Más que un Decreto de Necesidad y Urgencia estamos frente a un golpe institucional. Lo que hace el gobierno de Macri es un atentado a la República, se lleva puesto al Congreso violando la Constitución Nacional. Mientras integrantes del Gobierno Nacional hablan de diálogo, consensos, transparencia, y afianzamiento de los principios institucionales, en los hechos deja claro que considera al Parlamento Argentino como un escollo, y como tal lo que hace es saltarlo y atribuírse sus funciones.
No hay ni Necesidad ni Urgencia que justifiquen este atropello que deroga 19 leyes y modifica otras 140, consta de 22 capítulos con 192 artículos de indiscutible naturaleza legislativa, algo expresamente prohibido al Poder Ejecutivo por la Constitución.
Mediante este DNU se crea un orden jurídico totalmente nuevo, que altera el sentido de muchas leyes y afecta directamente a los argentinos y al patrimonio de todos: vale como ejemplo que facilita el embargo de las cuentas sueldos, permite arriesgar la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES en la especulación financiera, libera la importación de centenares de productos dejando indefensa a la industria nacional, pone en remate empresas y bienes del Estado, o sea de todos nosotros; reduce multas a empresas que no cumplan con leyes laborales, por decir algunos puntos de la reforma.
El decreto afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos, pero además impide el debate y pretende esconder los oscuros conflictos de intereses que muchos de sus artículos contienen.
