto lugar, la prisión preventiva debería ser excepcional y nunca la regla basada en presunciones que no admiten prueba en contrario. En quinto lugar, si ese es el pretexto, no veo la razón, fuera de revanchismo y venganza, para detenciones escandalosas que restablecen la picota, ni para tenerlos en cárceles de máxima seguridad, con visitas y comunicación restringidas al máximo, y menos aún, para intentar mantener a un enfermo con prisión domiciliaria e impidiéndole o dificultando su tratamiento. Esto no es otra cosa que el juez Botet redivivo. 

–La Cámara Federal ha dicho que el Memorándum es perfectamente judiciable porque el tratado no versaba sobre materias propias del Poder Ejecutivo, sino sobre una cuestión judicial como era las indagatorias de los sospechosos iraníes. Por lo tanto, sostienen que no sólo es judiciable sino que constituye el delito de encubrimiento porque, según los camaristas, favoreció a los imputados. 

–No me cabe duda acerca de que las relaciones internacionales pueden abarcar cuestiones de judicialidad, sin duda, salvo que los jueces se declaren independientes del Estado, lo que no me extrañaría después de “Fontevecchia”, claro.  

Imaginemos que hubiese una guerra y para terminar el conflicto y evitar más muertes inútiles se acuerde un armisticio, en el que se establezca la entrega de todos los prisioneros enemigos sin juzgar a los que cometieron delitos en el curso del conflicto armado. La ratificación de esa decisión sería perfectamente conforme a derecho, y creo que si un juez se atreviese a declararlo inconstitucional y decidir que la guerra debía continuar a costa de más muertos, argumentando que el acuerdo abarca cuestiones “judiciables”, no sería sancionado, sino que se pondría en duda su salud mental. 

Además, no sé en qué se beneficiaban los imputados al otorgarles el simple derecho de declarar ante nuestros jueces, cuando con eso se hacía únicamente un acto que impulsaba, destrababa, aunque sea un poco, el avance de un proceso que en el país está interrumpido por completo. 

No veo en qué se afectaba la judicialidad nacional del caso con que jueces nacionales fuesen a tomar las indagatorias a otro país, conforme a nuestro código procesal, para seguir después el proceso aquí. Más aún: como nada de esto sucedió, los procesos siguen paralizados. Pero insisto, todas estas razones no tienen importancia en este momento de puro poder y revanchismo. Son meras razones jurídicas y lógicas carentes de significación actual.

–Uno de los argumentos que permanentemente se esgrimen en el caso del Memorándum es que no se siguieron los pasos “normales” de un tratado, como las consultas a la línea de la Cancillería, a la asesoría legal interna e incluso se cuestiona quién redactó el texto. La idea es que se trabajó en forma casi clandestina y por ejemplo se considera como una prueba de cargo una supuesta reunión secreta entre Timerman y el canciller iraní en Aleppo, Siria. Digamos que, además, es una reunión que Timerman niega en forma categórica ¿cómo evalúa esa imputación?

–El trámite administrativo de un tratado es una cuestión interna de la cancillería, pero creo que una cosa es el trámite de un tratado en que acordamos vender o comprar zapatos a Brasil  y otra, mucho más delicada, cuando el tratado se refiere a una situación internacional tan complicada como la que describí al principio. 

No me parece sensato que estas negociaciones, que se inician sutilmente, explorando las intenciones del otro, como “cabezazos en baile”, en las que nunca se sabe si tendrán un final feliz y mucho menos cuando disputan los poderosos del mundo, pasen por las manos de innumerables burócratas y posibles infidentes. Deben tomar estado público cuando corresponde, o sea, cuando deben discutirse en el Congreso, pero toda la negociación previa requiere reserva. Esto es de lógica pura, pero tampoco interesa la lógica ahora.  

–Para los camaristas, el Memorándum fue un documento favorable a los prófugos iraníes… Y sostienen que el hecho de informar a Interpol planteaba un mensaje tácito de levantamiento de las alertas rojas… Sin embargo, el juez cerró la instrucción sin convocar al secretario general de Interpol, Ronald Noble, ¿cómo lo evalúa?, ¿qué se debió hacer?

