La Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicitó ayer que las demandas iniciadas contra las empresas aseguradoras cayeron 28,3 por ciento en octubre contra marzo de 2017. El recorte temporal elegido por las autoridades del organismo regulador pretende dar cuenta de los resultados de la ley de la reforma impulsada por la Casa Rosada, mostrando una disminución de la litigiosidad del sistema. Pero ese saldo fue obtenido imponiendo una instancia médico–administrativa obligatoria previa al inicio de un juicio por accidente o enfermedad laboral.

Esa reducción entonces es consistente con la nueva normativa que bloquea la capacidad de los trabajadores para demandar a las ART. Pero los datos son imprecisos ya que utilizan como punto comparación a marzo cuando, para anticiparse a la entrada en vigencia de la legislación, se registró un aumento en las demandas. Las cifras de octubre pasado marcan una retracción en los juicios de 6,5 por ciento frente al mismo mes de 2016. Y, cuando se contrasta el promedio de las demandas iniciadas durante los primeros diez meses de 2017 contra idéntico período un año antes, se observa un incremento del 2,2 por ciento en los juicios durante el primer año de vigencia de la ley. Si, como eligió la SRT se recurre al lapso marzo–octubre, los registros muestran una suba interanual de 0,5 por ciento en 2017.

Frente a la creatividad estadística del superintendente Gustavo Morón, las asociaciones de abogados laboralistas y estudios especializados advierten que la reducción en la cantidad de juicios desconoce la persistencia inalterada de las causas que llevan a litigar. La mezquindad de las reparaciones, las altas médicas apresuradas y el reducido listado de enfermedades contempladas son las principales razones que llevan a los trabajadores a demandar a las ART.

“Más allá de que disminuya la cantidad de juicios con una ley que obtura el inicio de las demandas, el dato relevante es cómo evoluciona la siniestralidad. Si hubiera algo para festejar sería que baje la cantidad de accidentes y enfermedades vinculadas con el trabajo. Si no bajan y se reducen los juicios entonces lo que tenemos son víctimas que no pueden acceder a la justicia. Hay un sistema trampa que impide un derecho humano fundamental como es el acceso a la justicia”, indicó a PáginaI12 Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogado Laboralistas 7 de julio.

El comunicado emitido ayer por la SRT ofrece una interpretación monocausal para la evolución de sus estadísticas. “A partir de la sanción de la ley Nº 27.348 complementaria de la ley sobre riesgos del trabajo la litigiosidad disminuyó de manera sostenida en todas las provincias que adhirieron a la normativa. Los casos más emblemáticos son Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza”, indicó la superintendencia, para agregar que “la contracara es la provincia de Buenos Aires” donde la cantidad de litigios aumentó hasta octubre del año pasado (recién se adhirió a fin de año).

El laboralista Gastón Valente señaló que “si bien es cierto que hubo una reducción en distritos que se aplica la ley nueva, ella es mínima y sólo hay un reacomodamiento de litigios a nivel país”. Una investigación a partir de los datos oficiales realizada por Valente en el marco del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores revela que “Buenos Aires sólo tenía el 16 por ciento de litigios total país, eso era muy bajo cuando allí suceden el 40 por ciento de los accidentes laborales”. Hasta la implementación de la ley los trabajadores elegían ir al fuero porteño por que ofrecía una mayor tasa de interés pero los cambios introducidos por la ley llevan a que los tribunales bonaerenses recuperen sus niveles de litigiosidad histórica. “Sancionaron una ley cepo a los juicios de los trabajadores accidentados pero eso no generó mayor empleo, sino que cayeron los afiliados al sistema y el costo de los seguros para los empresarios tampoco se redujo de manera significativa. Apenas pasó de 3,34 en marzo a 3,19 octubre del año pasado según las ART. Pero además, aumentaron las muertes en el agro y mineras”, explica Valente.