–Si cuando se investiga un homicidio aparece una persona que dice que vio cuando mataban al muerto, se supone que el juez instructor lo debe convocar como testigo para decidir si hay o no mérito para elevar la causa a juicio, porque bien puede arrojar luz acerca de que el homicidio lo cometió otra persona diferente al imputado. Si no lo hace y eleva la causa a juicio, es obvio que comete un error o un ilícito muy grave, por lo menos un defecto elemental en la instrucción. Eleva a juicio una causa para que se haga un plenario que puede ser perfectamente inútil, y con eso prolonga un proceso que bien puede terminar mucho antes y con mucho menor desgaste jurisdiccional. El caso es el mismo, porque el principal testigo de este supuesto favorecimiento que no se sabe en qué consiste es Ronald Noble, salvo que el juez piense que Noble es también un encubridor. Por supuesto que esto tampoco tiene importancia en el actual momento, porque lo que interesa es que los presos preventivos sigan presos y el show mediático continúe, como lo quiere el poder y el objetivo revanchista.  

–En la acusación y el procesamiento hay dirigentes que no pertenecían al gobierno de Cristina Kirchner pero que están procesados por el Memorándum: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil… todos presos en este momento. Se les imputa ser inspiradores, influyentes, articuladores del Memorándum, ¿cómo interpreta ese encuadre?

–Varias veces en el escrito disparatado que firmó Nisman se reiteran las conversaciones telefónicas, pero esto es algo que resulta ridículo, sinceramente mueve a risa. D’Elía es buena persona, un tipo simpático, al igual que otros, con sus ideas, buenas o malas, pero, pregunto si alguien puede pensar que estas personas tienen alguna capacidad diplomática y, por ende, si los iraníes o la administración demócrata podían entenderse con ellos o si podían ejercer alguna influencia en sus decisiones. Por favor, este problema tiene una dimensión internacional de máximo volumen, se movían detrás de esto los intereses de las potencias más poderosas del planeta, acordaron al final una solución garantizada por todas las grandes potencias. ¿Alguien puede creer que estas personas estuviesen involucradas en esas negociaciones? Creo que sólo algunos de nuestros jueces pueden creer esto, si es que verdaderamente lo creen y, en tal caso, la verdad es que me producen sincera tristeza por su desinformación.  

–Cuando los camaristas fundamentan por qué los imputados deben ir a prisión, enumeran circunstancias puntuales y objetivas producidas durante las investigaciones judiciales. Y en ese listado incluyen la muerte de Alberto Nisman como dando a entender que el deceso del fiscal está vinculado con el Memorándum o incluso, peor, que los imputados o sus allegados tuvieron algo que ver con la muerte de Nisman para obstruir la investigación. ¿Cómo ve semejante afirmación, también de cara al futuro?

–Todo terminará en nada, como siempre en los procesos que no son jurídicos, sino políticos en el mal sentido de la palabra. ¿Te acordás del “Capitán Gandhi” dando vueltas con la cabeza de Juan Duarte en un paquete por los pasillos de tribunales? No, vos no te acordás, sos muy joven*. 

* La reflexión de Zaffaroni obliga a buscar en los libros. Después de la muerte de Evita, el general Perón hizo una fuerte advertencia sobre la corrupción, a raíz de las denuncias contra Juan Duarte, el hermano de Evita: “irá preso el que el robe, aunque sea mi padre, porque robar al pueblo es traición a la patria”. Días más tarde, Duarte apareció muerto en su departamento, con una flor en la sien derecha y una carta de despedida explicando los motivos de su decisión. Fue un texto lleno de errores de ortografía y de devoción por Perón. Entonces, como ahora, se planteó ¿homicidio o suicidio? Los antiperonistas señalaban que Duarte fue asesinado por Perón. El adalid de esta última teoría fue un feroz antiperonista Próspero Fernández Alvariño, al que llamaban el Capitán Ghandi, integrante de grupos parapoliciales. Para probar lo que decía, el Capitán Ghandi habría exhumado sin orden judicial el cuerpo, con una sierra cortó la cabeza de “Juancito” y según dicen la tenía en un paquete para mostrársela a quien quisiera verla. Con el paquete se paseaba por Tribunales y por el departamento central de policía, donde tenía una oficina. La mayoría de los historiadores creen que eso nunca ocurrió, que fue un mito, pero en aquellos tiempos se dio por cierto. Quedó la feroz imagen de un antiperonista con la cabeza de Juan Duarte para probar que fue un homicidio.

  

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